Por: Marcela Hernando P. Diputada por la región de Antofagasta
Para ninguna persona en su sano juicio deberían resultar un misterio las últimas estrategias comunicacionales del Gobierno. No parece una coincidencia que el Ejecutivo haya elegido el domingo 26 de abril, para lanzar “inocentemente” la idea que es necesaria una nueva postergación del plebiscito constituyente, considerando que producto de la lentitud de medidas económicas directas para las familias ante la crisis del Covid 19, es inminente que el Apruebo haya ganado aún más terreno que el que tenía hasta antes de la crisis.
Este viernes 24 de abril, en un foro organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo, el ex Ministro Andrés Chadwick planteó que con el escenario de coronavirus se genera una probabilidad de que no podamos tener plebiscito en octubre, por lo que era necesario contar con «un plan B”.
Inmediatamente después, a través de una entrevista (seguramente solicitada por su propio equipo de prensa) al diario La Tercera, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice que el plebiscito de octubre deberá evaluarse de acuerdo a la situación sanitaria del país y propone unir las elecciones de gobernadores junto a las de cores y parlamentarios. En resumen, sin siquiera ponerse colorado, deja nuevamente caer la idea de postergar el plebiscito para el próximo año 2021.
Horas más tarde, la vocera de Gobierno sale presurosa a respaldar las declaraciones del Jefe de Gabinete y vuelve a reforzar la misma idea.
Pero como la torta no es torta sino lleva guinda, esa misma noche, el presidente Piñera en una entrevista en CNN en español, nuevamente deja caer “la posibilidad” de postergar el plebiscito, bajo la excusa de los “estragos económicos” que nos dejará la pandemia del Covid-19.
Finalmente, para intentar dar el marco de credibilidad necesario y tratar de engatusar a los partidos y al parlamento con esta idea, aparece la encuesta Cadem del 27 de abril, que señala que el “50% de los entrevistados cree que el Plebiscito de octubre debería postergarse hasta que esté superada la crisis sanitaria y solo un 35% estaría por que se realice”.
Una semana antes de este predecible show comunicacional y en el contexto del anuncio del Plan Gradual de Retorno a Clases, el primer mandatario nos transmitía el concepto de “Nueva Normalidad”. Nos dijo que “deberemos vivir con el Coronavirus entre nosotros, por un período que estimamos en hasta dos años”. O sea, hasta que él termine su periodo.
Que coincidencia más conveniente y oportuna para un gobierno que a pocas horas de haber asumido, ya había perdido el sentido de la conducción. Que irresponsable e indolente tratar de ocultar los errores y desaciertos cometidos desde marzo del 2018 a la fecha, llevando el foco de la discusión a una situación que ya está resuelta: el plebiscito constitucional debe realizarse el 25 de octubre, porque el pueblo es disciplinado con las instrucciones sanitarias, pero no se ha olvidado de los abusos que continúan y se exacerba el ánimo cuando las AFP reparten dividendos, las Isapre reajustan precios y grandes empresas se adscriben a la Ley de protección al empleo para no pagar los sueldos de sus trabajadores.
No podemos aceptar más dilaciones y porque, como médico, estoy segura que en esa fecha las condiciones ya estarán dadas para que la gente pueda llegar a las urnas. La Constitución que consagra la desigualdad del sistema económico imperante en nuestro país debe terminar lo antes posible, porque sin ella no será posible una recuperación económica que encauce a nuestro país en el rumbo del desarrollo sustentable y con un estado solidario que sea motor de la economía basada en el bien común y no en los privilegios de unos pocos.
Seamos claros, los subterfugios para aplazar las definiciones sociales ya no resultan, y menos aún en estas circunstancias. Aquel que ha mostrado su peor cara durante la expansión de la pandemia, no podrá impedir que la voluntad del pueblo se manifieste este 25 de octubre.
Si de verdad existe preocupación por las personas, me parece que lo correcto no es aplazar el plebiscito, sino avanzar en la implementación del voto electrónico de tal manera de tener un sistema funcionando para el 25 de octubre.
El Covid-19, si bien es cierto nos puso frente a un espejo y evidenció la precariedad en que se encuentran las instituciones del Estado, también mostró a un pueblo preparado para asumir los enormes desafíos tecnológicos que enfrenta Chile. En cuestión de días, rápidamente, se implementó el sistema de teletrabajo con muy buenos resultados, y el sistema educacional completo debería ser capaz de una modalidad semejante, en la medida que seamos capaces de superar las brechas tecnológicas a las que se ven enfrentados nuestros estudiantes. La verdad, en esta pandemia el único que pareciera no estar dando el ancho es el Gobierno.
Llamo entonces a mis colegas parlamentarios a no dejarse seducir por cantos de sirenas, a no ser cómplices activos ni pasivos de una operación comunicacional irresponsable y a dar todas las facilidades para que el proceso se pueda llevar a cabo en el mejor de los ambientes y siempre buscando una gran participación.
En ese sentido, creo que debemos dar especial atención a las condiciones absolutamente adversas en que los partidos en formación se han visto atrapados: para ellos es imposible desde todo punto de vista cumplir con las formalidades que establece la ley para que puedan convertirse en partidos antes del proceso de elección de constituyentes, y es nuestra responsabilidad como parlamentarios, insistir ante el Ejecutivo el envío urgente de un proyecto de ley que les dé la oportunidad de competir democráticamente en esta gran gesta constitucional que comienza el 25 de octubre.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
