Por: José Luis Saffirio. Presidente CChC Rancagua
Como Cámara Chilena de la Construcción, vamos a seguir impulsando todos los contactos que sean necesarios con autoridades, sociedad civil, mundo privado, para que acordemos lo que nuestro presidente nacional, Patricio Donoso, ha llamado el “nuevo trato urbano”.
Sin duda tenemos que, entre todos los actores, asumir ciertos acuerdos de cómo queremos que nuestras ciudades se desarrollen bajo un marco que nos convoque y nos interprete a todos, de manera que podamos seguir desarrollando nuestra calidad de vida. Ello, en base a mecanismos de espacios de diálogo, conversación y acuerdo. Los tiempos actuales requieren otra forma de relacionamiento con la comunidad, crear espacios de confianza.
Por ello es un importante avance el trabajo encabezado e impulsado por el intendente Juan Manuel Masferrer, para mejorar la conectividad entre Rancagua y Machalí; urbes que han tenido un explosivo desarrollo inmobiliario, pero que no han implementado a la par una actualización de sus planes reguladores y por ende, no ha existido una proyección adecuada de más vías para mejorar la conectividad entre ambas comunas.
Es importante desarrollar una política de infraestructura a largo plazo. Es un tema que hemos venido trabajando hace tiempo. Se aprobó, por ejemplo, la ley del Fondo de Infraestructura; eso hay que implementarlo. También está la Dirección General de Concesiones y una ley que hay que fortalecer.
Sabemos que los tiempos de desarrollo de los proyectos de infraestructura van mucho más allá de los tiempos gubernamentales, por lo que tiene que ser una política de Estado potenciar el sector. El informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD), desarrollado por nuestra Gerencia de Estudios, plantea que de aquí a 10 años se deben invertir cerca de US$175 mil millones en esta área para mejorar la calidad de vida.
Nos preocupa el cómo se establecen las reglas para desarrollar los proyectos inmobiliarios y que este grado de incertidumbre está provocando que el proceso sea cada vez más lento. En algunas comunas las obras están paralizadas.
La necesidad creciente de vivienda está, y en todos los segmentos. Lo que ha pasado es que concretar esa oferta en el último tiempo se ha dificultado producto de estas incertezas en la validez y legalidad de los permisos de edificación.
Por ello primero hay que revisar bien cuáles son las definiciones y las reglas que nos convocan. Si hay una disparidad en la interpretación de los criterios, definir estos claramente, de modo de validar los proyectos y facilitar su ejecución. En segundo lugar, es necesario revisar los procesos, marco dentro del cual hemos estado trabajando con el Ministerio de Economía para ver cuáles son las actividades o las etapas de estos que tienen mayores trabas, ya sea en el desarrollo de infraestructura o de vivienda, y trabajar en conjunto para una mejora, cambio normativo o lo que se requiera.
Para provocar el desarrollo tenemos que trabajar para que la certeza jurídica sea una base fundamental del desarrollo de nuestra industria; a nadie le conviene que eso se ponga en duda porque al final se paraliza todo tipo de progreso.
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