Por: Cristina Aziz dos Santos. Jefa de proyectos. Centro de Desarrollo Humano – Fundación Chile
La educación se considera el principal instrumento para adquirir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios para promover una sociedad verdaderamente meritocrática y con igual oportunidades para todos y todas. La diferencia en oportunidades educativas, por tanto, puede ser considerada el corazón mismo o la base de toda injusticia social.
Si observamos el sistema escolar chileno, muy a menudo los antecedentes familiares de los estudiantes, sus características innatas y dónde viven (o en realidad, dónde estudian) definen la calidad de la educación adquirida. Esto está relacionado con la “triste paradoja” identificada por Heise (1998), en que “los niños que más necesitan una educación de calidad son los que tienen más probabilidades de verse obstaculizados por escuelas públicas inadecuadas”.
Durante el mes de julio entra en funcionamiento dos nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el de Huasco y de Costa Araucanía, y esto es una gran noticia para el país. Esta apreciación no es precisamente ideológica, sino que está basada en la evidencia empírica de que la vigente administración del sistema educativo por las municipalidades está altamente correlacionada con la desigualdad de oportunidad entre los estudiantes chilenos.
En un estudio que evalúa si la variable comuna es una fuente de inequidad de oportunidades educativas en Chile, se encontró que la ubicación del establecimiento escolar (considerando muy especialmente los administrados por sostenedores públicos) está fuertemente correlacionada con los resultados de aprendizaje y esta relación ha ido aumentando con el tiempo (Aziz, 2016).
Por el contrario, el efecto de otras variables en las oportunidades educativas, como por ejemplo el ingreso familiar, la educación de la madre y del padre, el género, entre otras, ha ido disminuyendo en todo Chile, especialmente a partir de la entrada en vigencia de la subvención escolar preferencial (SEP).
Lo que demuestran los resultados de aquel estudio es que los estudiantes con circunstancias sociales y económicas similares (es decir, manteniendo constante dichas variables), tienen en general resultados SIMCE muy diferentes como consecuencia del municipio donde se encuentra su escuela. Este es un dato que no puede ser indiferente o pasar desapercibido por las autoridades y la sociedad en general. No podemos seguir permitiendo que nuestras niñas y niños tengan diferentes oportunidades y que esto dependa de la comuna donde estudian, es decir, según la calidad de la administración de turno.
A esto viene la nueva institucionalidad y, por ello, existe un gran movimiento social por desmunicipalizar la educación escolar. La estructura institucional sí importa para las consideraciones de política pública y su impacto en reducir las desigualdades y mejorar la calidad en educación. No es sólo un cambio formal, o en la infraestructura. Lo que se busca es una transformación profunda, asegurando a todas y todos los estudiantes de Chile, el derecho a una educación integral desde el primer nivel de transición hasta el final de la enseñanza media, independientemente de su lugar de residencia y la escuela donde estudie.
Para lograr este propósito, y buscando superar los problemas estructurales que presenta el sistema actual, los SLEPs están diseñados con cierta homogeneidad para ser organismos especializados y descentralizados a mayor escala que la comunal, planta de personal capacitado, personalidad jurídica y patrimonio propios, con la función de garantizar la provisión contextualizada de educación pública en sus territorios con grados crecientes de calidad y equidad. El foco cambia desde la competencia a la colaboración, del administrativo al pedagógico, de la presión externa al apoyo y acompañamiento, buscando un mejoramiento sistémico.
Los desafíos de una nueva educación pública, por tanto, no sólo suponen cambios en lo estructural y normativo, sino que significan cambios profundos de paradigmas en la concepción del qué y para qué se considera la educación desde lo público. Representan así acuerdos sociales y políticos de lo que se espera de la escuela, de su función y responsabilidad para la construcción de nuestra sociedad.
En ese sentido, el instrumento más poderoso para garantizar la igualdad de oportunidades para todos en Chile, tiene que ser la priorización y el fortalecimiento de la educación pública, por lo cual esperamos que las autoridades educativas actuales pongan énfasis en la buena implementación de todos los SLEPs, tanto los que han empezado a funcionar en este período como los que iniciarán sus trabajos a lo largo de los próximos años, de acuerdo al espíritu de la ley, y en base a lo que indica la evidencia.
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