Documento propone 36 medidas de impulso al crecimiento, 12 para reformar el Estado y 30 medidas para la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias
Tras meses de reuniones y más de 60 reuniones con los representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y distintos gremios de empresas de menor tamaño, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó el informe final del Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Marcel estuvo acompañado por sus pares de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.
Este documento sintetiza las propuestas de consenso planteadas en los encuentros que sostuvieron las autoridades del ministerio y actualiza el objetivo de recaudación de cambios impositivos una vez conocidos los informes de la “Comisión Marfán” sobre dividendo del crecimiento, de la OCDE por eficiencia de gasto y el elaborado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre brecha de cumplimiento tributario; y también reitera los compromisos en los que se sostiene el Pacto.
“Durante los últimos cinco meses se ha desarrollado una mesa con representantes de todos los partidos políticos, con la excepción del Partido Republicano. En esa mesa se ha ido examinando cada uno de los temas y áreas que estaban propuestas para el Pacto Fiscal, y se han ido elaborando propuestas, revisando, corrigiendo, agregando y, a esta altura, tenemos un documento que resume ese trabajo” detalló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Este documento se distribuirá a los presidentes de los partidos políticos, a los gremios empresariales y de trabajadores que han participado en etapas previas, y a los integrantes de la Comisión de Marfán, entre otros.
De este trabajo el ministro anunció la formulación de los siete primeros proyectos de ley, cuatro que ingresarán en enero y las tres restantes en marzo. Los primeros relacionados con racionalización de permisos para inversiones, otro sobre medidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otro que regula de manera permanente los convenios entre privados y el Estado. Aquellos que ingresarán en marzo tratarán sobre impuesto a la renta, la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas e impulso de infraestructura.
Sobre los siguientes pasos, el ministro Marcel sostuvo: “Lo que queremos hacer es traducir en acuerdo lo que ya fue un diálogo anterior, en asuntos que podamos empujar en conjunto. Muchas veces nos parece que será muy difícil, pero los invito a mirar los acuerdos en política pública que hemos logrado en los últimos 30 días. Nuestra estrategia acá es generar la mayor cantidad de propuestas que coincidan con el apoyo de distintos sectores. Sabemos que en el caso tributario hay distintas visiones y además sabemos que tenemos algo más de tiempo para trabajar en esa propuesta. Entonces, adelantamos criterios, principios, y nos comprometemos a crear una instancia de trabajo con los mismos partidos políticos que estuvieron representados, quienes quieran concurrir y hacer un trabajo prelegislativo, para este tema”.
Contenido de la propuesta
El Pacto Fiscal se estructura en seis componentes, cada uno de los cuales contiene un conjunto de medidas y un esfuerzo de cuantificación de su impacto fiscal. Estos son: necesidades y prioridades de gasto en favor de las necesidades expresadas por la ciudadanía; compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado; impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía; principios para un sistema tributario moderno en Chile; fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta; y mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del Pacto Fiscal.
Respecto de las prioridades y necesidades de gasto, las propuestas involucran recursos por USD$8.000 millones anuales en régimen, equivalente a 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB), destinados a un conjunto de necesidades ciudadanas cuya resolución financiera impide hacerlo en un proceso presupuestario regular en plazos razonables.
En el detalle, de dicha meta 1,2% del PIB una parte financiará el aumento de la PGU a $250.000 y ampliará su cobertura a 166 mil personas al año 2030; y la otra corresponderá al costo fiscal del aumento en 6% de la cotización con cargo al empleador que deberá pagar el Estado.
La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, valoró la presentación del Pacto Fiscal y abordó el uso de los recursos desde la perspectiva de la seguridad social: “El Presidente de la República, Gabriel Boric, ha comprometido claramente algunas medidas que son para mejorar el bienestar de las personas mayores del país y una de ellas es incrementar la Pensión Garantizada Universal. Sin duda, los beneficios que se obtengan de la aprobación de los proyectos de cumplimiento tributario y de las otras medidas contenidas en el pacto fiscal nos van a permitir elevar la PGU, que actualmente está en $206.000 a $ 250.000, además de ampliar su cobertura, dado que (hoy) efectivamente no es universal”.
Otro 0,9% se destinará a salud con foco en tres prioridades: reducción de los tiempos de espera hospitalarios, fortalecimiento de la atención primaria de salud y robustecimiento de las atenciones de salud mental. También se contempla destinar 0,3% para prevención, seguridad pública y crimen organizado, con énfasis en fortalecimiento institucional, inversión tecnológica y carcelaria y Estado preventivo. Finalmente, el 0,3% restante movilizará recursos para implementar un Sistema Nacional de Cuidados y el proyecto de Sala Cuna para Chile.
