Por: Carlos Delgado Á. Director Universidad de Los Lagos- Chiloé
La inminente instalación de los gobiernos regionales luego de la elección de los gobernadores este año y de la transferencia de nuevas competencias, nos coloca frente a otra realidad, donde la importancia creciente de las complejas y diversas relaciones intergubernamentales adquieren un carácter estratégico para la implementación de las políticas públicas y en cuyo escenario no se puede ignorar la diversidad de decisiones que se adoptan en el sistema, originando la posibilidad de que éstas puedan ser elaboradas en distintos niveles de gobierno y entre ellos, pero también, que las relaciones que se puedan generar entre los organismos estatales de distinto nivel y autoridad jurisdiccional, y entre estos y los actores sociales que intervienen, según tipo de decisiones de que se trate, impongan el desafío a las actuales autoridades y actores de la sociedad civil, de preparar la transición e institucionalización del nuevo ordenamiento político regional por intermedio de una agenda concordada con los servicios públicos del nivel central. ¿Qué se está haciendo al respecto? Nada.
Hasta hoy, la necesidad de un buen gobierno regional y local se discute en muchas circunstancias desde una perspectiva “unidimensional”.
Al hacerse sólo en referencia a la dinámica centralización-descentralización, pareciera olvidarse la importancia que tienen las estructuras, los órganos y los actores involucrados en el proceso de gestión de las instituciones intermedias que han sido las principales responsables de llevar adelante las políticas de transformación que suelen estar bajo su responsabilidad.
Piense en educación y salud por su complejidad y relevancia, pero también aquellas que desafían nuestros anhelos de mayor bienestar y mejor vivir, como ordenamiento territorial, políticas de vivienda, gestión de las aguas y de la basura, entre otros.
Para el caso de educación, por ejemplo, interpretar el rol de los actores que participan del nivel intermedio del sistema educativo, es decir, de aquellos responsables de implementar y administrar para un determinado grupo de escuelas las políticas diseñadas en otro ámbito u órgano jurisdiccional del sistema escolar, exigirá establecer definiciones para configurar el nivel intermedio y el rol de los actores que en el intervienen, más aún cuando en la complejidad actual conviven actores jurídicos diversos.
Es evidente que surgirá un nuevo modelo de autoridad coordinada, que superará las relaciones intergubernamentales en términos de jerarquía o de autonomía, y que deberá reconocer la existencia de una autoridad superpuesta y en la cual la negociación y la cooperación entre los diversos niveles de gobierno se constituirán en un requisito fundamental para el buen gobierno y la gobernanza territorial.
Así se podrán hacer las necesarias distinciones entre las funciones políticas y las actividades administrativas o de gestión propiamente tal.
La configuración de un nivel intermedio de gobierno con carácter y sentido territorial, consciente de su autoridad y de sus responsabilidades, se instalará como un desafío desconocido hasta ahora en el sector público y prevemos no exento de roces y conflictos, pero también de nuevos aprendizajes.
Por eso, todos estamos llamados a cooperar en la generación de ambientes, estrategias y diseño de procesos de toma de decisiones para lograr con éxito un proceso electoral primero y luego la instalación de un nuevo gobierno regional que no traiga frustración a los anhelos descentralizadores que por tantas décadas hemos anidado en nuestra cultura regional.
Estos nuevos desafíos para la gobernanza regional y local dicen también, relación con la coordinación de acciones de gobierno con instituciones y actores para lograr propósitos de desarrollo en un marco democrático y participativo con explícitos compromisos de eficiencia en la gestión, considerando a lo menos, tres ámbitos que estarán muy presentes en la discusión sobre políticas públicas: la coordinación entre niveles, agentes e instituciones para propósitos comunes; la gestión eficiente y las soluciones adecuadas y, el ámbito de la práctica democrática y participativa con compromisos y metas conocidas y controlables por los ciudadanos.
En este sentido, el buen ejercicio del gobierno multinivel se constituye en una necesidad apremiante para que lo político responda a los desafíos de un buen gobierno, especialmente en las nuevas expresiones regionales y locales que comenzarán a configurarse más allá de las atribuciones de los nuevos gobiernos regionales.
La fuerza del ejercicio democrático, deliberativo, exigirá nuevas formas de gobierno territorial y de relaciones con los ciudadanos, y los funcionarios de carrera, designados o electos, deberán aprender rápidamente a incorporar nuevas prácticas.
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