El Secretario de Estado explicó que el saldo actual de créditos CAE alcanza a 8 mil 259 millones de pesos, es decir, 3,26 puntos del PIB, lo que sumado al saldo de Crédito Solidario de 1,55 puntos, significa un total de 4,81% del PIB para el Estado
En el marco de la discusión del proyecto de educación superior (boletín 10783) en la Comisión de Hacienda, el ministro del ramo, Rodrigo Valdés, se refirió al impacto que implica la eliminación del CAE, que fue aprobado por la Comisión de Educación, entregó cifras y anunció un proyecto de ley para noviembre.
El Secretario de Estado se refirió al impacto de la eliminación del Crédito con Aval del Estado, CAE, y a la indicación al proyecto de educación superior que se refiere al tema.
En su exposición, Rodrigo Valdés entregó cifras y señaló que el saldo actual de créditos CAE alcanza a 8 mil 259 millones de pesos, es decir, 3,26 puntos del PIB, lo que sumado al saldo de Crédito Solidario de 1,55 puntos, significa un total de 4,81 por ciento del PIB para el Estado. “Por lo que no hay poibilidad de condonación de la deuda, es imposible”, remarcó.
El Ministro de Hacienda agregó que son 340 mil estudiantes beneficiados, de un total de 1.247.135 matriculados en universidades del CRUCH, privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, lo que equivale al 27% de los alumnos matriculados en 2016.
Valdés indicó que “es grave quedarse sin un sistema de crédito”, porque el CAE financia hasta el 80% de arancel. Agregó que, en promedio, el 97% de los egresados y desertores tiene una cuota inferior a 114 mil pesos mensuales, en tanto que el 99%, mantiene un saldo inferior a 30 millones.
La autoridad adelantó que existe un proyecto de ley en construcción para un nuevo sistema de préstamos que ingresaría a tramitación al Congreso Nacional, “no antes de noviembre”, y que considera tres características básicas: sin bancos, es decir, sería administrado por un ente público; que tenga mecanismos que acomoden mejor las contigencias de cada persona; y que fortalezca los sistemas de cobro”.
Reacciones
El diputado Pepe Auth (IND) consideró que es muy riesgoso e inviable terminar con un sistema de crédito que ha permitido que cientos de miles personas accedan a la educación superior sin reemplazarlo por otro.
“Yo soy partidario de que Hacienda restituya la vigencia del CAE, pero que se indique un artículo transitorio que comprometa al Gobierno a enviar un proyecto antes de que termine el año, con un crédito distinto. En primer lugar, administrado directamente por el Estado u organismo creado para el efecto, sin la participación de los bancos, lo que asegure un interés más estable y más reducido”, planteó.
La parlamentaria Yasna Provoste (DC) sostuvo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo por no solo reponer, sino explicar cúales van a ser estos nuevos mecanismos, es decir, dejando fuera a la banca -que era parte del compromisos-; con mejores niveles de acoger contingencias que puedan tener los estudiantes; y hacer mayor justicia que es lo que se reclama en el sistema, en general.
Para el diputado Felipe De Mussy (UDI), el proyecto de educación superior y el del CAE están relacionados. Y En cuanto a la gratuidad, cuestionó el uso de millonarios recursos que podrían destinarse a otros fines.
“Efectivamente, vimos los números, son recursos importantes, son cientos de miles de estudiantes y creo que este proyecto que estamos analizando de gratuidad, con el próximo proyecto que se presentaría con el nuevo CAE en el mes de noviembre, no son independientes, debieran comulgar entre ellos. Y, hoy en día, estamos viendo una iniciativa que busca cumplir una promesa de la presidenta Michelle Bachelet de forma irresponsable. Son millonarios los recursos que podrían aumentar la pensión básica solidaria en varias veces, que podrían destinarse, por ejemplo, a que profesores tengan más horas de trabajo, no solo en la sala de clases. Creo que se utilizan sin la priorización correespondiente”, evaluó.
Indicaciones del Ejecutivo
El Gobierno presentó nuevas indicaciones al proyecto de educación superior:
En lo relativo al CAE, la derogación de la ley 20.027 será a partir del 1 de enero de 2019. Derogación que entrará en vigencia siempre que comience a regir otro mecanismo de financiamiento de estudios de educación superior que lo reemplace, comprometiendo el ingreso del proyecto de ley durante 2017.
Además, se reponen:
1) La indicación sustitutiva ingresada el 7 abril, que elimina materias tales como la calidad de cuentadante de las instituciones de educación superior y la exención de las instituciones de educación superior estatales a la pérdida del financiamineto institucional para la gratuidad, producto de sanciones graves o gravísimas reiteradas.
2) Un artículo que norma el mecanismo de actualización de los aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros regulados, que se reajustarán, según lo señala la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.
3) Un artículo que establece que la obligación de otorgar estudios gratuitos será exigible respecto de aquellos estudiantes que permanezcan matriculados por un tiempo que no exceda la duración mínima de su carrera o programa de estudio.
