Por: Gabriel Caldes C. Consultor, MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
En abril del presente año, la OCDE presentó al Gobierno de Chile un informe sobre las “Brechas y estándares de gobernanza de la infraestructura pública en Chile” donde reconoce que durante los últimos 25 años, el país ha enfrentado con éxito las inversiones en infraestructura básica para el desarrollo económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Pero también reconoce y advierte que las inversiones futuras pueden ser más difíciles de decidir y ejecutar y “los márgenes y ganancias pueden ser más bajos”. Recomienda que en las evaluaciones de los proyectos y construcciones de obras se deben considerar las “externalidades negativas” como los efectos del cambio climático y se deben decidir no solo del punto de vista económico, sino considerar una mirada más amplia.
Según la OCDE, para mitigar los riesgos hídricos quedan inversiones adicionales en algunas áreas, ellas son;
- Reparación de las fugas de agua potable existente en la redes de agua de las empresas sanitarias y menciona que algunas ciudades chilenas tienen una de las tasas más altas de las 48 ciudades analizadas por la OCDE de acuerdo a siguiente figura.
- La falta de “cobertura universal del suministro de agua y saneamiento en los asentamientos rurales”. Si bien es cierto, las coberturas urbanas de servicios sanitarios han logrado niveles óptimos de un 100%, en el mundo rural aún falta infraestructura por construir. Existen 1.772 sistemas de Agua Potable Rural (APR), de estas solo el 10% cuenta con servicio de saneamiento. Las localidades concentradas tienen un 100% de cobertura de A.P. las semi concentradas un 35% y las desconcentradas 0%.
- “Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego en la agricultura”. En esta materia la Comisión Nacional de Riego y los privados han venido realizando acciones para su implementación pero no con la prioridad que se requiere. La meta para el 2020 es tener una cobertura de riego tecnificado del 35%.
- La “infraestructura de aguas lluvia es insuficiente para enfrentar las lluvias que registran las principales ciudades y da lugar a costosos daños debido a las inundaciones”. La Ley de Aguas Lluvias de 1997 le entregó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) la responsabilidad de desarrollar las redes primarias y los Planes Maestros de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluviasde las ciudades, en los cuales se planifican las inversiones requeridas, mientras que las redes secundarias son responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU).
Entre estas sugerencias de la OCDE, las aguas lluvias requieren de un análisis en particular y también fueron analizadas en el congreso de la Asociación de Internacional de Ingeniería Sanitaria (AIDIS) realizado recientemente en la ciudad de Iquique.
Los riesgos hidrometereológicos que debe enfrentar una ciudad para ser resiliente producto del cambio climático son: a) Suspensión del abastecimiento de agua potable producto de sequías o escasez hídrica, b) Infraestructura afectada por aluviones o deslizamientos, producto de crecidas de ríos o quebradas de origen nivo-pluvial y c) Zonas afectadas por inundaciones urbanas, producto de crecidas pluviales.
Siendo el primer riesgo responsabilidad de las empresas sanitarias y el segundo del MOP, las Aguas Lluvias no tienen un único responsable y su normativa tampoco es clara y además, pueden participar directa o indirectamente varios organismos como MOP, DOH, MINVU, Municipios y empresas sanitarias. En los aspectos de financiamiento participan los Gobiernos Regionales, Intendencia, Ministerio de Hacienda o SUBDERE, produciéndose serios problemas de coordinación y demora.
Alguno de los efectos que tiene para las empresas sanitarias la inexistencia de aguas lluvias y que repercuten en el normal funcionamiento de la ciudad y de la población son:
- La falta de redes de aguas lluvias o mal estado de ellas, permiten estas aguas ingresen a los colectores del alcantarillado haciéndolos entrar en presión, desbordando aguas mezcladas por la vía pública y en predios privados con eventuales anegamientos o inundación.
- Al ingresar aguas lluvias a los colectores entran a operar los vertederos de tormenta con vertimiento de aguas mezcladas al afluente como ríos, canales, lagos y/o al mar.
