Por: Diego Ancalao G. Presidente Fundación Instituto Desarrollo y Liderazgo Indígena
Hoy, una parte importante de Chile ha tomado conciencia que el sistema democrático, administrado por gobiernos de distinto signo político, aún no ha incorporado de manera protagónica a los sectores pobres y campesinos en el proyecto de desarrollo del país; menos aún a los pueblos originarios, no se les ha permitido participación, razonable, en la política del Estado.
Por lo tanto, los sectores marginados, reconocen un adversario común. En efecto, somos los mestizos, indígenas y Mapuche ignorados a la hora de las grandes decisiones que definen nuestro propio destino. Es esta misma condición de “invisibles”, la que nos llama a la unidad y la solidaridad.
Desde pequeñas y aisladas comunas, y desde los suburbios urbanos olvidados hemos venido escuchando lejanas discusiones sobre la globalización, la “integración” de las comunicaciones, el impacto de las nuevas tecnologías y el predominio casi absoluto de los mercados financieros. Estos últimos años hemos sufrido dramáticamente sus impactos, constatando una “desintegración de nuestras comunidades” y una fragmentación familiar, social y cultural. Todo ello, sostenido por importantes niveles de exclusión y marginación que reviven y agudizan nuevos e históricos conflictos.
Se insiste, frente a la llamada “crisis mapuche”, en circunscribirla a los ámbitos de la delincuencia y el supuesto terrorismo. Pero lo que no se dice es que en el trasfondo hay una lucha encubierta de intereses económicos de empresas forestales, pesqueras, mineras e hidroeléctricas protegidas por el poder político, bajo la justificación de que de ello depende el desarrollo de La Araucanía y del país.
Se habla de actos de violencia ocasionadas por mapuche y de acciones extremistas con la evidente intención de distorsionar, reducir, fragmentar y hasta manipular los hechos. Sin desentrañar sus causas, aislándolos de una dinámica histórica y cultural, a la judicial y policial. Estos impactos son de consecuencias impredecibles.
Los resultados de la “reconversión productiva”, como la ocurrida en la Provincia de Malleco, son evidentes. Nos han querido transformar de Mapuche a obreros forestales, de campesinos en comerciantes, de borrachos a terroristas, de “flojos” a capitalistas. Una reconversión conveniente, para un modelo de desarrollo que busca perpetuarse.
La clase política de todos los colores –salvo muy nobles excepciones- todavía no reconocen los derechos elementales para la existencia de los pueblos indígenas. ¿Es esto comprensible? La propia Constitución Política no reconocen nuestra existencia. En el fondo, se expresa la vieja lógica del Estado racista que busca asimilarnos con la justificación de superar la pobreza, pero sin vincular que la integración sin ciudadanía es el origen de nuestro empobrecimiento y exclusión. La proclamada igualdad ante la ley es solo una declaración como muchas otras.
Nos preocupa que los equilibrios macroeconómicos, que se han convertido en un principio sagrado y que tanto se han esmerado en mantener a costa de todos los excluidos del país, siga resquebrajándose y la tentación por las privatizaciones, una vez más, alcancen nuestras tierras y aguas, recortando nuestros presupuestos, desviando nuestros recursos y transformándonos otra vez en el daño colateral del “progreso”.
Queremos salir de la pobreza; pero no renunciando a nuestros derechos como pueblo. Nuestros ancestros nos enseñaron que la naturaleza es un bien de todos, por lo que hay que hacerla sostenible para las futuras generaciones. Y nos mostraron como sobrevivir a toda adversidad, acudiendo al orgullo y al honor de ser Mapuche. ¿Cómo entonces es posible ese desarrollo que anhelamos sin apoyarse en un proyecto propio de su gente, de sus culturas, de sus pueblos? Cuando esos proyectos encarnan sus sentimientos y anhelos, cuando salen desde adentro, es diferente y es posible avanzar armoniosamente.
Pero la autoridad política demuestra una absoluta incapacidad de comprender el problema y buscar las soluciones correctas. Como lo hemos repetido, esta situación no será superada con un programa “Impulso Araucanía” o con 100 o 1.000 empleos. Mucho menos se resolverá con mayores acciones de violencia represiva.
