Por: Julio Ruiz Fernández. Capítulo Regional Tarapacá, Fundación Chile Descentralizado
La movilización de millones de chilenos y chilenas ha abierto la oportunidad para que el país, por primera vez en su historia, elabore y decida acerca de una nueva Constitución Política con la participación decisiva de los ciudadanos/as, al resolver si está a favor de una nueva Constitución y respecto del mecanismo que opta para su elaboración y al decidir, al final de dicho proceso, si está de acuerdo con la nueva Constitución que se proponga al país.
Las protagonistas han sido las organizaciones sociales y ciudadanas, cansadas del mal trato y abuso y de las desigualdades sociales y territoriales que afectan la vida cotidiana de personas y familias. A sus demandas sociales más apremiantes han demandado ser partícipes efectivos de un pacto social y territorial, una nueva Constitución.
La mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria del sistema político ha reaccionado con un acuerdo de camino institucional para una nueva Constitución.
No habrá solución a la profunda crisis de desigualdad y trato en el país, si no hay solución también a las comunas y regiones del país, pues la desigualdad territorial agrava, profundiza y agudiza las desigualdades sociales.
La futura elección en octubre de 2020 en Tarapacá de alcaldes, concejales, gobernador regional y constituyentes pondrá a prueba a los candidatos y candidatas respecto de quienes están por un Estado unitario, verticalista, sectorialista y centralizador, como ha sido hasta hoy, o por el contrario, quienes se comprometen por un Estado regional o unitario descentralizado que otorgue más poder, competencias y recursos a los municipios y regiones.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.