Por: Cristian Rodríguez S. Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. Ex Intendente de la Región de Antofagasta (2007-2010)
Chile está a poco tiempo de experimentar una de las grandes transformaciones en su gobernabilidad territorial, como será el traspaso de una cuota de poder político a través de la elección democrática de gobernadores regionales a fines del 2021. Un proceso, que debiera estar acompañado de la transferencia de un importante conjunto de competencias y recursos, actualmente concentrados en el centro.
No obstante, que aquella trayectoria descrita vaya de acuerdo a las expectativas de los actores regionales, en el mediano plazo el éxito del proceso está lejos de estar asegurado.
A partir del momento en que el calendario político de la descentralización inicie su trayectoria el 2022, los ciudadanos de las regiones demandarán rápidamente con toda razón, que la transferencia de poder, recursos y competencias hacia los gobiernos regionales se traduzcan en los hechos en mayores beneficios y en mejor calidad de vida.
No obstante el reto, el proceso descentralizador chileno es presentado como una carrera en cuya pista existirá un solo velocista compitiendo, se minimiza que en la pista de al lado corre el modelo centralista – desconcentrado. Un legado, que a través de su extensa historia no solo se ha expresado en la realización de grandes obras concentradas en la capital, sino que su omnipresencia alcanzo cada lugar del territorio; como por ejemplo, en el agua potable, la electricidad, la pavimentación, la escuela, la seguridad etc., ósea en un conjunto de bienes públicos, tributarios de aquel modelo que se desea superar.
Un tercer elemento de discusión, es que cuando se debate sobre descentralización, rápidamente se presentan los ejemplos de los procesos de países unitarios vecinos como son los casos peruano o colombiano. Sin embargo, poco se considera que en ambas experiencias el proceso descentralizador obedeció a causas diametralmente opuestas de las que impulsan el caso chileno.
En aquellos países la demanda regionalista, fue el resultado de la ausencia casi absoluta del Estado central en grandes proporciones del territorio peruano o colombiano, lo qué detona aquel proceso fue la demanda por presencia estatal por parte de millones de habitantes que estuvieron al margen de todo tipo de preocupación. A diferencia del caso chileno, donde la demanda ha sintetizado históricamente la reacción contra la presencia dominante, apabullante y demoledora de las capacidades regionales por parte del centralismo en cada decisión ya sea pequeña o importante.
El 2022 empieza una carrera, en la cual no solo estará el ensayo descentralizador a la vista de la evaluación de los ciudadanos, sino también la larga historia del modelo centralista- desconcentrado no solo con su currículum de dominante presencia, sino también con cientos de realizaciones que mostrar en su haber en cada rincón del país. Al respecto, la sola posibilidad de que el proceso descentralizador no alcance los resultados, ya sea porque las transferencias no fueron las esperadas o porque la construcción de una nueva gobernabilidad regional resultó ser más compleja, sin dudas que se traducirá en una demanda ciudadana de regresión al modelo conocido, con toda su omnipresencia, fallos pero también eficacia.
¿Cuán preparados o conscientes están los actores en cada región del país de los retos que implica ganar esta carrera?. Una competencia, que parte siendo asimétrica y que sin dudas superara largamente el hito político-administrativo como hasta aquí se ha discutido.
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