A través de un documento de 35 páginas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregó su informe respecto de las violaciones a los DD.HH cometidas por parte de agentes del Estado chileno en el marco del estallido social que vive el país a partir del 18 de octubre pasado
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU entregó su informe sobre la situación de crisis social que vive el país desde el 18 de octubre, siendo la conclusión más relevante que “Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”.
También se expresa en su informe que “Preocupa a la ACNUDH el bajo número de formalizaciones contra presuntos autores de violaciones a los derechos humanos, pese al gran número de denuncias y acciones judiciales. Preocupa también la falta de información pública por parte de las fuerzas de seguridad sobre las acciones que han sido adoptadas para garantizar la rendición de cuentas”.
El documento, que contiene siete capítulos, fue formulado tras la investigación realizada entre el 30 de octubre al 22 de noviembre de 2019 en siete regiones del país (de Antofagasta, de la Araucanía, del Biobío, de Coquimbo, del Maule, la Región Metropolitana y la de Valparaíso) y sobre la base de entrevistas con autoridades gubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se realizaron encuentros con 235 víctimas y 60 funcionarios activos de Carabineros.
Respecto del actuar de estos últimos, establece que “Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente”.
Asimismo, resalta que “ha habido un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un gran número de personas heridas, incluidas transeúntes y aquellas que no cometieron actos violentos”.
El informe, en su capítulo 2, hace mención a las normas internacionales relativas a la gestión de asambleas y al uso de la fuerza, donde señala que “Es deber de las autoridades del Estado, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, facilitar y, si es necesario, gestionar las protestas pacíficas. La fuerza no puede usarse para dispersar asambleas legales y pacíficas. Antes de considerar la dispersión de una manifestación no-pacífica, las fuerzas de seguridad deben tratar de identificar a las personas violentas y aislarlas del resto de los participantes en la asamblea, y distinguir entre los que actúan violentamente y los que no lo hacen”. Revisa el Informe Completo
Recomendaciones
El documento emitido por ACNUDH, organización que es liderada por la ex presidenta Michelle Bachelet, entrega al Estado de Chile un total de 21 recomendaciones, donde se destacan las siguientes:
- Asegurar efectivamente que las fuerzas del orden público sigan estrictamente las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento. Garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, y que estas sean utilizadas, en todo momento, de plena conformidad con las normas internacionales.
- Asegurar que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.
- Establecer un mecanismo para recopilar, sistematizar y hacer pública la información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas, las investigaciones realizadas y las sanciones establecidas. El acceso a la información y el acceso a la justicia deberían ser los principios rectores de dicho mecanismo. La sociedad civil debe ser consultada y ser parte de este proceso.
Respecto de Carabineros, recomienda adoptar las siguientes medidas:
- Asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores.
- Garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública (incluidas cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos).
- Fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada. Esta información pública debe ser fácilmente accesible para las instituciones autónomas de derechos humanos en el país y debe incluir datos sobre el uso de controles de identidad por parte de Carabineros (desglosada por edad y sexo).
- Asegurar que se reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de género) sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades.
- Incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad.
