Por: Diego Ancalao G. Analista político mapuche y Presidente de Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena
Frente al denominado “conflicto mapuche”, existen muchas visiones y posturas. Algunas de ellas no contribuyen a encontrar soluciones que resuelvan este asunto en sus raíces profundas.
Lo primero que debe aclararse es que, en el momento presente, este es un conflicto en el que confluyen dos partes: el Estado de Chile, por un lado, y el pueblo mapuche, por otro. Esto que parece obvio, no lo es, sobre todo para quienes sostienen que este es un país unitario, con una sola historia y una sola identidad.
He aquí un error de fondo. Chile es, en su conformación esencial, un Estado eminentemente plurinacional en el que conviven distintos pueblos, algunos de los cuales han sido negados y han sufrido un intento sistemático de aniquilación y asimilación, contra su voluntad.
Luego, en la comprensión del problema y en el modo en el que se le asume, existen posiciones que han logrado, hasta ahora, transformarlo en una enfermedad endémica, que pareciera no tener un tratamiento satisfactorio. Desde mi punto de vista, creo necesario distinguir al menos tres de estas visiones perniciosas.
La primera de ellas, y tal vez la más nociva, es la indiferencia. La actitud de apatía ha caracterizado tradicionalmente la relación de la casta política con el pueblo de Chile y con los pueblos indígenas, lo que ha sido el caldo de cultivo de la discriminación y un verdadero menosprecio de comunidades humanas que se estiman ajenas, inferiores y hasta amenazantes del ideal de una nación plenamente integrada.
Esa indiferencia cómplice, que ha tenido efectos devastadores, ha comenzado a transformarse en una conciencia creciente de ser un pueblo orgullosamente diverso. Esa mayor conciencia ha provenido de la gente común, que le ha tocado compartir la experiencia de la exclusión, los abusos, y se ha visto reflejada en pueblos que han tenido esa condición desde hace siglos.
Otra actitud clásica es aquella caracterizada por la ignorancia pura y simple. Pero esto tampoco es casual. Chile, desde su conformación como República, ha impuesto un sistema educacional atravesado por una “historia oficial” a lo menos sesgada y, la mayor parte del tiempo, orientada a ocultar la verdad de los hechos. Los chilenos han sido entrenados a mirar en una sola dirección y bajo un solo prisma. Tal como ocurre en las dictaduras de “pensamiento único”, de cualquier color político, se ha impuesto una verdad absoluta, que ha desconocido la riqueza de nuestro origen plurinacional.
Pero, también, podemos constatar una visión en que prima el interés individual. En este caso, la verdad histórica no es lo relevante. Lo que importa es que las condiciones institucionales que han definido a Chile, han terminado favoreciendo a algunos pocos, en perjuicio de una mayoría que, hasta hace poco, no había reconocido su poder y su fuerza transformadora. Estos grupos privilegiados han tomado lo que se les ha ofrecido y han preferido no mirar los costos humanos que ello ha implicado.
Como lo señala esa frase conocida, “no se pueden hacer tortillas sin romper huevos”, pues bien, alguien tiene que pagar el costo de “mi” bienestar. Esos “daños colaterales” de modelos de desarrollo basados en las distancias insalvables de las condiciones de base y el libre juego de un mercado que siempre beneficia a los mismos, son asumidos sin mayores problemas por sus beneficiarios. Las implicancias éticas de esa situación, son simplemente puestas entre paréntesis, para que eso no obstaculice el deseo de disfrutar plenamente los logros de los que se goza.
Hace algunos días apareció públicamente la propuesta de la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC). Sin pretender hacer un juicio a las personas que conforman esa agrupación empresarial y sus líderes, sí quiero analizar lo que esa declaración señala o insinúa. En efecto, se dice que “los graves hechos ocurridos que se han profundizado en los últimos meses, evidencian una nueva forma de actuar y una mayor complejidad en la organización de quienes los llevan a cabo. Confirman que en la zona operan organizaciones criminales con poder de fuego, que se dedican al tráfico de drogas, a la compra ilegal de armas, al robo de madera y al abigeato, todo lo cual dista de las aspiraciones del pueblo mapuche y es protagonizado por minorías que operan fuera del marco de la ley”.
