La iniciativa viene a robustecer los estándares de persecución del dinero ilícito, mediante el fortalecimiento de las atribuciones de los organismos fiscalizadores para acceder a información oportuna sobre eventuales delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y criminalidad organizada
El Gobierno anunció el envío del proyecto de Ley de Inteligencia Económica contra el Delito, iniciativa que es parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y que apunta a elevar los estándares para perseguir la ruta del dinero ilícito en Chile aplicando inteligencia y métodos sofisticados, más información y trazabilidad de operaciones sospechosas.
Los ministros de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; de Hacienda, Mario Marcel; de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, participaron en la presentación de los principales contenidos del proyecto.
“Dentro de los diez ejes de nuestra Política Nacional contra el Crimen Organizado está desbaratar la economía del delito, desbaratar el negocio que está detrás del crimen organizado, que es una actividad económica, ilegal, pero económica, que lo que hace es mover y buscar dinero. Este proyecto ataca al corazón de esa dimensión, pero además busca prevenir la corrupción que provoca el crimen organizado, que, donde entra llega a las policías, se mete en la judicatura, en los municipios, en los parlamentos. Por eso, controlar el dinero es también controlar la corrupción, es también controlar la manera en que este tipo de bandas, por el gran poder económico que tienen, logran meterse en las redes de las decisiones, corrompiéndolas y bajando la capacidad de reacción del Estado”, señaló la ministra Tohá.
Posteriormente, el ministro Marcel explicó que el proceso de seguimiento de la “ruta del dinero” en los distintos tipos de delitos indicando que en primer lugar se encuentra la detección de operaciones sospechosas, para luego continuar un proceso de investigación y finalmente, en caso de que corresponda, la aplicación de sanciones o medidas de carácter preventivo. El proyecto, agregó, busca fortalecer cada una de estas etapas.
“Para la detección de conductas sospechosas, es fundamental el análisis de microdatos en base a metodologías de inteligencia artificial, que permitan identificar anomalías que se apartan de lo que uno esperaría de un contribuyente que esté realizando una operación de comercio exterior o de flujos de capitales. Luego, una vez que se identifica ese comportamiento sospechoso y sobre la base de los antecedentes que hay de carácter tributario, financiero y otras bases de datos, se puede ir siguiendo cuál es la ruta del dinero ‘aguas arriba’ o ‘aguas abajo’; es decir, de dónde viene y a dónde eventualmente se fue el dinero. Y una vez que se detecta una conducta cercana o indicativa de delito, es posible interrumpir ese flujo de dinero. Por supuesto, llega un punto en el cual ya pasa a las instancias propias de la administración de Justicia como el Ministerio Público. Pero es importante todo el trabajo previo que permite ir identificando ese tipo de operación”, indicó la autoridad.
En tanto, el ministro Cordero comentó que el proyecto presentado hoy “robustece el trabajo que estamos impulsando en el combate decidido contra el crimen organizado y complementa las disposiciones de otras tres iniciativas claves: la recién promulgada por el Presidente de la República Ley de Antinarcóticos; el Proyecto de ley Contra el Crimen Organizado, que se encuentra en control preventivo; y el Proyecto sobre Delitos Económicos y Medioambientales, que se vota el lunes”.
Finalmente, la ministra Vallejo enfatizó que “sabemos que una de las principales preocupaciones en materia de seguridad tiene que ver con la presencia del narcotráfico en nuestro país y cómo este ha ido creciendo. Para poder enfrentarlo no basta sólo con la acción de nuestras policías, también necesitamos de mayor inteligencia y de mayores herramientas para que las distintas instituciones puedan encontrar a los responsables del narcotráfico, poder detenerlos y poder procesarlos para que tengan las condenas correspondientes”.
Principales aspectos del proyecto
Esta iniciativa busca hacer la trazabilidad de los movimientos del dinero proveniente del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos vinculados al crimen organizado con distintas herramientas fiscalizadoras y de inteligencia, más el levantamiento del secreto bancario bajo reglas especiales, ampliación de rubros obligados a informar y un trabajo interinstitucional robusto, entre otros aspectos.
En resumen, este proyecto de ley considera tres ejes: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas y mayores facultades intrusivas y sancionatorias.
