Por: Antonio Leal L. Sociólogo, Doctor en Filosofía, Académico Universitario
Cuando en el Líbano se desarrollaba el tercer día de las más masivas manifestaciones ciudadanas que se recuerden, contra el impuesto a las llamadas de whatsapp y de mensajerías, en Chile, calificado por el Presidente Piñera, solo días antes, como un oasis en América Latina, grupos de escolares, conectados a través de la redes sociales, llevaban a cabo la “elusión del torniquete” en contra del alza del pasaje del metro.
Diversos motivos, pero similitud en que ambas son una chispa que rebasa el vaso de un malestar más profundo derivado de la profunda desigualdad y porque el movimiento que de ellas surge sobrepasa a los partidos, organizas sociales y a las propias instituciones y se despliega, con autonomía, espontaneidad, sin líderes ni voceros, hasta contagiar, muy transversalmente, a la mayoría de sus sociedades. Manifestaciones típicamente postmodernas, en sociedades complejas, en medio del impacto de la globalización y de la revolución digital de las comunicaciones, con capacidad para paralizar ciudades enteras y contagiar, seguramente por la transparencia y la espontaneidad exhibida desde sus orígenes.
Como bien señala el filósofo eslovaco Zizek en su libro, de emblemático título, “El Coraje de la Desesperanza”, vivimos un nuevo punto de explosiones populares como sinónimo de la vulnerabilidad del Capitalismo Global y ellas se dan, también, en países que alguna manera se han considerado estables políticamente y verdaderos paraísos del consumo aun cuando una parte de la población este excluida o tenga una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo.
Las palabras dan significado y carácter a los acontecimientos sociales sobre todo en medio de la era digital y la palabra “evasión”, muy bien escogida por los estudiantes del Instituto Nacional que llevaron a cabo la primera acción en el metro, se liga, en la imaginaria de la sociedad, a la evasión de los impuestos de los poderosos, de los grandes empresarios, que han terminado ante tribunales por este delito y en la mayor parte de los casos absueltos, con la sanción de ir a clases de ética en una Universidad o simplemente sin siquiera ser juzgados por falta de una querella del Servicio de Impuestos Internos.
Si el alza del pasaje del metro apareció para el gobierno casi como un trámite burocrático que no valía siquiera la pena de explicar a la sociedad y si el Ministro Fontaine, en lo que pareció un burla hacia la población, decía que se madrugara para pagar menos, la acción de los escolares fue completamente subestimada, algo sin relevancia, dijo un Ministro, hasta que el Viernes 18 de Octubre – fecha que quedará en la historia como un hito o como el inicio de una pesadilla para quienes gobiernan – la ciudad se paralizó por la falta de transporte y a partir de ese momento comenzó a expandirse, a ir mucho más allá del pasaje del metro, a movilizar a centenares de miles especialmente de jóvenes en todo Chile y a despertar transversalmente en la sociedad chilena del malestar por la desigualdad, los abusos, la desconexión absoluta de las autoridades y de las elites de poder, con las penurias de la población y con la paciencia de los ciudadanos.
Fue la gota que rebalsó el vaso de la desesperanza y de la desconfianza con los políticos y la política, largamente anidada por muchos años de falta de soluciones a las esquirlas de un neoliberalismo impuesto por la dictadura y que continúa siendo el sello de una economía altamente concentrada en su riqueza, que mantiene un sistema de ahorro obligatorio privado con elevados costos de gestión y que da bajísimas pensiones a la mayoría de sus cotizantes, de un sistema de salud pública completamente insuficiente, de ISAPRES privadas que obteniendo altas utilidades discriminan y no cubren las elevadas tarifas de las prestaciones de las clínicas privadas.
En algún momento debía estallar la rabia contra el sistema en su conjunto en un país donde el 1% más rico concentra el 33% de la riqueza y hace ostentación de ello y de su absoluto control del poder económico y de los medios, y donde el 70% de la población gana menos de 500 mil pesos y el 50% menos de 400 mil en ujn país que tiene los medicamentos, las tarifas de luz, agua, transporte y de servicios básicos en general más altos del continente.
Pero junto a estas movilizaciones, en su mayoría pacíficas, que crecen cada día en número y transversalidad social, en las principales calles de todo el territorio nacional, hemos vivido dramáticos y repudiables hechos de violencia, destrucción del sistema del transporte subterráneo más extendido de América Latina y en el cual se movilizan millones de trabajadores y estudiantes cada día, asalto, incendios y robo a supermercados, multitiendas, hoteles e incluso servicios públicos.