La frase, de alguna manera, relaciona estos actos con las que serían las aspiraciones de mi pueblo. Al respecto quiero reiterar que actos delictuales como los que se señalan, deben ser imputados a quienes resulten responsables, luego de las investigaciones correspondientes y el juicio ecuánime que debe seguirle.
Un delito cometido por un católico, no permite inferir de inmediato la complicidad de la organización a la que este dice pertenecer. Esto, que parece una cuestión meramente semántica, debe siempre tenerse presente a la hora de querer aportar a resolver un conflicto, que sin duda existe, pero que requiere la máxima prudencia en los términos que se utilizan.
Otra frase que destaca en esta propuesta es la que señala que “por una parte, no se justifica que las tierras de calidad indígena (incluyendo las adquiridas con recursos de Conadi) tengan restricciones y prohibiciones, que limitan severamente sus oportunidades de desarrollo y les impiden insertarse en el mundo productivo correctamente, con obvias consecuencias negativas”. Aquí la cosa es más nítida. Existe una tendencia a reducir un problema histórico y político a un asunto lisa y llanamente de pobreza, que se resolvería con dinero y que pasa por privatizar las tierras, como única vía de solución.
Al respecto, debo recordar que lo que aquí ocurre es un choque de culturas, que observan la realidad desde perspectivas antagónicas. El pueblo mapuche no renunciará a desarrollarse de acuerdo a su propia filosofía y no está disponible para adoptar visiones extranjeras, sobre todo cuando ellas priorizan la utilidad económica por sobre el itrofil mongen (la vida de todos los seres y en todas sus formas). Ese modelo mercantilista, individualista, que superpone el interés individual al bien común y que privilegia la libertad sin límites, ha demostrado su fracaso, por dos simples razones: porque ha esclavizado al ser humano y atropellado su dignidad, y porque ha destruido la madre tierra.
Y solicita: “Realizar los cambios para flexibilizar las limitaciones a la propiedad de las tierras indígenas, sin afectar el principio de inalienabilidad a no indígenas”. En este aspecto, la CPC reafirma el viejo concepto liberal de la propiedad privada, olvidando que el nuevo paradigma es el de “el destino universal de los bienes”.
En ese sentido, suscribo las palabras del Papa Francisco en su última encíclica, denominada Fratelli Tutti, que en su número 122 señala que “el desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado, no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que quien se apropia algo es solo para administrarlo en bien de todos”.
Más adelante, la propuesta de la CPC señala que “la extrema gravedad de los hechos ocurridos las últimas semanas, deja en evidencia que afrontar con fuerza y convicción la violencia, el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, hoy constituye un imperativo ético que no admite contextualización, antes de entrar a un peligroso camino sin retorno”. Creo que una gran mayoría sostenemos la necesidad de alcanzar la paz, pero ese imperativo ético no se puede disociar del contexto. Son las circunstancias acaecidas las que explican el estado actual de cosas en La Araucanía. Olvidar eso es perder de vista el horizonte de sentido de los hechos actuales.
Por otro lado, se insiste en que en este territorio hay terrorismo, a pesar de que el Estado de Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana por la aplicación de una Ley Antiterrorista, siendo obligado a compensar económicamente a los mapuche encarcelados. La paz se impondrá por la fuerza de nuestras convicciones y la consecuencia de nuestros actos.
Estos representantes del mundo privado proponen “un pacto político, cultural, social y económico”. Esto aparece como una buena intención. Sin embargo, nada se dice sobre los derechos territoriales, que son la columna vertebral de las demandas de mi pueblo. Así, intentan reducir el genocidio, la usurpación territorial y el robo de animales por parte del Estado (según las actas del Ejército de la época) a un simple hecho cultural, social y económico, es decir, de pobreza.