La ministra del Interior, Carolina Tohá explicó que “el Gobierno del Presidente Boric seguirá ampliando el esfuerzo en seguridad con los recursos disponibles, pero ciertamente la posibilidad de converger con la exigencia ciudadana de respuestas rápidas y eficaces será mucho más factible si contamos con los recursos que nos va a aportar este esfuerzo del pacto fiscal”.
Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que “esperamos poder dedicar un 0,3% del Producto Interno Bruto a ampliar la red para cerca de 275 mil adultos mayores, de aquí a 5 años, así como también la creación de nuevas prestaciones que apoyen a las personas que cuidan y a las personas que necesitan no caer en la dependencia o con discapacidad severa o moderada. Esto incluye la creación de un bolsillo familiar para el cuidado”.
En otro plano, se proponen 12 medidas de modernización y reforma al Estado; 36 para el impulso al crecimiento; 30 para fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias; 12 principios para un sistema tributario moderno y otras medidas 3 para hacer seguimiento y evaluación de lo implementado.
Para modernizar y reformar el Estado, se propone crear una Agencia de Calidad de Políticas Públicas, a cargo de la evaluación de programas y políticas públicas, así como de la política regulatoria del Estado; implementar una estrategia de revisiones selectivas de gasto, tomando las recomendaciones de la OCDE; la ejecución del plan de acción de la “Comisión Jaraquemada”; avanzar en una estrategia de descentralización fiscal balanceada, transparente y responsable; agilizar la ejecución de la inversión pública; fortalecer el servicio público; crear el Registro Nacional de Beneficiarios Finales; fortalecer el Gobierno Digital; formalizar y fortalecer la Auditoría Interna de Gobierno; actualizar la Ley de Responsabilidad Fiscal; mejorar la administración de compras y transacciones de bienes raíces del Estado; y fortalecer la gestión de activos y pasivos financieros del Gobierno, así como de sus pasivos contingentes.
Las medidas para impulsar el crecimiento están agrupadas en cinco categorías: racionalización regulatoria para proyectos de inversión, con lo que se busca reducir en al menos un tercio los tiempos de tramitación para los proyectos estándar; incentivos tributarios a la inversión ampliando, por ejemplo, entrega de beneficios para investigación y desarrollo; diversificación productiva, para lo que se implementará un plan de transición para la generación de energías renovables; desarrollo de infraestructura, ampliar y agilizar el programa de concesiones; formalización de la economía, para lo que se buscará controlar la informalidad y, a su vez, incentivar la formalización.
Respecto a los dos proyectos asociados a los permisos, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, explicó que “el primero es un proyecto que va a liderar la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que tiene como fin hacer cambios importantes al sistema de evaluación ambiental para mantener los altos estándares medio ambientales, racionalizando los tiempos. Por otro lado, la reforma estructural a los permisos sectoriales, que voy a liderar como Ministro de Economía, busca abordar 380 permisos que tenemos en la actualidad, que son importantes para la inversión y que están fuera del sistema de evaluación ambiental, que al no tener un sistema asociado implica una desconexión entre el nivel de riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar”.
Todas estas medidas están construidas sobre la base de principios para un sistema tributario moderno, los cuales abarcan legalidad, justicia tributaria, suficiencia, eficiencia económica, no afectación, reciprocidad, compromiso con el cumplimiento tributario, simplicidad, educación y asistencia al contribuyente, estabilidad y certeza, y desarrollo tecnológico y adaptabilidad.
El fortalecimiento del sistema tributario se divide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el impuesto a la renta. Para lo primero hay 29 propuestas en esa línea; mientras que para lo segundo el Gobierno preparará un proyecto de reforma del sistema de impuestos a la renta orientado a incrementar los ingresos estructurales, netos de mayores gastos tributarios, en el equivalente a 0,6% del PIB al año 2027. Esto permitirá que para ese año se pueda asegurar el financiamiento del 100% de las necesidades de gasto antes detalladas. Dicha iniciativa ingresará en marzo de 2024.
Para sacar adelante estos proyectos, el Ejecutivo se compromete a incluir medidas de apoyo para la clase media; ajustes necesarios para la nueva ruta del emprendimiento; medidas tributarias de incentivo a la inversión y la productividad; reducir la tasa del impuesto de primera categoría, compensando con un incremento en la tributación de las rentas personales sobre ingresos de capital y las rentas más altas, entre otras medidas.
Finalmente, el Pacto considera medidas de monitoreo a lo implementado, a través de la creación de una Comisión de Seguimiento y una evaluación a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) al cabo de tres años, para identificar grados de cumplimiento y resultados especiales.
“Es un conjunto bien sustantivo de legislación que para la cual la existencia de un acuerdo político nos ayudaría a avanzar más rápido con ella. Si a través de esos proyectos nosotros lo que estamos buscando, por ejemplo, es reducir los tiempos de tramitación de las inversiones, sería bien contradictorio que nos demoraremos cinco o diez años en aprobar esa legislación”, concluyó el ministro de Hacienda.
