En una agitada sesión, suspensión de por medio, el personero de Gobierno entregó los detalles de la crisis social provocada por las masivas manifestaciones y protestas en diversas regiones, detallando que hasta esta mañana el balance arroja 18 fallecidos; 254 civiles y 560 uniformados lesionados; 4.337 personas detenidas; y 904 hechos de violencia graves
Un intenso debate político se desarrolló durante esta jornada en la Sala de la Cámara de Diputados con el objeto de analizar la situación de emergencia que afecta al país y para lo cual concurrió el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick.
El secretario de Estado efectuó una relación de hechos desde el lunes 14, cuando comenzaron las evasiones en el metro, hasta los últimos acontecimientos registrados a las 08:00 de esta mañana. Conforme a lo indicado, el balance es el siguiente:
Fallecidos: 18 a nivel nacional. Doce en la región Metropolitana, de la cuales diez fueron encontrados en locales incendiados, uno electrocutado en un supermercado asaltado y otro resultante de lesiones provocadas por carabineros, según testimonio de familiares.
Además, se registran seis muertos en regiones: tres por impactos balísticos por incidentes con patrullas militares (en La Serena, Coquimbo y Curicó), uno atropellado en Talcahuano por efectivos y dos más anoche, en San Pedro de La Paz, atropellados por una persona en estado de ebriedad.
A lo anterior, se informó que son 814 personas lesionadas, (254 son civiles y 560 uniformados) y un total de 4.337 detenidos a nivel nacional. Sobre estas situaciones sostuvo que los antecedentes han sido entregados a la Fiscalía y que las investigaciones y sumarios están en curso y aseguró que el estado de emergencia se desarrolla dentro del estado de derecho.
Comunicó además que se han registrado 904 hechos de violencia graves, que consideran la destrucción de propiedad privada y pública y que incluye, entre otros datos, un alto número de estaciones de metro afectadas, 18 buses quemados y 329 supermercados saqueados y/o incendiados.
El ministro remarcó que las acciones de violencia son concertadas y que buscan generar una situación de crisis en el funcionamiento de la ciudad, enfatizando que “El Presidente es quien tiene y debe tener el mayor compromiso en que el país pueda desarrollarse en plena normalidad y no tener que recurrir a un estado como este pero, al mismo tiempo, tiene el deber y responsabilidad de cuidar la seguridad de las personas, la seguridad del orden público, hacer respetar la ley, dar seguridad y tranquilidad a las personas, frente a estos hechos”.
Debate parlamentario
El informe entregado por Andrés Chadwick generó un debate álgido y a ratos tenso, donde las distintas visiones se hicieron presentes en un amplio abanico de posiciones que pasaron por llamados a la unidad y mea culpas, el emplazamiento a medidas concretas y efectivas que respondan a la ciudadanía y hasta directas imputaciones al Gobierno, que llegaron a solicitar la renuncia de sus autoridades.
De esta forma, Gabriel Ascencio (DC) manifestó que “Si hay algo que nos debe unir es la lucha contra la desigualdad. Hay responsabilidades, pero el Gobierno es el principal responsable. Las medidas no son suficientes, con eso no va a calmar a las personas. Rechazamos el uso de la violencia. Queremos avanzar y contribuir a la normalización del país (….) pero necesitamos que ustedes entiendan lo que está ocurriendo en Chile”.
Por su parte, Miguel Crispi (RD) resaltó que “Chile vive un estado de conmoción nacional iniciado por una protesta legitima (…) Ministro, la violencia es desproporcionada, es ineludible su responsabilidad en el manejo que se la ha dado a esta situación. En este momento hay gente muriendo en las calles. La democracia no acepta la violación a los derechos humanos”.
En tanto, Ximena Ossandón (RN) señaló que “Condeno la violencia, la destrucción y la impunidad. Estoy por la manifestación legitima. Creo que hoy nadie duda que existen dos Chiles paralelos. Hagámonos cargos de la demanda y del malestar; no es problema solo de este Gobierno.
Desde la UDI, Patricio Melero, resaltó que “es importante hacer una distinción entre la condena categórica de evitar la violencia en Chile y, con las mismas fuerzas, escuchar las necesidades de las personas. Estamos interpelados todos a buscar caminos de acuerdo y a llevar, a través de la legislación, los cambios y las medidas que han sido anunciadas.
La diputada Loreto Carvajal (PPD), en tanto dijo que “No han podido dar en el clavo de las necesidades sociales que dijeron resolver. Creo que la necesidad que el país tiene es canalizar mediante una agenda social como el cambio de constitución y el aumentar las pensiones (…) Tenemos que dar curso a una comisión investigadora que determine las responsabilidades por las violaciones a los DDHH”.
Respecto de las responsabilidades políticas, Esteban Velásquez (FRVS), resaltó que “Tiene que asumir que usted y el Presidente tienen responsabilidades. En el norte hace rato que sabemos de desigualdad social. Digo esto porque en el norte hemos marchado pacíficamente. Piñera prometió compensaciones, royalty minero y dijo ser el Presidente de las regiones y no ha pasado nada (…) No apuesten por el cansancio de las personas en la calle”.
Finalmente, Alexis Sepúlveda (PR), explicó que “Estamos disponibles para avanzar en cambios reales, pero no para dipironas; es necesario avanzar en cambios estructurales o el movimiento social no cesará en su lucha. (…). Este gabinete tiene que cambiar.
Resoluciones
En la sesión se presentaron doce resoluciones por parte de los diversos bloques políticos, de las cuales se aprobaron ocho.
Entre las ideas planteadas se pide al Gobierno; aumentar el sueldo mínimo; reformar la Constitución Política; incrementar los recursos para la atención primaria de salud; y una nueva política de precios de servicios básicos y transporte público a través de un mecanismo de compensación ante las alzas.
También se solicitó crear un verdadero sistema de seguridad social para los pensionados; acelerar una agenda medioambiental que acabe con las zonas de sacrificio; establecer una legislación sancionatoria contra la colusión de las grandes empresas; rebajar las remuneraciones de las más altas autoridades del país; pensiones dignas y gratuidad al transporte para la tercera edad; y rechazar todas aquellas medidas que tiendan a rebajar impuestos a los más ricos y a aumentar la desigualdad.
Asimismo, se plantea investigar y perseguir todos los abusos y excesos de las fuerzas militares; un plan de retiro de las tropas y del estado de emergencia; observadores de la ONU; retirar el proyecto de pensiones y conformar una mesa amplia con actores sociales y políticos que proponga un nuevo sistema; y propuestas en materia de pueblos indígenas, entre otras ideas.
