Por: Nicolás García Lorca. Abogado socio del área corporativa y compliance de Garcia Parot
La Ley N° 21.595, aplicable para las empresas desde el 1 de septiembre de 2024, redefine la regulación de los delitos económicos en Chile. Esta ley amplía el catálogo de delitos aplicables a las personas jurídicas y endurece las sanciones a quienes participen en la comisión de los mismos, exigiéndole a las empresas fortalecer significativamente sus modelos de prevención y cumplimiento normativo.
Casos recientes como el caso Factop, Sartor y la colusión en casinos ilustran claramente el impacto devastador de las malas prácticas en la reputación corporativa. El incumplimiento normativo no solo expone a las empresas a consecuencias legales severas, sino que también genera desconfianza inmediata en inversionistas, clientes, reguladores y la opinión pública, poniendo en serio riesgo la continuidad operativa y la proyección comercial.
El “Caso Factop” reveló cómo irregularidades en la emisión de facturas pueden deteriorar rápidamente la credibilidad empresarial. Esto subraya la importancia crítica de que la alta dirección de una empresa establezca controles financieros mecanismos preventivos capaces de identificar a tiempo posibles anomalías.
La arista LarrainVial de este caso enfatiza aún más la necesidad de establecer controles específicos para la administración responsable de fondos estructurados y relaciones comerciales estratégicas.
Por otra parte, la investigación del caso Sartor, relacionada con posibles desviaciones de fondos, ha puesto el foco en la necesidad urgente de garantizar transparencia total en la información que se entrega al mercado. Estos episodios erosionan la confianza de inversionistas e impactan negativamente el desempeño de las empresas implicadas.
De manera similar, el caso de la colusión de casinos, que investiga supuestos acuerdos anticompetitivos para renovar permisos de operación de casinos, evidencia cómo este tipo de prácticas impactan inmediatamente en la valoración de mercado y en la percepción pública, con efectos tangibles como el desplome del valor de las acciones de una de las empresas involucradas.
En este contexto regulatorio y reputacional, resulta indispensable contar con un sistema integral de compliance que promueva una cultura corporativa ética. Este modelo debe incluir un compromiso explícito y visible de la alta dirección, políticas claras y difundidas internamente, canales confiables de denuncia, capacitaciones permanentes al personal y procesos continuos de monitoreo y mejora.
Si bien la Ley N° 21.595 impone un desafío significativo, representa también una valiosa oportunidad para que las empresas refuercen sus prácticas de integridad, transparencia y cumplimiento, recuperando así la confianza y fortaleciendo la relación con todos sus grupos de interés.
En definitiva, gestionar adecuadamente el riesgo reputacional derivado de los delitos económicos ya no es una opción, sino una obligación estratégica para garantizar la sostenibilidad empresarial. Las organizaciones que adopten con decisión estos estándares tendrán una ventaja competitiva clave en un mercado cada vez más regulado y exigente.
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