Por: Ricardo Neira N. CEO Academia Industria 4.0
En el marco de la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que prorroga el plazo para que las universidades estatales entreguen al Presidente de la República sus respectivas propuestas de modificación de estatutos —dada la imposibilidad que habrían tenido algunas de las comunidades universitarias para realizar sus procesos de forma suficientemente reflexiva y participativa a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19—, se abre la oportunidad de reflexionar sobre uno de los temas gravitantes que las afectan: la gestión de las universidades del Estado.
La pregunta que muchos pueden hacerse es en qué influye esto en el resto de la sociedad si se trata de una legislación que afecta a un segmento muy pequeño y cerrado de la misma, las universidades del Estado y sus comunidades. Pues bien, este puede ser el momento para que, como sociedad, nos hagamos cargo de pensar y discutir qué es lo que esperamos de las universidades del Estado, que son patrimonio de todos y que deben dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad, más aún cuando estamos ad portas del inicio de las deliberaciones de la Convención Constitucional que nos dará una nueva Carta Magna, en la que la educación, en su conjunto, será uno de los aspectos que más que probablemente se convertirá en parte de los derechos sociales que el Estado de Chile deberá garantizar a todos sus habitantes.
Durante la discusión parlamentaria, uno de los aspectos gravitantes fue la necesidad de mayor democracia al interior de las instituciones y el enorme poder que recae sobre las rectorías y los órganos directivos universitarios, en muchos de los cuales no hay participación triestamental, dejando sin posibilidad de opinión a estudiantes, académicos y no académicos, cuyas voces, sin duda, deben ser también escuchadas.
En ese plano, debiese también considerarse a los egresados de las distintas universidades del Estado, que también debieran ser parte de la comunidad y que tienen mucho que decir sobre su formación y sobre la vinculación de la institución con el medio externo, dando una nueva mirada de comunidad universitaria, más integradora y más competitiva en el desarrollo del país para el siglo XXI.
Asimismo, la elección de rectores debe tener un giro que permita que la competencia se dé entre los mejores candidatos, minimizando factores políticos y/o clientelistas. Por ello, una buena posibilidad es que los candidatos a rector sean elegidos a través del Sistema de Alta Dirección Pública —de la misma manera que las empresas del Estado de Chile seleccionan a sus ejecutivos máximos— y que estos puedan ser seleccionados tanto con académicos de la propia comunidad como externos, ya sean nacionales o extranjeros, proceso que puede ser ampliado también a la selección de otros directivos universitarios, como vicerrectores y decanos.
Luego, los seleccionados por este sistema deberían ser refrendados por la comunidad universitaria, evitando con ellos que se quiebre el principio de autonomía universitaria, pero incorporando a un nuevo actor, la comunidad regional, pues la mayoría de las universidades del Estado nacieron para cubrir las necesidades de educación superior de la región en la que se emplazan, y cuyos habitantes también debieran contar con voz y voto a la hora de definir el gobierno universitario.
Por otra parte, resulta trascendental también que las comunidades universitarias de las instituciones de educación superior del Estado generen sus nuevos estatutos de manera informada, participativa y sistematizada, con un análisis que apunte no solo a establecer los planes de gobernanza sino a determinar qué universidad estatal queremos para Chile, tomado en cuenta no solo los factores intrauniversitarios sino la realidad del país y sus necesidades futuras.
Si bien el tiempo que queda para ello es poco —la prórroga da un año más a las instituciones, que vence el 5 de junio de 2022—, sería enriquecedor poder realizar encuentros, talleres y seminarios que cuenten con la participación de expertos nacionales y especialistas en gestión pública universitaria, así como con expertos internacionales de universidades públicas de otros países que sean líderes en el ámbito académico y por el tipo de administración que realizan, y, por supuesto, con representantes de la sociedad civil de la región.
Por último, otra reforma importante que debiera considerarse en que los consejos superiores de las universidades del Estado integren a representantes de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado —los presidentes de las comisiones de Educación, por ejemplo—, quienes, finalmente, son los que tendrán la responsabilidad de legislar sobre la materia y podrían constituirse en un aporte significativo tanto para la gobernanza universitaria como para entender de mejor manera cómo esta se desarrolla.
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