Por: Iskra Pavez S. Doctora y Magíster en Sociología. Autora del libro “Notas sobre infancia, migración y género
El actual gobierno ha anunciado una serie de medidas, algunas administrativas y otras legislativas, a fin de gestionar la migración en nuestro país. La necesidad de impulsar una nueva ley migratoria es un diagnóstico compartido transversalmente hace tiempo. Sin embargo, los elementos que van a estar presentes o no en dicha ley, son objeto de debate.
Y es que los instrumentos administrativos y los marcos jurídicos emanados por el Estado no solo son una serie de normas y procedimientos que rigen la vida en común; sino que esencialmente representan valores y visiones de mundo. Aquí radica la principal complejidad del tema migratorio en Chile, porque según cómo la gestionemos implica el modelo de sociedad que estamos construyendo.
Diversos estudios han constatado que las personas migrantes pobres o de origen afroamericano sufren del racismo. Las familias migrantes pobres deben enfrentar a diario una serie de dificultades en cuanto al trabajo, salud, educación o vivienda -que dicho sea de paso, también afecta a las personas chilenas pobres- porque son deficiencias estructurales. No obstante, se agrega mayor vulnerabilidad cuando esas personas tienen un fenotipo afroamericano, no hablan castellano o están en condición irregular. Recordemos que históricamente el racismo o la discriminación se ha expresado en contra de los pueblos originarios o de cualquier persona chilena morena o pobre.
Por eso, se ha interpretado como discriminatorio exigir un visado consular diferenciado para las personas provenientes de Haití y Venezuela -a República Dominicana se pide desde el año 2012-, porque reproduce cierta jerarquía étnico-racial. ¿Por qué no se exige a Argentina o Estados Unidos, que están dentro de las diez primeras nacionalidades de inmigración?.
El desafío de lograr una verdadera integración y cohesión requiere estrategias políticas y transformaciones sociales que estén a la altura de una sociedad moderna.
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