Para abordar los desafíos presentes y futuros de un poder judicial que ha estado entre dichos su proceder en el último año, conversó en exclusiva Poder y Liderazgo con el presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Pedro Caro Romero, quien asumió en marzo pasado en medio de la principal crisis del poder judicial
“Ha sido un desafío personal y profesional muy importante, pues significa dirigir el poder judicial en la Sexta Región, en un contexto de una crisis en términos de confianza pública de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Obviamente que eso implica un desafío personal entre comillas por no decaer, pero también profesional por buscar las herramientas y colaboradores necesarios para llevar adelante el trabajo de esta Corte de Apelaciones, que es continuar dando una justicia oportuna y de calidad, y mostrando cómo que es posible retomar la confianza”. Ver entrevista audiovisual
En este escenario -a nivel de personas- ¿existe alguna autocrítica de quienes integran el poder judicial?
“La autocrítica que yo creo podemos hacernos como poder judicial en general tiene que ver con nuestra estructura normativa en términos administrativos, es una estructura que no está pensada para este siglo XXI, que todavía está en el código orgánico de tribunales que viene de fines del siglo XVIII inicios del XIX con pocas modificaciones en términos administrativos, y lógicamente la realidad no se condice para nada con la realidad actual, falta establecer a nivel normativo mayores controles en el ejercicio y en los aspectos administrativos que rodean la labor judicial. Claramente podemos mejorar como poder judicial y como corte de apelaciones, y eliminar prácticas que no contribuyen precisamente a ello, a dar confianzas que es todo lo que ya es sabido en términos de audiencias privadas que hay que eliminar. Lo bueno es que todas estas medidas que nosotros adoptamos de marzo a la fecha, la Corte Suprema ya las recogió y las aplicó hoy en día a nivel nacional, implementando una agenda pública de jueves y de ministros. El estándar que nosotros impusimos internamente como Corte de Apelaciones de Rancagua, en definitiva la Corte Suprema lo replica a nivel nacional”.
¿Cuál es su visión personal como abogado respecto del proceder de los tres jueces formalizados, y particularmente de la decisión tomada por el fallecido juez Albornoz?
“Es muy difícil, porque una institución se forma con personas, y es difícil tanto por eso como por el fallecimiento del ministro Sr. Albornoz, que se produce en un momento complejo para él, estando sometido a un sumario administrativo donde se le había anunciado por la Corte Suprema la aplicación de la máxima sanción que contempla el ordenamiento jurídico que es la suspensión por cuatro meses con apertura del cuaderno de remoción”.
“Es muy complejo -tanto a nivel de Corte de Apelaciones- asumir la decisión del ministro de quitarse la vida por el contexto en que se da y porque uno jamás pensaría que un colega que es parte de la institución donde uno trabaja, más allá de estar o no en un proceso en que se está jugando su responsabilidad disciplinaria, tome una decisión tan drástica como la que él tomó. Nos impactó a nivel humano y a nivel profesional”.
“La labor de un juez es de una alta responsabilidad social, llegar a ser juez es un logro personal, pero a la vez de alta responsabilidad personal y hacia la sociedad”.
¿Cómo es la relación actual entre el poder judicial y el ministerio público?
“Diría que en términos generales lo que dice relación con las funciones de cada institución no ha variado, siempre ha existido en esta región una relación de coordinación entre el ministerio público, el poder judicial y la defensoría penal pública, y esa relación de coordinación se mantiene aun en las circunstancias actuales en que el ministerio público decide formalizar a algunos ministros de esta corte y en que el propio ministerio público investiga a algunos de sus fiscales”.
“En lo que dice relación con las funciones de cada institución, están aseguradas con las coordinaciones necesarias, que van más allá de las personas que cumplen un rol y es por eso que nosotros mantenemos permanentemente mesas interinstitucionales de coordinación que se han seguido desarrollando con normalidad”.
¿Considera que el poder ha perdido independencia a raíz del proceder de los fiscales a cargo de este caso puntual?
“A raíz de todo lo que ha ocurrido, no hemos sentido que nosotros tengamos pérdida de independencia en nuestro rol, si sentimos que todas las instituciones están más alertas de lo que nosotros hacemos, y con una especie de rol fiscalizador a la labor del poder judicial y de la corte de apelaciones, pero eso no nos quita independencia y yo diría que tampoco nos molesta en la medida que sabemos que lo estamos haciendo es un trabajo correcto, transparente y ajustado a los procesos internos y a las normas legales y por lo tanto no nos complica que nos soliciten informes y que nos fiscalicen, en la medida que no se interfiera en nuestra independencia judicial en lo propio de la labor de los jueces que es hacer justicia”.
El abogado defensor del fallecido juez Albornoz dio a entender en varios medios de comunicación, que en la investigación a cargo de los fiscales regionales, se vulneraron derechos ¿cuál es su visión de ello?
“Él -obviamente como abogado defensor- estaba haciendo valer los derechos de su representado, y no nos merece a nivel institucional ningún reproche esas declaraciones porque están en el marco de la defensa de los derechos de uno de los defendidos”.
¿Qué acciones concretas está impulsando en su rol de presidente para evitar que se repitan hechos como los que han salido a la luz pública?
