Por: Marcos Barraza Gómez. Ministro de Desarrollo Social
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y, en ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social y SENADIS celebran el Mes de la Inclusión. Se trata, por lo tanto, de un tiempo propicio para hacer un balance de las políticas públicas impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet en este ámbito.
Durante su primer gobierno se materializaron dos hitos muy significativos. En 2008, Chile ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Y a inicios de 2010, se promulgó la Ley Nº 20.422 que Establece Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
Fueron dos logros político-culturales que abrieron un camino, y que mostraban un país que estaba avanzando en igualación de oportunidades para todos sus habitantes. En el actual gobierno, este proceso ha ido madurando con políticas públicas de inclusión efectiva, en áreas que son clave para las personas con discapacidad. En efecto, la Ley N° 20.422 estipula que el Estado debe impulsar medidas y acciones positivas para abordar la inclusión social de las personas en situación de discapacidad.
A ese respecto, son de particular importancia los avances que hemos logrado en educación e inclusión laboral, aunque por cierto no son los únicos.
En educación, la Ley de Inclusión Escolar puso fin a todas las formas de discriminación arbitraria en los procesos de admisión de los establecimientos educacionales con financiamiento estatal. Asimismo, en Educación Superior, 2.642 jóvenes con discapacidad cuentan con algún beneficio estudiantil y, de ese total, 1.287 accedieron a la gratuidad. Además, cabe destacar los ajustes para estudiantes con discapacidad implementados en la rendición de la PSU en 2017. Estas medidas permitieron aumentar considerablemente el número de personas que accedieron a ajustes, pasando de 92 a 452 estudiantes.
Ahora bien, lo realizado en materia de educación estaría incompleto sin la aprobación de la ley de inclusión laboral. Esta tiene como finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado, a través de una reserva legal de empleo. Ello permitirá, en una primera fase, la creación de 30.000 empleos. Además, se eliminó la discriminación laboral en razón de discapacidad.
En definitiva, lo que como gobierno hemos impulsado es un cambio muy potente: las familias saben que existe un camino posible para sus hijos o hijas con discapacidad, una vía que potenciará su autonomía e igualdad de oportunidades. En tal sentido, Chile es hoy un país más justo e inclusivo, y ese es un logro que debe enorgullecernos a todos.
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