Por: Rodrigo Rivas M. Gerente General de Valor Estratégico Consultores
Hace algunos días, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley que prohibirá el uso de bolsas plásticas en ciudades y comunas costeras, con el fin de proteger la fauna marina. No es casualidad de que la presidenta haya realizado este anuncio en medio de su discurso en la ONU, dando una imagen del país donde la temática medioambiental tiene un importante protagonismo.
Queda una vez más de manifiesto el giro que ha adoptado el Gobierno en temas ambientales desde que Marcelo Mena asumió como ministro de Medio Ambiente. Y no deja de llamar la atención que en la última etapa de su periodo le esté dando una mayor trascendencia y adoptando medidas que van en desmedro de otras actividades. Así lo evidenció la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en contra del proyecto Dominga, a pesar de todas las señales que otros ministerios que llevaban a que el proyecto sería aprobado.
Claramente, se entiende que la Presidenta quiere dejar un legado medioambiental y entendemos la necesidad de contar con un Estado que resguarde los recursos naturales, y en el que se estimule el desarrollo económico, creando una conciencia sustentable.
Uno de los proyectos emblemáticos que anunció Michelle Bachelet tras asumir la presidencia fue la creación del Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Este proyecto había sido presentado inicialmente en el año 2011, pero tras dos años de inactividad en su tramitación, el nuevo gobierno optó por presentar un nuevo texto en junio del año 2014.
Con el fin de completar “la reforma ambiental” que inició Bachelet en su primer gobierno, este servicio sería la última institución pública de la institucionalidad medioambiental que se enmarca en la Ley 20.417 –Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunales Ambientales– y que tiene como objetivo procurar modernizar la legislación que asegure que las actividades productivas se desarrollen respetando el medio ambiente.
Este proyecto que lleva varios meses en discusión en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, tiene como objeto establecer los límites de las actividades económicas y así fortalecer la protección de la biodiversidad, las que se suman a las áreas protegidas. Es decir, esto pondría mayores barreras a la hora de establecer la ubicación de proyectos de inversión, ya sea minero, eléctrico, forestal, agrícola, etc. Es una de las prioridades legislativas para el último tramo del gobierno y así lo manifestó la presidenta en su última cuenta pública de junio.
Sin lugar a dudas, ha hecho falta un mayor equilibrio entre promover la inversión y el cuidado del medio ambiente, pues si el propósito del gobierno ha sido robustecer la institucionalidad pública destinada a enfrentar el dilema de crecimiento y sustentabilidad, también debe enfocar estos cambios para no generar impacto en el desarrollo económico del país y en la generación de proyectos, que tanto se necesitan. No nos olvidemos que junto con impulsar las modificaciones importantes en la legislación ambiental, es tarea también del Gobierno desarrollar acciones que impulsen las inversiones, sobre todo cuando en el año 2016 la inversión extranjera directa cayó 40,3%, lo que representa US$ 12.225 millones, la cifra de inversión más baja de los últimos diez años.
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