Por: Alberto Núñez Ponce. Presidente Fundación Desarrollo Inclusivo
En el Chile actual, donde se ha infectado tanto la institucionalidad y que solo se hace deseable que esta vergüenza comience a ver su final, creo mi obligación hacer presente las consecuencias en la integración del Congreso Nacional por candidatos del PPD si prosperan las acciones judiciales que he emprendido contra el Consejo Nacional del conglomerado y sus candidatos al Parlamento, esto por militantes fabricados desde 1987.
Por este motivo, es que a días de sus elecciones internas presenté una demanda civil de declaración de nulidad de derecho público, que de prosperar implica la inexistencia del partido y su ilegalidad, y por tanto, la nulidad de la posesión de cargos de diputados y senadores de la colectividad actualmente en ejercicio.
En síntesis, en 1987 el naciente Partido Por la Democracia disponía en sus Estatutos que para ser militante se requería solicitud de ingreso, aceptación posterior por la Directiva y posterior concurrencia del solicitante a firmar los registros de militantes. Miles de personas realizaron el primer trámite estatutario, pero jamás se realizaron los otros dos. Hasta hoy, el PPD no ha tenido una posición oficial del asunto y, obviamente, lo está dejando debajo de la alfombra.
Cada candidato al Congreso presentado por el PPD bien sabe que no firmó ningún registro porque nunca lo hicieron, y seguramente se habrá dado el breve trabajo de leer sus propios Estatutos originales, como lo podrá hacer cualquier autoridad y público en general, convenido por los operadores jurídicos que las normas sobre partidos políticos son de derecho estricto, de derecho público. La nulidad de derecho público no se ha subsanado y este grupo PPD no ha llegado a constituirse como partido legalmente jamás, por lo que no pudo nunca presentar candidatos al Congreso ni menos a la Presidencia.
Entonces, ojo con las consecuencias de un Congreso ilegalmente integrado, porque de prosperar estas acciones judiciales (lo que podría tardar años), implica la ilegalidad, más aún, la inexistencia del PPD y, por tanto, la nulidad de las candidaturas, y más aún por lógica derivación la nulidad de la investidura.
Si por desgracia para los intereses de Chile tiene asidero y prospera mi accionamiento judicial, todos los candidatos que han resultado electos y se integren al Parlamento, entre ellos Ricardo Lagos Weber y varios de los 59 candidatos que presentó este grupo a las elecciones de Noviembre de 2017, deberán ser desprovistos del cargo, porque los presentó un grupo que no tenía la calidad legal de partido político.
No es un tema menor como se podrá ver. Imaginemos la cantidad de leyes y acuerdos que se adoptarán en el Congreso antes que el Poder Judicial independiente de Chile se exprese, en lo que pondré especial empeño. Solo aquellas leyes donde en las Comisiones la presencia de esos señores no haya sido significativa para la aprobación de los Informes, así como en las leyes que en su aprobación no hayan logrado mayoría dependiendo de sus votos, tendrán valor. Las demás serán absolutamente inconstitucionales.
Los Partidos de todos los sectores, especialmente la oposición, deberían preocuparse del asunto. Se ha dado una dura batalla por sanear la política chilena y no deberíamos transhumar este grave episodio para después.
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