La propuesta apunta a generar control de los fondos públicos destinados a asegurar la seguridad pública. Esto tras conocerse diversos casos de corrupción que están siendo investigados por los tribunales de justicia
Con 37 votos a favor, el Senado aprobó el articulado del proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en la Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). Tras debatir acerca de los últimos casos de corrupción en Carabineros, los índices de delincuencia y la necesidad de subordinar estas instituciones al poder civil, los legisladores respaldaron las indicaciones aprobadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Hacienda.
El debate comenzó con el informe que entregó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Harboe. “Revisando las indicaciones, nos pareció imperioso introducir protocolos ágiles y que se le entregue a la ciudadanía información veraz del quehacer de las policías”, manifestó recordando la crisis de estas instituciones en la sociedad civil.
El mismo congresista hizo un resumen de las materias que fueron analizadas en las indicaciones, tales como:
- Carabineros deberá circunscribir su actuar a sus facultades legales velando por los derechos humanos y el buen trato sin caer en discriminaciones arbitrarias.
- La institución deberá informar al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, semestralmente, la cantidad de personal con que cuenta. El ministerio tendrá 10 días hábiles para remitir ese informe a ambas cámaras del Congreso Nacional.
- El alto mando policial deberá supervisar el plan estratégico y el de gestión operativa.
- Se exige contar con un sistema de reclamos, de manera que la ciudadanía haga sus descargos a la institución. Habrá una repartición específica que se hará cargo de esta tarea.
- Se crea un control interno en relación a la falta de probidad funcionaria y el código de conducta.
- Se establece la obligación de rendir cuenta de la contabilidad y presupuesto al Ministerio del Interior a lo menos cada semestre.
Luego, el senador Bianchi recordó el trámite legislativo destacando la obligación de Carabineros de observar el principio de probidad administrativa considerando el interés público sobre el privado. “Estas no son solo declaraciones meramente, sino que se da lugar a responsabilidades administrativas y penales. Se ha reforzado la subordinación del poder militar al civil, lo que es vital para el ejercicio de la democracia”, resumió.
El senador Moreira mencionó que “la seguridad pública es un tema de alta relevancia. El Estado de Chile está en deuda más allá de los gobiernos que han hecho sus esfuerzos. Usar caricaturas recordando diversos eslogan de campaña no es lo más indicado. Con mayúscula, la seguridad pública nos corresponde a todos. Los políticos hablamos de las encuestas pero para enfrentar la delincuencia se necesita un frente unido que aglutine a diversos actores. Lo importante son las lecciones aprendidas frente a los casos de corrupción”.
A su turno, el senador Insulza valoró que se discuta este proyecto, indicando que “conocimos un estudio reciente donde se dice que los delitos han aumentado poco más de 4 puntos en relación al año anterior, lo que es grave. Mientras estamos preocupados de los portonazos del sector oriente, en las regiones aumenta el temor de la ciudadanía. La policía es insuficiente porque cuenta con poca dotación y a eso le sumamos un incremento de la violencia armada”.
El senador Montes reconoció que aprobará este proyecto considerando que “la norma considera muchos puntos. Se apela el respeto de los derechos humanos y formar al personal en ese valor. Suponía que gran parte de las cosas existían antes de esta ley. La realidad mostró que los sistemas eran precarios. Este marco permite ordenar las cosas pero el problema de fondo es estructural. Se requiere una discusión más de fondo. ¿Qué policía queremos? es una pregunta que hay que hacerse”.
Por su parte, el senador Chahuán recordó que “el Presidente logró levantar un acuerdo nacional con medidas concretas. Después que se ha puesto en duda la fe pública de estas instituciones, era importante abocarse a un proyecto que se haga cargo de las cifras de victimización entregada por Paz Ciudadana. Vamos a apoyar este proyecto y estamos confiados en el trabajo abnegado”.
La iniciativa:
- Dispone la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, para un período de ejecución de ocho años, actualizable cada cuatro años, que será aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y puesto a disposición del Congreso Nacional. Dicho plan tendrá por finalidad definir los objetivos institucionales durante su vigencia, determinar la distribución de los recursos humanos y material de la institución para su consecución; los mecanismos necesarios para su actualización; y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.
- Mandata al Director General o General Director de la institución policial, según sea el caso, para elaborar un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa a fin de ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial, el cual igualmente deberá ser aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública; facultándolo para la ejecución de dichos planes.
- Se crea un sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial.
- Se le impone al Director General o General Director de la institución policial respectiva, la obligación de rendir cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes mencionados y en la Política Nacional de Seguridad Pública. Dicha rendición de cuenta se efectuará anualmente a nivel nacional, a nivel regional y local, según corresponda a la institución policial; y sus antecedentes deberán ser puestos a disposición de la comunidad civil.
- Se instituye la creación de mecanismos y sistemas de control externo e interno, con el objetivo de supervigilar y controlar a las instituciones ante excesos o abusos en el ejercicio de sus funciones; o prevenir y controlar las faltas a la probidad funcionaria y las infracciones e incumplimientos a los reglamentos de conducta o disciplinarios.
- Se le entrega a la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública el control del presupuesto de las instituciones policiales, quienes le deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto, con una periodicidad al menos semestral.
- Se ordena la creación de un Comité de Auditoría Policial en cada una de las instituciones policiales, que será integrado por miembros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y de la institución policial respectiva.
- El Comité contratará anualmente a un auditor externo con la finalidad de evaluar, tanto el cumplimiento de la normativa legal vigente en las operaciones financieras, como la eficiente asignación de recursos destinados al ejercicio de las funciones policiales. Para estos efectos, las instituciones policiales elaborarán una Ficha Estadística Codificada Uniforme que contenga la información financiera que será entregada al auditor, y cuya forma y contenido será dispuesta por la Subsecretaría del Interior.
