Parlamentarios del oficialismo y de oposición advierten que la iniciativa presentada el año 2015, carece de constitucionalidad ya que se trata de una atribución exclusiva del Servicio de Impuestos Internos
Hace poco menos de un mes el Servicio de Impuestos Internos (SII) decidió no presentar acciones penales contra un grupo de empresas acusadas de cometer delito tributario, a raíz de una serie de aportes a campañas políticas en base a boletas de honorarios de servicios que jamás se realizaron. Se habló entonces de otro “perdonazo” del SII, entre otras reacciones en diversos sectores del país.
Hoy el tema vuelve a la palestra, ya que las bancadas parlamentarias, en su conjunto, decidieron sacar de la tabla el proyecto de ley y devolverlo a la Comisión de Hacienda, Con esta medida, se retrasa en al menos una semana su votación, lo que a juicio de algunos es una simple estrategia dilatoria para evitar abordar un tema que afecta a representantes del oficialismo como de de la oposición.
El proyecto de ley, presentado por el diputado Jorge Tarud, durante el año 2015, buscaba reformar Código Tributario y quitarle al SII la atribución exclusiva de perseverar en este tipo de delitos, lo que de acuerdo a los parlamentarios es inconstitucional, ya que es facultad exclusiva del Ejecutivo modificar o no el quehacer de un organismo público.
Al respecto, el impulsor del proyecto manifestó que “espero que esto francamente no sea una mera dilación y, por lo tanto, que la próxima semana este proyecto pase a Sala. Todos sabemos que en la comisión cualquiera puede votar en contra, pero la Sala puede cambiar la situación y el proyecto puede ver la luz. En consecuencia, espero que mis colegas reflexionen”.
Agregando además que “no debe haber acuerdo de dejar la discrecionalidad y la exclusividad a un funcionario político designado por el gobierno de turno para ver cuando hay un delito. Si alguien se roba una gallina es un delito de acción pública y que puede tener 5 años de cárcel y alguien que puede defraudar al Fisco, es decir a todos los chilenos, por cientos de millones resulta que no tiene ninguna sanción y basta con que pague una multa; eso es una discriminación, el que tiene recursos se salva y el que no tiene recursos puede ir preso. Hay una discriminación concreta que es inaceptable y ojalá que los parlamentarios que se han manifestado en contra hoy día cambien su postura”.
