Por: Roberto Cornejo Espósito. Presidente del Colegio Ingenieros Forestales de Chile
Desafiantes y no pocas tareas tienen las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura y de todas aquellas instituciones públicas vinculadas a la actividad forestal.
Sin duda, el principal desafío y también una sentida aspiración es que se dé continuidad a la tramitación del proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. Ello, sin perjuicio de las indicaciones en aquellos aspectos que el Ejecutivo estime, pero ojalá sin retroceder en lo avanzado en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y así poder contar con este servicio dentro del año legislativo 2018.
La urgencia de tener un Servicio Nacional Forestal obedece a la necesidad de avanzar en la elaboración de nuevos instrumentos legales que han sido postergados precisamente por la carencia de una CONAF pública, entre ellos, el fomento forestal. Ya van seis años sin apoyo del Estado a la forestación de suelos desnudos en manos de pequeños propietarios y prácticamente se ha extinguido el impulso forestador que permitiría la incorporación de la pequeña propiedad forestal al desarrollo económico y productivo.
También se requiere contar con una ley marco de incendios forestales que aborde todas sus complejidades que van desde la prevención, el combate, la condición laboral de los brigadistas, hasta la restauración e investigación y sanción de los delitos y faltas, entre otros.
De igual modo, urge modificar la Ley de Bosque Nativo que, a diez años de ser promulgada, muestra resultados decepcionantes con incentivos que no han logrado aumentar el manejo sustentable del bosque y menos detener su degradación. Este diagnóstico se viene advirtiendo hace años, pero continúan pendientes las correcciones.
Otra tarea relevante es tomar definiciones y evaluar con prudencia y mesura y sin urgencias, el proyecto de ley que propuso la anterior administración que crea un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas dependiente del Ministerio del Medio Ambiente. Esta iniciativa no sólo transfiere a esta cartera la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) -hoy tarea y bien hecha de CONAF- sino que además amenaza con afectar seriamente la gestión de los bosques, tanto en su ámbito de protección como en su manejo productivo sustentable.
Aún más: bien cabe preguntarse sobre la real necesidad de crear un Servicio de Biodiversidad que no sólo duplica el trabajo de CONAF, sino que además incorpora mayor burocracia y ambigüedad al implementar una doble gestión respecto de los bosques públicos y privados, a través de nueva normativa que entrará en conflicto con leyes sectoriales como la misma ley de bosque nativo.
Finalmente, otro desafío no menor y quizás el más relevante a largo y mediano plazo es perseverar y profundizar la Política Forestal 2015-2035, importante logro de la administración anterior que permitió consensuar distintas visiones que coexisten sobre el desarrollo de nuestros bosques: tenemos que manejar una ambiciosa superficie de 1 millón de hectáreas y forestar otras 500 mil hectáreas de aquí al 2030. ¿Cómo y cuándo empezamos?
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