Por: Loreto Ferrari. Rectora AIEP. Ingeniera Civil Mecánica y Máster en Dirección Financiera
La preocupación por la salud mental ha cobrado una importancia crucial en el contexto de la educación superior. Las expectativas sociales y los desafíos personales afectan a nuestros estudiantes, y no es un tema que queramos ignorar. Sin embargo, al analizar el proyecto de salud mental que se encuentra en tramitación legislativa, surge una preocupación: la falta de claridad sobre hasta dónde llegan las responsabilidades de las instituciones educativas y la omisión de un sistema de derivación adecuado.
Las instituciones de educación superior tienen un rol orientador innegable. Es nuestra responsabilidad proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para enfrentar sus desafíos académicos en un sentido amplio. Estamos comprometidos con este deber y trabajamos para ofrecer el apoyo necesario.
Sin embargo, debemos reconocer nuestras limitaciones: no somos expertos en salud mental. Nuestros apoyos apuntan a la difusión y promoción de buenas prácticas, contención y derivación, siempre con el foco puesto en favorecer la progresión y consecuente éxito académico de nuestros estudiantes.
La salud mental es un problema de salud pública, que trasciende el ámbito de la educación superior, y que afecta a nuestros estudiantes, tal como afecta a otros segmentos vulnerables como los adolescentes y los adultos mayores.
En particular, en la educación técnico profesional, casi un 50% de los estudiantes tiene más de 24 años, y un 30% tiene más de 30 años, de manera que las preocupaciones son, por cierto, las propias de adultos trabajadores, que combinan su desempeño laboral, responsabilidades familiares y estudios en su día a día, y su salud mental se puede ver afectada por cualquiera, o todos estos ámbitos. }
En este sentido, la correcta derivación de los estudiantes es fundamental. Los estudiantes deben recibir la atención especializada que necesitan, y las instituciones educativas pueden verse sobrepasadas, intentando llenar un espacio para el cual no están preparadas.
Además, la implementación de un sistema de derivación aliviaría la carga sobre las instituciones educativas, permitiéndoles centrarse en su misión principal: la educación y el desarrollo integral de sus estudiantes. La salud mental es una cuestión de salud pública que va más allá de la competencia de los establecimientos educacionales y cuyo origen no es, necesariamente, el proceso formativo. Al establecer una red de apoyo efectiva, se pueden optimizar los recursos y ofrecer un apoyo más específico, de acuerdo también con la realidad de distintos perfiles de estudiantes.
Las instituciones educativas están listas y dispuestas a colaborar, pero necesitamos trabajar juntos para construir un sistema que realmente funcione y asigne a cada uno las funciones para las que está mejor preparado.
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