Por: Gabriel Caldes C. Consultor. MBA, Desarrollo Estratégico y Control de Gestión. Autor del libro “La Industria Sanitaria en Chile, de Cara al Siglo XXI”
En los últimos meses, dos consorcios internacionales han dado a conocer las intenciones de construir plantas desaladoras en diferentes regiones del centro y norte del país. Todas ellas se fundamentan en la necesidad de disminuir el déficit del recurso hídrico que afecta a esa zona del país.
La primera, es en la Región de Atacama (Caldera Copiapó) de un consorcio compuesto por inversionistas nacionales y Saudíes, que propone construir una planta desaladora de una capacidad máxima de 2.600 l/s y promete ser sustentable e incluye la construcción de una planta fotovoltaica, con una inversión total de US$ 1.000 millones.
La segunda planta, es en la Región de Valparaíso (Puchuncaví) del consorcio Aguas Pacífico SpA, una empresa de Patria Investments, con una inversión de US$ 163 millones y una planta con capacidad de 1.000 l/s.
A las anteriores, se debe incorporar una tercera planta, que está en construcción también en la Región de Atacama en la ciudad de Caldera, por la empresa ECONSSA que tiene como objetivo el de abastecer de agua potable a la ciudad de Copiapó. En una primera etapa, tendrá una capacidad de 400 l/s con una inversión del Estado de US$ 45 millones y con una capacidad total de 1.200 l/s.
El Estado decidió realizar esta inversión, para evitar el impacto del 80% en la tarifa, que significaba desalar el agua y transportarla 60 km a Copiapó y a 500 msnm. El valor del agua igual subirá, pero el incremento será bastante menor, alrededor de un 15% o 20%.
Estas planta pasarán a ser parte de un catastro, que entre las Regiones de Arica Parinacota y la Región de Coquimbo, al año 2016, cuenta con unas 36 plantas desaladoras, de distinta dimensiones para la minería y el consumo humano urbano y rural, que aportarían en total unos 12.500 l/s. De estas, 20 plantas con están en operación (15 plantas con una capacidad inferior a los 75 l/s) y el resto de las 16, se encuentran en construcción, aprobadas o en trámite de aprobación de la autorización ambiental. El principal usuario de este tipo de agua es la minería, que desde hace algunos años, ha optado por el uso intensivo de agua desalada y así evitar el complejo proceso de la aprobación de los permisos ambientales y conflictos con las comunidades de las localidades aledañas o de la cuenca donde se ubican los centros mineros.
La relación de las plantas desaladoras con la agricultura y sus derivados como la agroindustria, aún no existe, siendo este sector de la economía, el principal consumidor de agua del país (85%). En la actualidad, no hay predios que su riego sea abastecido por agua desalada. La causa de esto, es que los agricultores no pagan por el consumo de cada m3 de agua utilizada, su costo, en algunos casos, se limita a la compra de un activo intangible como es el Derecho de Aprovechamiento de Agua y en otros casos, los agricultores que solicitaron directamente al Estado estos Derechos, no tuvo costo por que son entregados gratuitamente a quien lo solicite.
Lo concreto es que el agricultor no tiene incentivos a la búsqueda de nuevas fuentes que impliquen algún costo, pero tampoco tiene incentivos al ahorro o eficiencia hídrica mientras tenga agua y no tenga la necesidad de pagar su consumo.
Por su parte, el consumo humano con las plantas desaladora, han tenido una relación razonable pero tormentosa. Por esto, a la fecha solo existen operando tres plantas de este tipo en Arica, Antofagasta y Tal Tal y ninguna de estas mayores 50 l/s, han podido ser construida por privados, estos solo las operan, mantienen o aumentan su capacidad, pero la construcción las ha tenido que realizar el Estado para subsidiar el consumo del agua desalada y la razón de esto es el impacto en la tarifa.
En la medida que la ciudad o la demanda esté ubicada en el borde costero, su impacto tarifario será menor, pero en la medida que se aleje de la costa, el valor del m3 de agua va en aumento, presionando al alza la tarifa que deben pagar los consumidores del agua potable. En este último caso se encuentra Copiapó.
Si bien es cierto que el actual marco normativo permite, bajo ciertas condiciones, incorporar a tarifa una planta desaladora, la resistencia de la autoridad ha sido más política que técnica por el costo social y político que significa subir el valor del servicio de agua potable.
En los últimos años, los gobiernos han realizado todas las acciones necesarias para evitar un incremento de tarifas de los servicios sanitarios y algunas empresas sanitarias han realizados fuertes inversiones para mitigar los efectos de la escasez hídrica. Pero en la medida que el déficit hídrico aumente, como consecuencia del cambio climático, de una gestión deficiente y la falta de políticas hídricas, mediante un plan nacional de consenso y una hoja de ruta concreta, orientada a la acción con todos los actores involucrados y con la participación de la comunidad, no tendremos otra opción que reconocer que las tarifas, al menos en el consumo humano, deben subir para evitar el temido “día cero” o el black out hídrico, con la suspensión del servicio de agua potable o un duro y estricto racionamiento. Esta es una decisión o iniciativa de la autoridad política y eso no aún no ha sucedido.
Construir una planta de este tipo, se demora entre 4 o 5 años, incluidos los permisos, estudio de impacto ambiental, tramitación de concesión marítima, otros trámite y finalmente la construcción, que son entre 18 y 24 meses. Si la decisión es muy tardía, existirá el racionamiento mientras se construye la planta.
La existencia de varios proyectos privados, aprobados en condición de iniciar faenas, se debe a que el diagnóstico hídrico permite concluir que existirá tarde o temprano una escasez hídrica crítica en la zona. Al parecer, mientras no se produzca la crisis nadie tomará la decisión de qué hacer. De ser así, podríamos tener que lamentar el efecto “Ciudad del Cabo,” donde se sabía lo que iba a suceder con el agua, pero no se tomaron decisiones oportunamente y la ciudad se quedó sin el agua suficiente para realizar una vida sana y normal, debiéndose disminuir de 140 litros por persona día a 50 litros por persona al día. Solo entonces se reaccionó y se tomaron medidas para enfrentar la crisis, con las millonarias pérdidas económicas para el país.
Existen Estados que han tomado decisiones políticas radicales, como en Israel, que el 10 de junio del presente año, el gobierno aprobó un proyecto de ley, donde se asignó un consumo de agua de 3,5 m3 por persona al mes. En caso de sobrepasar esta asignación, el valor del m3 aumenta su valor en un 40% hasta los 7 m3 y así sucesivamente. El objetivo de esta medida, es desincentivar el consumo de agua y hacerlo lo más eficiente posible, mientras se construyen nuevas fuentes como planta desaladoras y duplicar su actual capacidad de producción agua, en los próximos 10 años.
Finalmente, la escasez hídrica no se resuelve solo con inversiones y/o aumentos de tarifas. Es imprescindible que la población, las empresas sanitarias, mineras y por sobre todo la agricultura, tomen conciencia, en hacer un uso racional a través de la incorporación de tecnología, ahorro de agua para lograr una eficiencia hídrica. Pero para esto, es necesario que el estado defina una política clara de recursos hídricos, para que los actores tengan los incentivos adecuados.
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