“Es bien complejo dado que todavía no concluye todo el proceso administrativo que se ha seguido en contra de los ministros. Además es bien complejo hablar de qué estuvo bien o mal hecho, pero de todas maneras como pleno actual de la corte de apelaciones tenemos claro que conductas no estamos dispuestos a aceptar, dentro de eso el pleno a acordado no recibir audiencias privadas, por ejemplo en materia de concursos de cargos; y en materias de tramitación de causas no recibir a abogados que pretendan hablar con algún ministro en relación con alguna causa, porque eso no corresponde. Para eso están las vías jurisdiccionales como es la presentación de un escrito que finalmente se estudia y se resuelve, no es necesaria una audiencia como se denomina un alegato de pasillo. Por lo tanto se estima que no es admisible y el pleno acordó que los ministros de esta corte de apelaciones no reciban audiencias de ese tipo”.
“También se acordó que como una medida de transparentar todo lo relacionado con los concursos públicos, porque a las cortes de apelaciones del país les corresponde hacer ternas para proveer los cargos de jueces, secretarios, incluso notarios, y para eso se acordó que todo ese proceso se haga de manera pública con una audiencia pública de presentación de intereses y que el pleno de ministros resuelva la terna el mismo día de la audiencia para evitar un periodo de especulación y evitar cualquier suspicacia (…) Es una medida que contribuye a mayor transparencia”.
“Asimismo, se tomó como otra medida, transparentar la agenda pública, en este caso del presidente de la Corte de Apelaciones a través de la publicación de la misma en la página del poder judicial. Y a partir de ahora comienza a regir la agenda pública no solo del presidente de la Corte de Apelaciones, y de cualquier corte de apelaciones, sino también para todos los ministros y jueces (…) Ello en virtud del manual de agenda pública que aprobó la Corte Suprema recientemente”.
“Sin perjuicio de ello, es importante destacar que en otros ámbitos, en el juridicional propiamente tal, hemos tomado diversas medidas para tener una justicia cada vez más oportuna, que los acuerdos se demoren menos tiempo y eso también elimina suspicacias respecto al porqué la corte se demora tanto en resolver un caso… y por ahí se piensa en qué estará pasando. Eso se ha planteado en la crisis de desconfianza. Y para atacar eso, se ha planteado ver más causas y resolverlas con mayor prontitud, y obviamente ello significa un mayor esfuerzo y más trabajo y que todo nuestro equipo esté alineado en esa misma finalidad”.
¿Qué mensaje le entregaría a la ciudadanía de la Región de O’Higgins y a los integrantes del poder judicial?
“Parto por lo último, nosotros a nivel interno, el mensaje que hemos dado a todos nuestros funcionarios y jueces es que la Corte de Apelaciones sigue funcionando y ellos como tribunales también deben seguir funcionando”.
“A la comunidad es difícil transmitir un mensaje, pues sabemos que es una crisis muy compleja, pero queremos que sepan que estamos trabajando, que no hemos dejado de hacer nada que esté a nuestro alcance para atacar esta crisis. Todas las medidas que hemos podido tomar, las hemos tomado tanto a nivel de Corte de Apelaciones como de Poder Judicial y Corte Suprema, la que lleva adelante los sumarios administrativos y estos han seguido sus procesos normales y van a tener los resultados que corresponde de acuerdo a la determinación que adopte la Corte Suprema, para evitar que tengamos en el futuro situaciones como las que públicamente se han exhibido de nuestro poder judicial”.
Durante el mes de agosto, la Corte de Apelaciones de Rancagua celebra 51 años de vida. ¿Qué actividades están planificando para conmemorar esta importante fecha?
“Precisamente este 14 de agosto cumplimos un año más, un aniversario que obviamente es distinto, porque normalmente en los cumpleaños lo que se quiere es celebrar, pero nosotros lo que queremos más que nada es reconocer el trabajo que los funcionarios realizan día a día en un escenario complejo como en el que estamos. Tenemos toda una línea destinada a profundizar el acercamiento con la comunidad, pues es un año en que hablar de celebrar un aniversario es complejo, y nosotros más que celebrarlo en términos de fiesta, queremos hacerlo con trabajo, demostrando a la comunidad, a la sociedad, que la Corte de Apelaciones está dispuesta a continuar trabajando, continuar haciendo de esta Sexta Región una mejor región, dando la mejor justicia posible, más oportuna y con mejor calidad”.
Finalmente, dejando su rol de presidente de la Corte de Apelaciones, ¿cuál es su visión, su sueño -como abogado y como persona- del ejercicio de la justicia en el país y específicamente en la región?
“Me gusta siempre pensar en lo que voy a hacer en los años que vienen, proyectándome. Y por eso, a nivel de justicia, primero que nada me gustaría proyectar a esta Corte de Apelaciones, de aquí a 10, 50 años, como una institución de base muy sólida, muy ligada al uso de la tecnología, con una justicia más oportuna, en tiempos más acotados, resolviendo a través de los tribunales los conflictos más complejos y buscando incluso salidas alternativas a aquellos conflictos en que muchas veces se ven posibilidades distintas a la solución final a través de una sentencia”.
“Me gustaría demostrarle a la sociedad que somos una institución compuesta de jueces responsables, preparados, estudiosos y que nuestro único norte es hacer justicia”.
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