Al respecto, es necesario hacer una radiografía de que grupos perpetran estos hechos. Ciertamente el desvalijamiento, robos e incendios en multiendas y casas comerciales operan grupos delincuenciales organizados que aprovechan no solo las manifestaciones políticas sino también las aglomeraciones deportivas, conciertos, para producir sus hechos delictuales y sorprende que el trabajo de inteligencia de las policías y del ANI no los haya detectado siendo grupos que utilizan vehículos identificables, lugares de almacenamiento y que comercializan en un mercado, clandestino pero conocido, las especies robadas.
Sin embargo, en los atentados al metro, buses, en el vandalismo y en la violencia encapuchada en las calles, operan, de una parte, grupos ideológicamente ligados al anarquismo, al foquismo, para los cuales la destrucción en sí misma es una victoria contra el sistema. Esta es una visión ideológica que tiene una larga historia de Bakunin en adelante. Pero también operan grupos de personas y sobretodo de jóvenes marginados y excluidos que como señala el realizador de cine colombiano Victor Gaviria – director de la “La Mujer del Animal” – “la violencia de los excluidos es la voz, el lenguaje de los que no tienen otra forma de hacerse notar sino a través de estas expresiones de odio, de rencor”. Son parte de un escenario de inhumanidad del que forman parte y donde la única manera de mantenerlo es propagarlo.
Por ello, conjuntamente con repudiar sin atisbos ni justificaciones la violencia y combatirla ajustándose estrictamente a la ley y a los principios de la valencia de los derechos humanos que le confieren al Estado la legitimidad ética para enfrentar a estos grupos, hay que estudiar estos hechos en tanto fenómenos sociales, como parte de una fractura profunda de nuestras sociedades, como una disgregación social que rompe todo consenso, todo vínculo con la política y con las instituciones a los cuales estos grupos no reconocen porque viven en la vereda del frente del sistema y son también víctimas de un modelo solo basado en la obtención de las mayores utilidades y en la lógica del mercado que impone el neoliberalismo.
Frente a esta convulsión social, el gobierno ha cometido, en esta semana de protestas, una continuidad de errores políticos y comunicacionales que han contribuido a su notorio aislamiento político y a que el propio movimiento lo sobrepasara hasta provocar el inmovilismo de su liderazgo y de la conducción del país. Primero subestimaron el inicio de la protesta escolar, después identificaron toda la protesta con la delincuencia y los violentistas, con la idea de que estas protestas eran parte de una conjura interna y externa para destruir Chile, al punto que el Presidente declarara que “el país estaba en guerra con enemigos poderosos” lo cual incentivó masivamente el descontento ciudadano. Esta sensación de incapacidad para controlar con medios políticos las protestas es lo que lleva al Presidente a declarar, ya prácticamente en la mayor parte del territorio nacional, el Estado de Emergencia y el toque de queda, que siendo plenamente constitucional, tiene connotaciones históricas y de memoria en la ciudadanía especiales en un país que vivió una larga y cruenta dictadura que hizo de los estado de emergencia y del toque de queda parte esencia de su política represiva.
Felizmente para el país, el Presidente, con extremo retraso, reaccionó, salió del lenguaje bélico y de la idea conspirativa, pidió perdón a la opinión pública y convocó a un diálogo con las fuerzas políticas de gobierno y oposición a la cual se restó, con explicaciones muy poco convincentes el PS, el PC y el Frente Amplio. La oposición perdió una enorme oportunidad no solo para dar una señal de unidad sino también de sentido país, de responsabilidad de Estado frente a una crisis de gravedad como la que vive el país, de contribuir toda ella a una salida que marcara el sentimiento y las exigencias de igualdad y de rechazo a los abusos del sistema.