- Producto de un mal estado de los colectores del alcantarillado se producen infiltraciones de aguas lluvias a través de las napas subterráneas en el terreno.
- Al aumentar los caudales de los colectores con aguas mezcladas, aumenta el volumen de aguas que ingresan en la planta de tratamiento, incrementan los costos operacionales.
- Aumento de costos en implementación de actividades de las brigadas de emergencia y costos de mantención posterior de colectores y equipos.
- Producto de lo anterior, la comunidad se ve afectada por en su rutina y en su patrimonio por la anegación de sus viviendas exponiéndose al riesgo sanitario, emanación de olores, contaminación visual y ambiental reclamando a la empresa sanitaria.
La ley 19.525, establece que deben construirse redes separadas para las aguas lluvias y aguas servidas, siendo el Estado el responsable de las primeras y las empresas sanitarias las segunda, para tal efecto, entregó la responsabilidad al MOP de realizar los planes maestro de aguas lluvias en ciudad superiores a 50.000 habitantes, pero a la fecha aún no se cuenta con la totalidad de ellos.
En los hechos hoy, la separación de los colectores no está clara por que no funciona en todas partes. En el norte y centro del país, en algunas ciudades existen redes unitarias antiguas que son operadas por las empresas sanitarias y en otras, simplemente no existen receptores de aguas lluvias escurriendo superficialmente por la vía pública, donde ingresan a los colectores del alcantarillado, produciendo los efectos mencionados anteriormente o derivan en inundaciones de algunos sectores de la ciudad.
Es cierto que aún existe un déficit importante por parte de los municipios y el MINVU para levantar sus planes maestros de aguas lluvias y el gran escollo es el financiamiento para la obra y su mantención, esto produce un desincentivo en las autoridades comunales y regionales que ven como la única solución la de preparase para las inundaciones y está comprobado que al largo plazo, los costos directos e indirectos tanto públicos como privados de una inundación, son más altos que las obras para el manejo de las aguas lluvias.
El déficit de este tipo de infraestructura, según la DOH, en el país es cercanos a los US$ 3.000 millones. La inversión realizada por el MOP en obras de canalización, colectores de aguas lluvias y parques inundables en los últimos años, es cercana a los US$ 900 millones (US$ 50 mill./año) fundamentalmente en Santiago y otras ciudades
La gestión de las aguas lluvias debería analizarse como un servicio básico y no solo como el desarrollo de una obra determinada. Si analizamos las externalidades negativas a la cual nos enfrentamos con el cambio climático y el incremento de la intensidad de las precipitaciones en algunas regiones del país, debemos entender que la forma de concebir las inversiones está cambiando y tenemos que aprovechar las potencialidades complementarias de las inversiones de este tipo, como lo sugiere la OCDE.
El servicio de recolección de aguas servidas y la recolección de aguas lluvias deberían ser complementario o un solo servicio y aprovechar las economías de escala y el know how de la gestión de estos servicios. Un buen ejemplo de esta mirada son las ciudades de Panguipulli y Puerto Varas, que producto que no está claro el límite de entre las partes terminó en un serio problema ambiental al contaminar los lagos con aguas servidas en ciudades eminentemente turística afectando el corazón de sus economías.
Los estudios de ingeniería, ambientales, permisos y profesionales, al igual que la construcción de estas obras demandan los mismos recursos o muy similares, pudiendo ser más eficiente que un solo operador haga las obras y gestione la operación y dependiendo de los estudios, pueden ser concebidos en los diseños de ingeniería, como alternativas operacionales uno del otro, no solo en caso de emergencia, minimizando costos en ambos servicios. Es probable incluso que algunos estudios pudieran recomendar un sistema unitario.
Con una propuesta de este tipo, se asignarían responsabilidades a una sola institución, que mediante el sistema de concesiones se podría financiar el déficit de infraestructura hídrica de origen pluvial. Habría que buscar el mecanismo del financiamiento de la operación y mantención, pero en ese aspecto existen varias alternativas posibles.
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