Por: José Albuccó. Académico Universidad Católica Silva Henríquez y creador del blog Patrimonio y Arte
Comenzamos el año 2023 con una semana turbulenta, marcada por los indultos presidenciales, las postulaciones a los centros de educación escolar y superior y el escándalo por malversación de fondos públicos y su desvío para lucro personal por parte del ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba.
A esto hay que sumarle la “negligencia lumínica” de la noche de Año Nuevo en Valparaíso, la persistente amenaza de la pandemia, que se vuelva a hacer presente desde China, y la denuncia ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del “Acuerdo por Chile”, el cual vulneraría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también el extendido conflicto por la nominación del nuevo Fiscal Nacional. Todo esto condimentado por noticias internacionales con foco en Brasil: la muerte y posterior funeral de Pelé, el Rey del Futbol, y el inicio de un nuevo gobierno de Lula da Silva.
Ahora, estos temas que copan la agenda de prensa nacional tienden a silenciar otros asuntos de alta relevancia social, como la pérdida continua de talentos jóvenes en la educación pública debido a las altas tasas de deserción escolar, lo que genera graves brechas de aprendizajes que afectan particularmente a los y las estudiantes más pobres del país. Se trata de una realidad dramática -con más de 50 mil niñas, niños y adolescentes que abandonaron el sistema escolar en el año que acaba de terminar-, la que, sin embargo, muy pocas veces acapara los titulares de la prensa ni concita el interés de los micrófonos y cámaras de televisión.
Proyectado este año que se inicia, uno podría aventurar que estas problemáticas seguirán siendo subvaloradas por la agenda pública. O, quizás, serán enfrentadas considerando “soluciones a medias”, como se acostumbra en nuestro país, dejando contentos a los grupos de influencia del Estado chileno.
Un ejemplo de “solución a medias” es la forma en que se ha abordado el actual déficit de profesionales de la educación, dejando al mercado como el ente regulador de las postulaciones y de la carrera docente, sin una activa contraparte gubernamental. Así, el objetivo de hacer más atractivas las carreras de pedagogía no se ha logrado, y, por el contrario, se ha visto constantemente una tendencia de desvalorización de la carrera docente por parte de distintos actores. Esta falta de coherencia política probablemente seguirá este 2023, hasta que nuevamente la ciudadanía se movilice para hacer ver este error.
Otra muestra de una “solución a medias” es la situación que enfrenta el proceso de generación de una nueva Ley de Patrimonio Cultural, que busca reemplazar la vetusta Ley de Monumentos Nacionales, cuya última actualización data de 1970. Este proyecto legislativo fue presentado en junio de 2019 al Congreso por parte del gobierno de Sebastián Piñera; durante 2022 se realizaron procesos de diálogo y participación ciudadana; y, pese a que lleva tres años de tramitación, es incierto que sea promulgado durante 2023.
Así, podemos constatar que actualmente contamos con un Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que está cojo. La principal institución estatal a cargo del resguardo y promoción del patrimonio cultural de Chile no posee una legislación moderna, que esté a la altura del tremendo desafío que tiene por delante, deficiencia que se ve acrecentada por la falta de una Política Nacional de Educación Patrimonial. De esta forma, se dificulta el desarrollo de esta área clave para el país, la que tiene un gran potencial económico, genera memoria e identidad colectiva y contribuye decisivamente a la cohesión social.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
