Por: Nathalie Castillo R. Diputada por la región de Coquimbo
Existe un acuerdo social respecto a la necesidad de erradicar la delincuencia en todos sus niveles por el tremendo daño que genera. Y para ello hay respuestas, decir lo contrario es falaz. Desde el Congreso y el Gobierno en los últimos meses se han dado señales importantes sobre la materia; es más llevamos un año discutiendo sobre seguridad pública y cómo dar soluciones concretas lo que hoy está traducido en el fast track legislativo y la llamada agenda de seguridad.
Con todo ese esfuerzo, debemos señalar con preocupación que sólo estamos abordando este fenómeno desde un enfoque penal y de seguridad pública con más atribuciones a las policías, por ejemplo, dejando de lado otras dimensiones que frenan los actos delictivos y el narco como es la promoción de espacios recreativos, más culturas en las escuelas y barrios, mejor salud primaria para la detección de riesgos, entre otras.
A esto, se suma la programación y tratamiento de contenidos en los medios de comunicación y en redes sociales sobre la “agenda de seguridad” que ha infiltrado en la opinión pública, excluyendo otras materias de relevancia para la población y que afectan el pluralismo informativo.
Por ejemplo la eleccion del 07 de mayo que conformará el nuevo consejo constirtucional, las consecuencias del rechazo de la derecha a la reforma tributaria, la tramitación del royalty a la minería, grandes obras públicas y otras pasaron a un segundo plano frente a la denominada “crisis de seguridad” que nos ha trasladado a una especie de espiral donde no hay salida a esa pauta informativa.
Este escenario es complejo de evitar, pues las audiencias parecieran estar interesadas en el tema. Según datos de la encuesta CEP del 2022 un 50% de encuestados quieren soluciones por la delincuencia, narrativas que se sostienen con los relatos de los medios de comunicación dispuestos a generar contenidos sobre seguridad sin freno.
No obstante, desde los sectores progresistas y de izquierda tenemos el gran desafío de impedir que la agenda mediática de la derecha y el conservadurismo nos absorba o confunda en trabajar en nuestro objetivo para materializar el proyecto de sociedad que anhelamos. Aquel, donde la solución a los problemas de seguridad y los hechos delictivos no se resuelvan exclusivamente a través del endurecimiento de penas u otorgar mayor impunidad a policías sino que, por ejemplo, convertir los barrios en sitios de encuentro y reconciliación cívica donde el Estado asuma su responsabilidad en tender puentes seguros de acercamiento entre los vecinos y vecinas.
Creemos que gobiernos locales pueden ejercer sus potestades municipales interviniendo las comunidades a través de planes escolares y ciudadanos, donde la intervención desde el arte, las culturas, la promoción de eventos deportivos sea eje clave en la recreación social y recuperacion de nuestros barrios.
Es impertativo para esto fortalecer el tejido social, las organizaciones de bases, los comités y todas las expresiones civiles que apunten a este cambio de paradigma. Es nuestro deber como partidos políticos de izquierda apropiarnos de los espacios públicos de una forma responsable y distinta a la reacción conservadora y que sus aliados mediáticos han hecho eco llevandonos al escenario del miedo y terror.
Esta alternativa está lejos de relativizar las tasas de delincuencia y narcotráfico, de hecho suscribimos el pacto parlamentario para que este 2023 se legisle al respecto, pero proponemos una retórica distinta, una donde la solución de fondo sea entrega de mayores derechos sociales garantizados a nuestro pueblo. Nuestra responsabiliad es dar respuestas integrales e inclusivas, con enfoque de derechos, que evite la política efectista, punitiva o que vulnere los derechos humanos. Esa será nuestra hoja de ruta hacia el buen vivir de las comunidades.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