Todas las políticas que se nos proponen actualmente están basadas en una “invitación” a asumir los parámetros de la sociedad actual cuya religión es el consumismo, el individualismo y la competencia por acumular cosas. ¿Es este el estilo de vida que quieren que adoptemos? La realidad es que hoy se mantienen sitiados nuestros pueblos, se han expulsado a nuestros viejos a ciudades intermedias y nuestros jóvenes a las grandes urbes por un empleo precario. Somos mucho más testigos del progreso de Chile que protagonistas de esos beneficios.
El problema es que se nos habla desde una sociedad que está en crisis, carcomida por una profunda desconfianza institucional, con crisis en la economía, las iglesias, el futbol, la salud, la educación, el medioambiente, la política, las empresas, la policía, las FFAA y la justicia. ¿No sería conveniente que ellos miren los modelos de desarrollo indígena para promover mayor equidad y cuidado del medio ambiente?
Es así como quedan al desnudo los retrasos institucionales del Estado de Chile respecto de los avances significativos que se han dado en los debates, declaraciones y acuerdos del derecho Internacional. Siguen pendientes el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile y el cumplimiento íntegro del Convenio 169 de la OIT, instrumentos que aún siguen instalados en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política efectiva que les den vida en nuestro orden institucional.
Estos últimos meses, hemos venido sosteniendo una serie de encuentros en Arauco y Malleco con diversas organizaciones sociales y personas representativas del pueblo Mapuche. Vemos con preocupación que continúa en aplicación una política represiva con el procesamiento, condena y encarcelamiento de dirigentes Mapuche por la aplicación de la Ley Antiterrorista. Se han mantenido operaciones policiales desproporcionadas en el uso de sus fuerzas que utilizan indiscriminadamente sus armas de fuego hiriendo o matando a jóvenes, como el asesinato injustificado del hermano Camilo Catrillanca el 14 de noviembre pasado, una fecha y un nombre que quedará grabado en nuestras memorias.
El discurso recurrente que apela al pueblo como la expresión máxima de la soberanía popular y el sentido más hondo de la democracia, no se ha expresado en las relaciones de poder. Ese poder sigue concentrado en un pequeño grupo que cada día pierde densidad y prestigio. Esto, nos obliga a plantearnos la unidad política y social del pueblo de Chile con la causa justa del pueblo Mapuche. De esta manera, buscamos suscribir un nuevo pacto social tendiente a que el Gobierno reconozca y priorice en sus compromisos, las demandas pendientes por más de 100 años, ¿hay alguna razón para seguir esperando?
Este nuevo pacto debe sustentarse en el diálogo respetuoso en el que los diferentes actores validos establecen compromisos de acatamiento de los acuerdos. Este no es un llamado a la subversión sino, por el contrario, es un llamado a la solución de asuntos postergados por demasiado tiempo. Con esas premisas y esos criterios, instamos al Gobierno a:
- Desmilitarizar La Araucanía y sacar de manera inmediata al “Comando Jungla”, como paso imprescindible para generar condiciones de diálogo y entendimiento.
- Iniciar las acciones necesarias para garantizar un juicio justo e imparcial a los asesinos de Camilo Catrillanca, Alex Lemun y Jaime Mendoza Collio, que busque la condena a los culpables y la reparación correspondiente a sus familias.
- Asumir la responsabilidad política del Ministro del Interior, como encargado de la seguridad pública, en relación a los hechos que terminaron con la vida de Camilo Catrillanca y la evidente manipulación de los hechos cometidos por Carabineros,
- Realizar todas las acciones necesarias para lograr el reconocimiento constitucional de los pueblos Indígenas y reconocimiento de un Estado Plurinacional.
- Aprobar un estatuto de autonomía que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas, en el marco de la legislación nacional.
- Promover la implementación de un registro electoral indígena, con cupos reservados en el poder legislativo.
Si no hay respuesta los sectores excluidos de Chile se verán en la obligación no solo de ejercer el derecho sino en el deber de movilización nacional pacífica, en el plano alto de la dignidad de los sectores sociales del pueblo de Chile y el de los Pueblos indígenas.
Estos requerimientos nacen del convencimiento más profundo de que llegó el tiempo de realizar un cambio justo, que la sociedad chilena mayoritariamente reclama y exige. Llegó el momento de valorar a los pueblos indígenas que, con su rica diversidad, constituyen parte significativa de la identidad de Chile.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
