Por: Verónica Encina. Abogada de la Universidad de Chile. Especialista en Derecho Penal.
Una amiga pregunta en Facebook: ¿Quién tiene el proyecto de constitución para leerlo? Y llueven los comentarios: “¡No hay!”, “¡Pero cómo!”, “Por eso hay que votar rechazo, porque no tenemos idea qué estamos votando!; “Yo no me arriesgo”, “¡Qué miedo!
Lo cierto es que el 26 de abril la ciudadanía está convocada a pronunciarse respecto de dos cosas. La primera, si quiere que se dicte una nueva constitución o no (Apruebo o Rechazo) y la segunda, si prefiere que dicha nueva carta fundamental, se elabore por una Convención Constituyente, elegida en un 100% por la ciudadanía, o si la redacta una convención compuesta, de modo mixto, en un 50% por parlamentarios en ejercicio y en un 50% electo por la ciudadanía. De manera que aún no existe una propuesta, ya que será en la siguiente elección, la de octubre, donde los candidatos a la convención se centrarán en ese debate, lo que, ciertamente, es lo más democrático.
Pero me quedé pensando…pensando en que parece razonable la pregunta. Y ello porque la total incertidumbre genera un humano temor a lo desconocido, entraña un riesgo que ni siquiera se puede medir e implica una aparente decisión a ciegas, que nadie, medianamente razonable puede justificar cuando se trata de, nada más y nada menos, que lo que será la declaración básica y ordenadora de una sociedad, es decir, la Constitución Política de la República.
Y es que, en realidad, tal incertidumbre es, por fortuna, sólo aparente. Porque ya se ha dicho en todas partes, por los políticos, por la gente, por los manifestantes, en sus pancartas, en sus consignas, incluso en las rutinas humorísticas del Festival de Viña.
Nuestro país necesita una Constitución que permita a los ciudadanos un diálogo democrático verdaderamente representativo, no sólo de sus partidos políticos, sino también de sus clases sociales, barrios, etnias y géneros.
El estallido evidencia que se requiere una Constitución que asegure derechos sociales básicos: jubilación, salud y educación dignas; una que no sea un impedimento para que se discutan leyes que mejoren el nivel de vida de todas y todos, sino un punto de partida para un Estado protector de derechos, que permita a las mayorías plasmar gobierno a gobierno sus programas, respetando las minorías, y que no establezca vetos de antemano, como lo hace esta Constitución de 1980, a través del Tribunal Constitucional y otros institutos similares.
Es necesaria esa claridad para diluir la atemorizante incertidumbre. Debemos aunar esfuerzos, renunciar a los proyectos propios y a la diferenciación necesaria para la competencia electoral en tiempos de normalidad, porque este es un tiempo distinto; uno de trascendencia histórica.
Debemos entonces repasar el consenso básico: el apruebo con convención constituyente, abre la puerta a una Constitución que establecerá un Estado verdaderamente democrático, que asegurará derechos sociales, como jubilación, salud y educación, pues son ámbitos que el mercado no puede garantizar, y, por tanto, hará de Chile un país cuya estabilidad no sea a costa de la desigualdad, sino basada en que la libertad sea asequible para todos, porque lo cierto es que la verdadera libertad, nunca ha estado amenazada por la justicia.
Una certeza básica, para saber qué se aprueba y qué se rechaza el 26 de abril, sin temor a equivocarse ni a lo que vendrá.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
