Por: Karin Moore. Investigadora Clapes UC. Docente de la Facultad de Economía y Administración UC
Nos acercamos al inicio del proceso constituyente conscientes de los desafíos que tendremos que sortear, pero con escasas propuestas para hacer frente a la ausencia de consensos o diagnósticos precisos sobre cómo la Constitución ha de mutar para convertirse en la solución a las demandas ciudadanas que motivaron el inicio de esta travesía.
Nuestra historia institucional se ha construido sobre la confianza en las prácticas republicanas que dotan de contenido a las normas y que descansan sobre un proceso de elaboración serio y enmarcado por el propio ordenamiento jurídico. La Constitución no es la excepción a estas reglas.
No debemos olvidar que una de las razones esgrimidas para justificar la necesidad de una nueva Constitución es que una parte de la ciudadanía le resta legitimidad a la actual Carta a causa de su origen histórico. Sin reconocer mérito alguno a los procesos de reforma que ha tenido la Constitución vigente.
Es, en atención a esto, que se vuelve especialmente relevante comprender la repercusión de lo que se hace y cómo se hace en materia normativa. Si lo que buscamos es lograr una nueva Constitución que despierte mayor adhesión, se torna fundamental que esté precedida de un proceso de participación ciudadana inclusivo, informado, transparente, pluralista y, particularmente, libre.
El principio de legitimidad en que descansa el Estado de Derecho, supone que, tanto el poder político como la ciudadanía, seamos capaces de imponernos un mínimo razonable, que asegure un proceso constituyente realizado en condiciones de respeto, orden público, seguridad y resguardos sanitarios que permita la mayor participación ciudadana. De lo contrario -y paradójicamente-, tendremos un proceso constituyente viciado en su origen y una Constitución deslegitimada al poco andar.
Como si redactar una nueva Carta Fundamental en medio de una profunda crisis social no fuera un desafío suficientemente complejo, la pandemia ha venido a dificultar aún más el escenario. Nos ha impuesto el desafío adicional de articular un sobrecargado -y oneroso-calendario electoral con la incertidumbre respecto de la forma en que se resolverán en este nuevo texto constitucional cuestiones elementales, como la regulación del poder.
El reto está en avanzar en este proceso con propuestas claras, logrando consensos sobre la forma de responder a las demandas ciudadanas sin defraudar sus expectativas, honrando los acuerdos y la convivencia democrática que no tolera la violencia.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
