Por: Hernán de Solminihac. Director CLAPES-UC. Ingeniero Civil UC. Ph.D. U. de Texas
El 2019 surge con buenos pronósticos para la inversión chilena, pero acompañado de grandes desafíos. En el plano interno, el país deberá enfrentar los cuellos de botella en las tramitaciones de los proyectos de inversión, además de la discusión de reformas. En el ámbito internacional, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, junto con la inestabilidad sociopolítica de América Latina, serían las amenazas.
Hay temas país pendientes y la incertidumbre económica no se despeja. Pero, hemos avanzado: El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima un crecimiento para la economía chilena en torno al 4% para 2018, mientras que el de la economía global alcanza un 3,7%.
En tanto, el Banco Central exhibe expectativas de crecimiento para Chile de 3,6% para 2019 y de 3,5% para 2020. Nuestro objetivo debiese ir alineado en aumentar la competitividad y productividad, buscando un desarrollo inclusivo.
El escenario global también es claro en este sentido. En el lanzamiento del Foro de Cooperación Asia Pacífico 2019 (APEC) se establecieron algunas prioridades: la sociedad digital, la integración 4.0, el rol de la mujer, las pymes y el crecimiento inclusivo y sustentable. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 58% de las inversiones en Chile provienen desde los países miembros de la APEC y el 69% de nuestras exportaciones se dirigen a dichas naciones.
Sobre el desafío local, es necesario despejar las incertidumbres, con el propósito de obtener una mayor certeza en el desarrollo de iniciativas de inversión. Para ello se deben revisar los procesos administrativos asociados a los proyectos, con el objetivo de agilizar etapas y eliminar obstáculos que no agreguen valor a la iniciativa.
Por ejemplo, para el caso de la inversión pública, existe espacio de mejora en los procesos de formulación y evaluación social de proyectos, así como en las etapas de priorización sectorial y creación de asignación presupuestaria.
Ampliando la mirada a la inversión privada, se requiere de un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que considere desde el origen la idea del proyecto y no como mitigaciones una vez que éste tiene un diseño definitivo.
Ello debe acompañarse de una revisión de las regulaciones y permisos para evitar duplicidades y dar certeza jurídica una vez que sean otorgados, además de una aceleración en la discusión de los proyectos de ley tributaria, laboral y de pensiones a la brevedad.
El llamado entonces es a impulsar las iniciativas que apoyen el crecimiento y aumenten la productividad del país, a eliminar la burocracia y agilizar procesos asociados a proyectos de inversión sin necesariamente reducir los estándares requeridos, y a contribuir a un clima de diálogo.
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