Por: Danae Mlynarz P. Directora Oficina Chile Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
El enfoque territorial parte de una concepción del territorio como un espacio socialmente construido en base a un conjunto de relaciones sociales que le dan origen, identidad y sentido de propósito compartido por los múltiples actores que lo habitan (Schejtman y Berdegué, 2004). Los límites de los territorios así entendidos van más allá de definiciones formales, como pueden ser los límites municipales o regionales, y se refieren a la unidad que los mismos habitantes reconocen como tal.
En un contexto constituyente, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para realizar políticas que lleven a una superación de la matriz productiva extractivista, promover formas asociativas y solidarias de emprendimiento, permitir un acceso más igualitario a la naturaleza como la tierra y el agua bajo nuevos esquemas de gobernanza, permitir espacios de planificación urbana que incluyan explícitamente la relación entre las ciudades y su entorno rural, y entregar mayores capacidades a los gobiernos regionales y locales para establecer espacios de diálogo vinculantes y realizar políticas particulares de desarrollo local. Permitir la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardar el patrimonio biocultural, garantizar derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
Buscamos una Constitución donde el Estado reconozca los territorios en su dimensión de constructo social y, por lo tanto, considere sus particularidades y necesidades específicas en la garantía de derechos, inversión pública, normativa y cuerpo legal que habilite pertinentemente el desarrollo territorial inclusivo.
Que entregue un mandato a las instituciones a desarrollar sus objetivos y políticas: de manera integrada e intersectorial (con articulación de los distintos sectores); y territorializada asegurando el acceso y ejercicio de derechos con enfoque territorial por parte del Estado. Es decir, pertinente y adaptada a la heterogeneidad de cada territorio del país, sus necesidades y potencialidades, expresada en su identidad sociocultural, su especificidad geográfica, demográfica y económica.
Desde este enfoque de desarrollo territorial, realizamos un análisis y formulamos una propuesta en base a cuatro dimensiones: Descentralización, Participación Ciudadana, Bienestar y patrimonio biocultural y Agricultura y alimentación sustentable que ponemos a disposición del proceso Constituyente para abrir un diálogo que permita contar con una Constitución con enfoque territorial y políticas públicas coherentes que permitan disminuir las desigualdades territoriales que no sólo afectan la vida de los habitantes de un territorio rezagado, sino que limitan el bienestar de todos los habitantes de un país.
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