Por: Luis Moncayo M. Director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN, sede Coquimbo. Presidente del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) y del Capítulo Regional de la Fundación Chile Descentralizado
Cuando se nos aproxima el fin de una nueva temporada estival donde cada chileno y chilena buscaron diversas formas de acceder al reparador descanso, pudiendo muchos estar satisfechos por lo logrado, y otros muchos insatisfechos por no haberlas encontrado, se nos viene el mes de Marzo.
Marzo por excelencia es el mes de la educación donde las familias buscan acceder a los útiles y uniformes escolares, estos últimos felizmente cada vez en una creciente retirada; a los recursos para financiar el traslado de sus hijos; a esforzarse para pagar la escolaridad; y a la estructuración de un modo de organización del quehacer familiar que compatibilice las actividades laborales con las crecientes exigencias que el sistema escolar demanda de los padres y madres.
Marzo es también el mes de los debates acerca de la calidad de la educación, del acceso equitativo a los servicios anexos a la educación misma (alimentación escolar, gratuidad o bajo cobro del pasaje escolar, entre otros), de los discursos grandilocuentes acerca de la importancia de la educación para acceder a la movilidad social y de las inauguraciones del año escolar como espacio para relevar el sentido de educarse como parte relevante de la vida.
En este contexto es bueno reflexionar acerca de la calidad de la educación a la que tienen acceso a la mayoría de los chilenos y chilenas, y acerca de la gratuidad escolar recientemente implementada en Chile y su correspondiente contrapartida como lo es el precio de los aranceles matrícula cuando esta es proporcionada por privados.
Respecto a la calidad, pareciera haber un consenso en torno a la mejoría de ésta en relación a la educación chilena de hace 4 lustros atrás; también un consenso en que aún ella no está a la altura de las exigencias de la vida individual y social del siglo XXI. Las condiciones desventajosas en las que trabajan los docentes, los métodos de enseñanza aprendizaje mayoritariamente obsoletos a causa de la gran cantidad de alumnos por sala, la lógica de la mera competitividad escolar y la constatación de que el sistema escolar no está siendo un espacio creativo por excelencia para los educandos, evidencian que aún las expectativas de los diversos actores del sistema educacional no han sido satisfechas.
En cuanto a la gratuidad, es cierto que ella existe, pero al precio de que la mayoría de las familias chilenas tengan que matricular a sus hijos en un establecimiento escolar público no deseado, de baja calidad, como consecuencia de la concentración de las postulaciones en los establecimientos educacionales públicos de mayor prestigio en cada ciudad.
En definitiva, la mayoría de la población en edad escolar postula a colegios públicos sabiendo de antemano que existe una muy baja probabilidad de ingreso a consecuencia de la gran demanda por ingreso. Al respecto ¿No hubiera sido mejor que la última reforma educacional hubiera iniciado su implementación con políticas públicas focalizadas en esfuerzos de mejoramiento de la calidad, para posteriormente y de una manera paulatina haber llegado a la gratuidad universal?
Y en cuanto a la educación particular pagada, si bien es razonable que las familias que optan por esta modalidad paguen de su peculio los precios de esta que se establecen en función del mercado, ¿parece razonable que la educación particular pagada cobre cuotas de inscripción que fluctúan entre un millón de pesos anuales adicionales a los aranceles matrícula y 4,5 millones de pesos?.
Los economistas del libre mercado tienen una respuesta aparentemente racional: esta cuota se justifica como “barrera de entrada” que es establecida por el mercado cuando la demanda es mayor que la oferta de una educación particular pagada de calidad. En este contexto, ¿es coherente afirmar que la educación en Chile es un bien público?
Definitivamente aún estamos lejos de alcanzar la meta de una educación de calidad y que opere bajo el principio de la equidad social.
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