Por: Alberto Torres Belma. Sociólogo – Académico de la Universidad de Antofagasta. Mg. en Ciencias Sociales, Mg. (c) en Docencia para la Educación Superior
Sin duda la pandemia COVID 19 ha alterado las formas de relacionarnos, la operatividad de los subsistemas sociales (en el ámbito educacional y laboral, por mencionar dos ejemplos concretos) que tributan al funcionamiento de la sociedad; y la gobernanza. En consecuencia, la emergencia sanitaria actual se configura como una auténtica revolución, por sus efectos colaterales más que por aquellos derivados de sus características directamente sanitarias.
Como fenómeno sociosanitario ha puesto de manifiesto las distintas concepciones sobre gobernanza en tiempos de crisis, evidenciándose conflictos entre el protagonismo del nivel central y las regiones y comunas para el enfrentamiento de contingencias.
No debemos atribuir una connotación negativa a dicho conflicto; debemos concebirlo como una oportunidad para relevar el postergado sueño descentralizador de nuestro país, cuyos primeros atisbos se manifestaron de manera formal en 1826 con el denominado “Ensayo Federal” orientado a concebir a nuestra nación como una República Federal, dado el protagonismo que reclamaban las provincias de antaño.
No es casual que los resultados de la encuesta CADEM correspondientes a la primera semana de mayo, indiquen que la ciudadanía evalúa positivamente la gestión de los alcaldes, relevando con ello la importancia de la gestión desarrollada en las distintas comunas del país.
Sin embargo, los Gobiernos Regionales también cumplen un rol crucial en el enfrentamiento de la pandemia y así ha quedado demostrado en distintas regiones de nuestro país. La tarea no ha sido fácil: la crisis sanitaria es una vorágine que ha puesto a prueba nuestra capacidad de respuesta y la voluntad de asociatividad entre los actores políticos, civiles y académicos para encauzar la derrota del enemigo sanitario.
La principal lección que podemos extraer de esta pandemia es que se hace absolutamente necesario el empoderamiento de nuestras regiones y la descentralización financiera y de competencias, elementos que al integrarse en la gestión de los Gobiernos Regionales permitirá enfrentar en forma vertiginosa las contingencias sociales y sanitarias.
Lo anterior se transforma en imperioso cuando son innegables las características propias de cada región que se han puesto de manifiesto en esta pandemia, por ejemplo, en sus dinámicas sociales, es decir el modo en que las personas enfrentan el autocuidado frente al coronavirus y las desigualdades económicas, que sin duda obligan a la toma de decisiones diferenciadas en los distintos territorios que conforman nuestra nación.
Como país estamos ad portas de la elección de Gobernadores regionales. Es necesario que como chilenos entendamos la relevancia de este fenómeno sociopolítico. Es innegable que nos enfrentaremos a eventuales aciertos y errores en su puesta en escena, pero aquello no debe ser una excusa para despreciar el proceso de democratización regional, cuya demanda es de larga data. Además, su debut permitirá que las autoridades electas cuenten con la oportunidad de demostrar que la descentralización es posible; que no es una quimera o un festín declarativo sin resultados favorables para el desarrollo sostenible. Es por ello que las atribuciones asignadas a las futuras autoridades deben ser aprovechadas y sin duda perfeccionadas para que el proceso de descentralización sea creíble.
De nada servirá exigir mayores atribuciones o mayores recursos monetarios si la gestión subnacional no logra integrar y evidenciar tres elementos claves: eficiencia, eficacia y pertinencia regional en su gobernanza.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.