Jorge Jaraquemada, titular del Consejo para la Transparencia, propone enfrentar este escenario, entre otras acciones, instalando “un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile”, para ello el organismo trabaja en la creación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia, que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito
Tras más de dos semanas de iniciarse el movimiento ciudadano que en la actualidad mantiene al país en una situación político-social compleja, el máximo representante del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, analiza el fenómeno asociándolo a la percepción de la corrupción y a los casos de faltas a la probidad e irregularidades que se han sucedido a nivel nacional.
Para el abogado “Chile ha enfrentado, en los últimos años, diversos escándalos de corrupción, tráfico de influencias y faltas a la probidad que han cubierto con un manto de sospecha la relación entre el mundo público y el privado”. Y agrega: “tengo la convicción que este fenómeno es parte del problema que hoy genera tanto malestar y hay que hacerse cargo de él y enfrentarlo de manera eficaz e inmediata”.
En este escenario, el máximo representante del CPLT revisó cifras de los últimos 5 años, destacando que en dicho período “más de 20 autoridades han sido investigadas, por supuestas irregularidades”. A esto se suma el impacto en la participación que genera el descrédito y la crisis de confianza. A modo de ejemplo sólo un 46% votó en la última elección parlamentaria y un 36% en la municipal. “Hay estudios que indican que muchos de los que se abstuvieron de participar lo hicieron por una alta percepción de corrupción en el sistema político”, explicó Jaquemada.
Dicha percepción se ve refrendada por los resultados del último Estudio Nacional de Transparencia que arrojó que un 79% de la ciudadanía considera que las instituciones públicas son “corruptas o muy corruptas”. “Es decir todo indica que la crisis de confianza es parte del cotidiano y uno de los tantos elementos para entender una parte de esta prolongada movilización social”, afirmó el titular del Consejo.
Para Jaraquemada la crisis que afecta al país no es sólo un llamado de atención de la ciudadanía, sino también una oportunidad de mejora. “Debemos tomarla (la crisis) como una oportunidad para mejorar y preocuparnos que la sociedad vaya incorporando aspiraciones y cambios legítimos”. Para ello plantea “instalar un sello transversal de transparencia en todo tipo de instituciones en Chile que promueva en su interior prácticas y lógicas de transparencia y acceso a la información para la opinión pública. