La Comisión de Salud respaldó en esta primera etapa el proyecto presentado por un grupo de diputadas que pretende eliminar la posibilidad que las instituciones de salud se nieguen a practicar abortos por las tres causales, alegando objeción de conciencia. Diputados oficialistas presentaron reservas de constitucionalidad
Tres años demoró en el Congreso la tramitación del proyecto que permite el aborto en tres causales: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. En agosto de 2017 fue despachado del Poder Legislativo, pero, a solicitud de parlamentarios de Chile Vamos, tuvo que ser analizado por el Tribunal Constitucional antes de ser ley.
El órgano fiscalizador, si bien respaldó gran parte del contenido de la norma, hizo un cambio sustancial: permitir la objeción de conciencia institucional. Frente a esto, un grupo de diputadas de oposición presentó un proyecto que establece que la objeción puede ser personal, mas no por parte de los establecimientos de salud.
A la sesión fue invitada una de las autoras de esta moción, la diputada Camila Rojas (IND), junto a la abogada que asesoró la elaboración de la propuesta, Daniela López. Ambas señalaron la importancia de corregir este cambio generado por el Tribunal Constitucional, que de acuerdo a su punto de vista, se habría excedido en sus atribuciones.
“Lo que se hace es dificultar y obstaculizar el derechos de las mujeres y niñas a acceder a la interrupción del embarazo en tres causales”, expresó la diputada co-autora del proyecto.
La visión fue compartida por el presidente de la instancia, el diputado Juan Luis Castro (PS). “Es una señal política muy fuerte de que hay que modificar profundamente a futuro la naturaleza del Tribunal Constitucional” explicó. Además, señaló que este proyecto viene a reivindicar lo que fue el objetivo original de esta ley.
La moción fue aprobada en general por la Comisión de Salud por siete votos a favor y tres en contra. Sin embargo, a juicio de los parlamentarios oficialistas el proyecto insiste en un tema ya resuelto por el tribunal, al determinar que impedir que las instituciones puedan marginarse de la realización de este procedimiento médico es completamente inconstitucional.
“Entiendo que uno pueda argumentar que las instituciones privadas, si es que tienen un ideario especial, no reciban fondos públicos. Pero aquí lo que se dice es otra cosa. Es que ni siquiera pueden tener esa objeción y me parece que eso es una lógica un poco totalitaria”, argumentó el diputado Jaime Bellolio (UDI), quien junto al diputado Andrés Celis (RN) hicieron reserva de constitucionalidad del proyecto.
