Por: Andrés Kogan V. Sociólogo. Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea
Llegó marzo y nuevamente en Chile tendremos un año de elecciones, luego del fin del proceso constitucional fallido que tuvimos como país, el cual nos podrá haber debilitado como fuerzas transformadoras, pero nunca quitar la esperanza de construir un país más democrático, que se haga cargo de un malestar generalizado de la población con las instituciones, las cuales necesitan cambios importantes, para que generen confianza y las acerquen a la ciudadanía.
De ahí que las elecciones regionales y municipales a realizar el 27 de octubre del presente año, pueden verse como una nueva oportunidad para instalar ciertos temas que importan a las y los chilenos, los cuales mantienen una enorme desafección por los partidos políticos y con los distintos organismos públicos, que se han visto en muchos casos vinculados a escándalos de corrupción, como ha pasado con el caso convenios con fundaciones y con una larga lista de municipalidades acusadas e investigadas por fraude al fisco.
Por lo mismo, si existe un tema central en esta elección, que debe ser abordado si o si por todas y todos los candidatos que se presenten, es sin lugar a dudas lo que refiere a la Integridad Pública, Probidad y Transparencia, las cuales debieran ser los pilares de cualquier programa que busque devolverle la importancia al servicio público, que se encuentra en entredicho.
No obstante, antes de cualquier propuesta al respecto, se debe primero señalar cuál es la situación actual en Chile en lo que refiere a materia de lucha contra la corrupción, en donde según el índice de percepción de ella, se ve cierto estancamiento según las últimas mediciones realizadas, lo que nos muestra que se debe hacer mucho al respecto en el país
Dicho esto, se podrá decir que Chile es de los países mejores ranqueados en ese índice a nivel regional, solo superados por Uruguay, pero si uno revisa los datos de los últimos informes de Latinobarómetro, nos muestra un gran problema cuando se les preguntó a las personas si creen que hay una disminución en la corrupción de las instituciones del Estado.
En consecuencia, se ve cada vez peor el rol de los funcionarios y servidores públicos, así como el trabajo realizado a nivel de partidos políticos, congreso y municipalidades, en donde sobre todo en estas últimas se vuelve muy delicado que se le vea poco transparentes y con poco control de los recursos públicos, ya que es la entidad estatal con mayor acceso de la ciudadanía.
Ante esto, se vuelve primordial seguir avanzando y fortaleciendo la agenda anticorrupción, que tuvo su inicio con el retorno a la democracia, con la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública (1994), la Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento de los Principios de Transparencia y Probidad (2003), Comisión de Probidad y Transparencia (2006), Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción (2015) y la Comisión de Probidad y Transparencia en Corporaciones y Fundaciones (2023)
En cuanto a la última comisión nombrada, conformada por María Jaraquemada, Ramiro Mendoza, Jeannette Von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero, todos ellos elaboraron un informe, del cual sentó las bases para la elaboración de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que contiene 210 medidas para enfrentar la corrupción y construir más confianza en las instituciones.
Por otro lado, también hay que mencionar el importante rol que han jugado organismos como lo son la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar los servicios y entidades públicas (auditoría, jurídica, contable u jurisdiccional) y el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, encargado de aconsejar al Presidente de la República, siendo ambos actores claves.
Sin embargo, a pesar de que toda esta estructura de integridad se vuelve fundamental, no es suficiente si no se hace la relación entre probidad y participación, en donde se avance también en la desconcentración del poder y una mayor democratización en la toma de decisiones, sino seguiremos solo reaccionando y conformando comisiones ante distintos casos de corrupción existentes (Davilazo, Mop Gate, Publicam Chile Deportes, Penta, SQM, Caval, Convenios).
En otras palabras, generar nuevos mecanismos de control ciudadano, que permitan acercar a estos a las instituciones y a lo público, de manera que el Estado sea visto como el resultado de no solo de partidos políticos y de ciertos organismos específicos, sino también de la sociedad civil y de quienes son parte del país, en toda su pluralidad.
Finalmente, retomando la discusión sobre el fallido proceso constituyente y ligándolo con lo anterior, me gustaría agregar que de los distintos factores que influyeron en su fracaso, seguramente también fue fundamental la percepción de corrupción que se tuvo al respecto y la mala experiencia que se vive dia a dia con el Estado, ya que al ver a lo público como algo alejado y bajo sospecha permanente, costó mucho darle credibilidad al relato para aprobar el nuevo texto.
Por eso que aunque la primera carta magna que escribió la Convención Constitucional, si bien consagró distintos derechos (salud, educación, vivienda, seguridad, agua), la retórica neoliberal que señala que todo lo público es malo se reforzó con una desconfianza a las instituciones del Estado tal, por lo que los cambios se vieron como irrealizables y solo en el papel, lo que obviamente nos jugó en contra a todas y todos que creímos en el proceso y en un país más justo.
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