Por: Marko Razmilic. Presidente Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA)
Un royalty a la minería debe ser capaz de compatibilizar el objetivo recaudatorio con la sustentabilidad de la actividad productiva afecta. Si no es así, no sólo no se cumplirá la sustentabilidad de la recaudación y beneficios sociales asociados, sino que se afectará negativamente la producción, empleo e ingresos de las familias que trabajan en ese sector y sus encadenamientos.
Para el caso de las regiones mineras, la rigurosidad del análisis anterior es fundamental porque un royalty desproporcionado significará que la industria pierda total competitividad, desaparezca en el mediano plazo o quede muy debilitada, con todo el impacto que esto significaría en términos de empresas proveedoras, prestadoras de servicios y todos los otros sectores productivos: comercio, construcción, servicios personales.
El proyecto de royalty aprobado en la Cámara carece de toda proporción, no sólo se propone cobrar un royalty de 3% a las ventas, sino además un esquema progresivo en base al precio internacional del mineral, terminando con una tasa marginal de 75% y una tasa efectiva del 27% a las ventas.
De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizarse el capital para pagar impuestos.
Por otra parte, debemos tener muy presente que la historia tributaria a la minería chilena demuestra que siempre ha primado un interés recaudatorio fiscal nacional. En los períodos de gran recaudación fiscal minera a nivel nacional, las regiones mineras no aumentan sus presupuestos per cápita. No obstante, su gran aporte de recursos fiscales, la Región de Antofagasta no ha sido compensada en gasto e inversión fiscal. La última demostración, es el casi nulo impacto del impuesto específico a la minería (junio del 2005), en el presupuesto de la Región de Antofagasta. La inversión pública efectiva promedio, en el período 2001-2005 (antes del impuesto) fue un 3,9% del total nacional y, para el período 2006-2019 (después del impuesto) fue de un 4,2%. Es decir, no se movió.
Se debe estudiar el financiamiento para las demandas sociales y para las regiones mineras que aportarían los recursos, sin que esto signifique que desaparezca la industria, el empleo y los ingresos de las familias. De acuerdo a los estudios profesionales y simulaciones técnicas aplicadas a la minería chilena, la actual propuesta de royalty minero significaría que Chile y, particularmente las regiones mineras, destacando a Antofagasta, tendría un impacto demoledor en el sector y todos los encadenamientos económicos y sociales que nosotros conocemos bien.
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