El abogado asistente de la Fiscalía Local de Curicó y presidente de AFFREMSUR, destaca que las nuevas propuestas del senador Araya podrían erosionar la meritocracia dentro del Ministerio Público
Preocupación por la inestabilidad laboral que provocaría, manifestaron los funcionarios del Ministerio Público ante una de las indicaciones al proyecto del Plan de Fortalecimiento de la institución que promueve el senador por la región de Antofagasta, Pedro Araya. Esta, según los funcionarios, atenta contra la estabilidad laboral de los trabajadores.
Por lo mismo, los funcionarios han iniciado una serie de manifestaciones y acciones para frenar la implementación de estas indicaciones, buscando garantizar la estabilidad laboral y proteger la carrera funcional de los empleados de la institución.
“Tememos que los puestos vacantes puedan ser ocupados por personas de confianza de los fiscales regionales, sin respetar la carrera funcional”, explicó Enrique Fernández Segura, abogado asistente de la Fiscalía Local de Curicó y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, AFFREMSUR. Fernández profundiza en las manifestaciones y acciones que han realizado en los últimos días para impedir que esta indicación siga adelante.
Fernández profundiza en las manifestaciones y acciones que han realizado en los últimos días para impedir que esta indicación siga adelante.
¿Cuál es el rol del Ministerio Público y sus funcionarios?
Nosotros, como Ministerio Público, somos el órgano que persigue los delitos, la persecución penal. Para ello, el Ministerio Público cuenta con fiscales que representan aproximadamente el 18% de la planta y una planta del 82% que somos los funcionarios, incluidos profesionales. Nosotros somos las personas que llevamos a cabo el trabajo diario. Para ilustrarlo, cuando llegas a una fiscalía, ingresas a un mesón donde te recibirá un auxiliar administrativo, quien acogerá tu denuncia y registrará tu ingreso.
Posteriormente, pasarás a un área de segundo orden, donde te atenderá un abogado asistente que te brindará las medidas de protección necesarias, tomará tu denuncia por escrito y realizará las diligencias pertinentes en la investigación. También te podrán atender profesionales de la unidad de víctima y testigos, como asistentes sociales, psicólogos y técnicos, quienes recibirán la evidencia. Por lo tanto, antes de ser atendido por un fiscal, serás atendido y acogido por los funcionarios de la institución, que somos nosotros.
Nosotros ejercemos la acción penal pública contra los sujetos que han cometido delitos, representando a la sociedad y, por tanto, a las víctimas, que son parte de la sociedad. Debemos asegurar que el sujeto que cometió el delito sea castigado y que las víctimas reciban la atención y protección adecuadas garantizadas por la ley y la Constitución. No solo perseguimos al delincuente, sino que también brindamos una atención de calidad a la víctima, lo cual es parte de nuestra función.
Existen muchas personas que trabajamos en torno a una causa. Por ejemplo, cuando ingresa una causa, un recepcionista la digitaliza y sube la correspondencia. Luego, se entrega a un abogado, quien realizará el análisis jurídico correspondiente, decretará las diligencias, citará a las víctimas y solicitará las audiencias. En algunas oportunidades, el abogado también asistirá a la audiencia, ya que nosotros subrogamos a los fiscales, quienes también tienen causas propias que tramitan. Tanto los abogados asistentes como los fiscales pueden tramitar, investigar y llevar causas a los tribunales para obtener sentencias condenatorias contra las personas que cometen delitos.
¿Cuál es la diferencia que existe entre un fiscal y un abogado asistente?
Nosotros somos funcionarios, y esto es una de las discusiones actuales en el plan de fortalecimiento, en las indicaciones del senador Araya. Tanto los funcionarios como los profesionales estamos sujetos a la posibilidad de ser desvinculados una vez al año por una norma técnica llamada el 81K, que permite la desvinculación después de una mala evaluación.
¿Cuál es la diferencia con lo que propone el senador Araya?
La diferencia es que el senador Araya propone que la desvinculación pueda ser en cualquier momento, no solo una vez al año, y que esta facultad sea otorgada a los fiscales regionales, en lugar de ser una facultad del fiscal nacional como es actualmente. Esto nos preocupa porque genera inestabilidad en el empleo e incertidumbre. Un funcionario de carrera podría temer ser despedido en cualquier momento, y tememos que los puestos vacantes puedan ser ocupados por personas de confianza de los fiscales regionales, sin respetar la carrera funcionaria.
¿Por qué un funcionario que no haga bien su trabajo no debe ser desvinculado?
Nosotros no estamos en contra de que un funcionario que no haga bien su trabajo sea mal evaluado y, efectivamente, pueda ser desvinculado. Sin embargo, contamos con procesos de evaluación con retroalimentación durante el año, lo que permite mejorar y corregir el desempeño. Es responsabilidad de los jefes detectar problemas, capacitar y efectuar las mejoras necesarias para que el funcionario funcione adecuadamente. Es comprensible que en todos los trabajos haya funcionarios que fallen, aunque son una minoría. No queremos que esta facultad se mal utilice y se convierta en una herramienta en contra de los trabajadores de la institución.
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