Por: Marcelo Carrasco C. Consejero Regional de La Araucanía. Presidente Nacional de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile (ANCORE)
Las políticas públicas pueden ser entendidas como “un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2007: 10).
Esta definición permite resaltar la necesidad de confluencia de elementos diversos como la naturaleza propia de quienes ejecutan la política (burocracia), la capacidad y voluntad de participación de la ciudadanía, y los requerimientos propios de la realidad territorial, cuya convergencia garantiza o no la efectividad en torno a los objetivos de la política pública.
En los contextos de ejecución presupuestaria, en especifico del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR que es “un programa de inversiones públicas, con fines de compensación territorial, destinado al financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de infraestructura social y económica de la región, con el objetivo de obtener un desarrollo territorial armónico y equitativo”.
Podemos encontrar la expresión máxima de burocracia gubernamental y llevada al extremos del centralismo en la ejecución del mismo, no quisiera profundizar en detalles, pero cada vez que los consejos regionales aprueban un proyecto, este pasa una serie de trámites gubernamentales, tales como asignación presupuestaria, que no es nada más que crear una asignación presupuestaria en un sistema, que solamente se desarrolla en Santiago, que pasa en ese proceso entra en un cuello de botella, por que entra en el mismo proceso que están todas las regiones, lo que implica que un simple trámite administrativo que se puede ejecutar desde la región, se convierta en un calvario.
Otro ejemplo relevante para las regiones es que tienen casi nula injerencia en la gestión de las glosas y partidas presupuestarias, lo que implica muchas veces que el gobierno central con la visión de unificar criterios nacionales, deja de lado toda la diversidad territorial que posee nuestro país, y con ello pierde oportunidades de impactar directamente en la ciudadanía y genera inconsistencias directas en los procesos de inversión.
De ahí nuestra lucha por aumentar las competencias de los gobiernos regionales, es para desburocratizar no solo la toma de decisiones, si no la gestión de proceso estandarizados que se pueden desarrollar desde las regiones y con ello ser mucho más eficiente y efectivo la inversión pública , y que realmente se vea el impacto deseado en los tiempos apropiados.
Nuestra propuesta de desarrollo siempre ha estado por mas región, más competencias, presupuestos abiertos y descentralizados. Tenemos una oportunidad de oro para impulsar que los presupuestos regionales se deben descentralizar, para que estos tengan un efecto positivo en los ciudadanos y en el Desarrollo de las regiones.
Invito a los parlamentarios regionales de todos los partidos a discutir de la factibilidad técnica de implementarlos a la brevedad de lo contrario seguiremos administrando un fondo nacional donde la prioridad es el gasto y no sus efectos en la vida de las personas.
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