A partir de ello, el Presidente, recogiendo algunas de las ideas de los partidos opositores, anunció un Plan Social que siendo insuficiente para abordar las demandas sobre todo de reformas estructurales del modelo económico y de la institucionalidad política que la población masivamente exige, tienen dos elementos importantes : el primero es que hay un reconocimiento a la legitimidad de las protestas y el segundo es que el gobierno, aún en la parcialidad de las reformas anunciadas, cambia su Agenda económica y se allana a temas que no había incorporado con anterioridad. Hoy sería completamente absurdo, e inviable de aprobar en el Senado, que el gobierno insistiera en la reintegración tributaria que devuelve más de 800 millones de U$ a los grandes grupos económicos y a su proyecto de modificación del sistema previsional que está muy lejos de las aspiraciones mínimas de la ciudadanía y que no resuelve, sobretodo, el tema del monto de la pensión en el plazo adecuado para los pensionados actuales y los que están por pensionarse. Por tanto debe haber una valoración de que ello ocurra porque se da en un claro conflicto interno que el gobierno tiene con su grupo más ultrancista que no está dispuesto a ninguna reforma.
Sería injusto y una evidente instrumentalización política que esta crisis que vive el país y las protestas en curso fueran adicionadas o presentadas como responsabilidad y como oposición solo al gobierno del Presidente Piñera. Estas protestas son contra el modelo económico neoliberal y contra la “clase”política que ha gobernado el país en los últimos 30 años sin producir los cambios estructurales que hoy se reclaman y se requiere una autocrítica de todos los sectores políticos de lo que no hicimos para modificar más a fondo el modelo económico y la propia institucionalidad política.
Hay un fuerte cuestionamiento al mundo empresarial que en sus declaraciones muestra no percibir el grado de descontento y rabia que hay entre los chilenos con los abusos y con un sistema que mantiene bajas remuneraciones frente a enormes ganancias de los mayores grupos económicos que actúan con arrogancia y tratan de impedir cualquier cambio que modifique la actual distribución del ingreso. El empresariado debe ser parte de las soluciones a la deuda que el actual sistema económico tiene con los chilenos y no parte del problema.
¿Porque no se produjo antes esta explosión social? Seguramente porque el país tenía sólidos niveles de crecimiento económico y una imagen de bienestar que produjo una movilidad social muy significativo. Esto se agotó, hoy hay límites globales que influyen determinantemente en una economía tan abierta como la chilena, a los niveles de crecimiento interno y probablemente la imagen neoliberal de un gobierno encabezado por un empresario que es la tercera fortuna del país y de su programa que colocó todas sus fichas en la canasta del crecimiento económico, haga que la ciudadanía identifique más en este gobierno que en los anteriores la responsabilidad inmediata de la crisis.
¿Cómo dar una salida a esta crisis? En lo inmediato, el Presidente deberá precisar sus propuestas sociales donde no haya ninguna duda de “letra chica”, ampliarla especialmente en el tema previsional, de salud, también el plano de la reforma a la Constitución – dado que existe la necesidad de crear canales de expresión, participación y decisión de una ciudadanía que debe ser garante dentro, de una democracia más sólida y amplia, de la gobernabilidad – y seguramente introducir cambios en su gabinete porque hay ministros o sobrepasados por los acontecimientos, o demasiado marcados con la Agenda anterior o con declaraciones que mostraron un alto grado de desconexión con el país y rostros y lenguaje nuevo puede contribuir a que el gobierno recupere capacidad para ofrecer gobernabilidad.
Debe garantizar el compromiso del gobierno con la plena investigación de las circunstancias en que han muerto 18 compatriotas y hacerse parte de las querellas ante los Tribunales por las denuncias a las violaciones a los derechos humanos que ha comprobado el propio Instituto de Derechos Humanos y, a la vez, dar una señal concreta de en qué momento se pondrá fin al Estado de Emergencia y los militares dejarán de estar a cargo de la seguridad interna del país.
La oposición debe discutir un acuerdo de fondo para ir a un nuevo modelo de desarrollo del país que contemple los aspectos sociales y ambientales que permitan construir un Chile más moderno, sostenible y equitativo y proponerlo al país como un compromiso inmediato de acción y como idea fuerza del país que proyecta hacia el futuro.
No se sale de esta crisis con peticiones de renuncias o Acusaciones Constitucionales que vulneren el respeto de todos los sectores, sin excepción, a las normas y principios de la democracia. Aquí está rota la confianza en todos los partidos y en las instituciones y debemos esforzarnos por recrear lazos de confiabilidad y credibilidad con la sociedad civil y por reponer y dignificar el rol de la política como el espacio donde se debate y generan los grandes consensos, que deben incluir a la ciudadanía, que den estabilidad en el cuadro de un país donde legítimamente compitan diversas miradas sobre el desarrollo de este.
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