En primer lugar, el fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, particularmente creando unidades de inteligencia y de coordinación en materia de crimen organizado en el Ministerio de Hacienda. En la actualidad, los servicios relacionados con Hacienda cuentan con información muy relevante para la detección y prevención de conductas vinculadas con el crimen organizado, como es el caso de la información tributaria, financiera, de importaciones y exportaciones, entre otra. Sin embargo, muchas veces estas instituciones no tienen los sistemas ni la capacidad humana ni técnica para procesar analíticamente la información en su poder, lo cual les impide levantar oportunamente alertas a los organismos responsables
En este escenario y con el fin de robustecer el Sistema de Inteligencia del Estado en su dimensión civil, se propone la creación de unidades inteligencia dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y el Servicio de Impuestos Internos (SII), y regular su coordinación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Sistema de Inteligencia del Estado. Estas unidades serán responsables de recopilar y analizar información en las materias de competencia de cada Servicio, con el fin de identificar patrones, relaciones y generar alertas para la detección temprana de conductas constitutivas de crimen organizado.
Para el cumplimiento de sus fines y dentro del ámbito de sus competencias, las unidades de inteligencia podrán levantar información y antecedentes al interior del respectivo Servicio y además podrán requerir información a otros órganos públicos. Si la información requerida se encontrare sujeta a cualquier tipo de secreto o reserva, este o aquella serán levantados de acuerdo a reglas especiales que permitan contar oportunamente con información para identificar hallazgos relevantes y realizar el análisis de datos que revele una conducta criminal.
Para resguardar las operaciones, los funcionarios y las funcionarias que integren la Unidad estarán sujetos a estrictos deberes de secreto y reserva respecto de los antecedentes de que tomen conocimiento en ejercicio de sus funciones, deberes que se mantendrán aun después del término de relación laboral.
Adicionalmente, en este eje del proyecto, se propone también una modificación de la Ley de Bases Generales de los Órganos de la Administración del Estado para que, en aplicación del principio de coordinación, se les habilite expresamente a intercambiar información a fin de que ésta sea puesta a disposición de manera actualizada, oportuna, expedita y en línea. Adicionalmente, se incluirán medidas para favorecer el intercambio de información y uniformar criterios en materia de delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo al interior de las instituciones públicas, a través de instrucciones de la UAF.
El segundo eje corresponde a la prevención y detección temprana de operaciones económicas sospechosas, estableciendo requisitos más estrictos para el desarrollo de algunas actividades económicas. El proyecto incluirá una actualización de los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras, y otras entidades fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que ninguna persona acusada o condenada en Chile por delitos contemplados en Chile o en el extranjero en el marco de leyes referentes al lavado de activo y financiamiento del terrorismo u otros, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener 10% o más de participación societaria en ellas.
Adicionalmente se establecerá una obligación de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior, a fin de facilitar especialmente labores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y Servicio Nacional de Aduanas (SNA) en materia de fiscalización de infracciones y delitos tributarios y aduaneros, además de persecución del crimen organizado. Y quienes no presenten antecedentes patrimoniales plausibles o verificables respecto de las operaciones que realizan, serán objeto de fiscalización y revisión de antecedentes por el SII.
En esta misma línea, se proponen normas para explicitar la ilegalidad de la explotación de juegos de azar sin autorización legal, fortaleciendo las facultades de la Superintendencia de Casinos y Juegos en esta materia e incluyendo como requisito para la importación de máquinas el contar con autorización previa de esta Superintendencia, entre otras medidas.
Finalmente, el tercer eje corresponde a mayores facultades intrusivas y sancionatorias. Entre ellas se establece un conjunto de medidas que buscan fortalecer la persecución de delitos tributarios y aduaneros; establecer sanciones al transporte de mercaderías ilícitas; y el perfeccionamiento de la sanción de delitos respecto de juegos de azar ilegales, calificándolo a su vez como base del delito de lavado de activos.
Al mismo tiempo, se modernizan y fortalecen los procedimientos internos a que está sujeta la UAF, el SII, y el SNA para la fiscalización y sanción de delitos dentro del ámbito de sus competencias. Finalmente, se consideran normas para permitir el bloqueo de medios de pago ante conductas sospechosas.