Y… ¿qué ocurre con la debida compensación por la usurpación de esas tierras por parte del Estado?, ¿qué hacemos con la “corrida de cercos” de los emigrantes europeos?, ¿y la toma de fundos con compras y ventas falsas, según el libro El despojo nagche, en que asesinaron al lonco Ancamilla y violaron a sus hijas y esposa y las ensartaron en picas en la entrada de su casa?, ¿y los asesinatos del lonco Melín y su hijo, para usurparles las tierras?, ¿y los contratos notariales falsos que se encuentran en el museo de don Hugo “Fito” Gallegos en Angol? Eso es una pequeña parte de esa historia y de ese contexto, que se prefiere no reconocer.
Nos enfrentamos a una encrucijada que nos exige redefiniciones importantes. Más allá de lo que se pretenda argüir, los grupos de poder han defendido sus intereses particulares, creando un sistema de protección que se mantiene hasta hoy. Esto podría ser legítimo, si no hubiera implicado tanto dolor y vidas humanas.
Ese sistema utiliza fórmulas que previenen los efectos negativos de las contradicciones éticas fundamentales que lo caracterizan. Una de ellas es estereotipar al otro, hasta transformarlo en un objeto desechable. Es mejor “cosificar” al que me incomoda, para justificar una política de anulación. Entonces, los indígenas son flojos, borrachos, criminales y terroristas. Bajo estas carátulas, se les deja fuera de la ley y así logran poner nuestras reivindicaciones históricas y colectivas fuera del debate. Con esos preceptos, solo dialogo con aquellos indígenas que se han logrado “civilizar” y están suficientemente domesticados. En eso llevamos ni más ni menos que 140 años. ¿No será tiempo de un cambio? Nosotros creemos que sí, y en esta seguridad ya no estamos solos.
En esta propuesta, sin embargo, se percibe la intención de infundir miedo. En efecto, los mensajes de miedo se usan para unificar a un grupo, creando la figura de un enemigo percibido como peligroso y aterrador. Esa antigua estrategia podrá funcionar en muchas partes, menos con el pueblo mapuche, que sigue luchando y ha logrado sobrevivir a todos los modos de violencia que el ingenio humano ha sido capaz de implementar.
El documento propone un proyecto de ley que aumente penas al delito de usurpación, modificando los artículos 457, inciso primero, y 458 del Código Penal. Esto parece una ironía, pues todos sabemos cuál es la usurpación que ha generado todas estas consecuencias. De hecho, hasta hoy mi pueblo lucha por la restitución de tierras y derechos arrebatados por una guerra fratricida.
Esta propuesta para La Araucanía y la Provincia de Arauco, redactada en cómodas oficinas del “Sanhattan” capitalino, no deja de ser una hecha para administrar mejor el conflicto, pero no para resolverlo.
Hablemos en serio. Nosotros queremos revivir la experiencia histórica del Tratado de Tapihue de 1825, que resolvió la controversia y reconoció a la nación mapuche. Lamentablemente ese tratado fue violado el año 1860, desconociendo sus acuerdos. Promoveremos un nuevo parlamento y un nuevo Tratado de Tapihue, que es la solución de fondo, no maquillaje como se propone con una nueva mesa de diálogo.
Y queremos recoger la exitosa experiencia internacional en esta materia. Si hablamos de desarrollo económico, las políticas desarrolladas para promover negocios indígenas en Australia, Canadá, los Estados Unidos y Nueva Zelanda, parten con el reconocimiento de los pueblos indígenas y su autodeterminación, que se basa en el pleno reconocimiento de sus derechos colectivos. Sus políticas públicas se basan en la promoción integral del sector empresarial indígena y no en soluciones que terminan afectando siempre el bien de la mayoría.
Todo esto, no hace más que acentuar la necesidad urgente de resolver la deuda histórica de derechos colectivos usurpados y normativas que igualen la condición jurídica y social del pueblo mapuche y los demás pueblos.
En ese empeño, estamos dispuestos a jugarnos la vida.
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