Con la participación del Subsecretario Galilea, quien destacó que la normativa significa que los comités que antes recibían asesoría de empresas sanitarias, hoy será directamente del Ministerio
Más de 345 mil personas de la región de O’Higgins que pertenecen a los 221 sistemas APR existentes, serán beneficiadas con la nueva ley de Servicios Sanitarios Rurales. Así fue dado a conocer durante jornada que reunió a más de un centenar de dirigentes de agua potable rural, junto a dirigentes nacionales, con el subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, y el Intendente Pablo Silva.
En la cita también estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Gremial de Servicios de Agua Potable Rural, AGRESAP, José Rivera, y de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, FENAPRU, Gloria Alvarado; junto al alcalde de San Vicente, Jaime González; el senador Juan Pablo Letelier, el director nacional de Obras Hidráulicas, Reinaldo Fuentealba, y la seremi de Obras Públicas, Natalia Sánchez, entre otras autoridades.
El subsecretario Galilea destacó que “la nueva ley de APR significa que los comités que antes recibían asesoría y asistencia técnica de las empresas sanitarias del sector, hoy las recibirán directamente de personal del Ministerio y eso va a operar a nivel de cada una de las provincias. Habrá sendos equipos de APR, durante el año 2018, que van a trabajar esta tuición directa con los 221 sistemas que existen en la región”.
Asimismo, el Intendente Pablo Silva aseguró que esta ley “es un gran paso, especialmente porque ha sido impulsada por dirigentes de nuestra Región de O’Higgins y que les permite a los propios sistemas, sus dirigentes y trabajadores, tener mejores herramientas para enfrentar las necesidades del mundo rural y el futuro en el ámbito sanitario”.
Agregó que “ha sido un gran día, porque además de celebrar esta nueva ley de APR, hemos conocido de boca del subsecretario Galilea los nuevos proyectos que se concretarán para sistemas de agua potable rural de la región en distintas comunas, mejorando el servicio que prestan”.
Para el alcalde Jaime González esta ley se trata de una fórmula “no sólo para mejorar nuestros sistemas de agua potable rural, también para que la gente siga interesándose en vivir en el campo, en sentirse parte de estas comunidades rurales y comprometerse con este estilo de vida. Por eso agradecemos este apoyo, la inversión que se sigue manteniendo y esperamos que el Estado de Chile siga favoreciendo a nuestras cooperativas con obras que les permitan mantenerse en el tiempo”.
María Cecilia Berardinucci, dirigente de la Cooperativa Los Rastrojos, destacó la posibilidad de contar con este nuevo texto que los regula. “Se ha luchado harto por conseguir una buena ley y creemos que lo logrado es excelente para todos. Esperamos con ansias que comience a operar y seguiremos batallando por las cooperativas de agua potable rural, que considero que es lo mejor que podemos tener en los sectores rurales”, indicó la dirigenta.
Ley de APR
Entre los principales aspectos de la Ley se encuentra el fortalecimiento de la gestión de las organizaciones comunitarias, preservando con ello el carácter participativo y comunitario de la gestión. Además, establece los derechos y las obligaciones de las organizaciones comunitarias, así como los derechos y obligaciones de los socios, sustentados en los conceptos de solidaridad entre socios y usuarios y de no discriminación respecto del servicio sanitario rural.
Protege los territorios hoy día atendidos por las organizaciones comunitarias, para que sean ellas solamente quiénes presten servicios en dichos territorios y no puedan ser utilizados por empresas con fines de lucro.
También se crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, que internaliza la Gestión de Proyectos y la Asesoría y Asistencia en la Dirección de Obras Hidráulicas, actividades hoy desarrolladas por las Unidades Técnicas de las Empresas Sanitarias mediante Convenios.
Junto a ello se establece que el otorgamiento de licencias es indefinido, pero está sujeto a evaluación de acuerdo con las exigencias establecidas por la ley, de tal manera que se resguarde el adecuado funcionamiento del sistema y del territorio en que operan.
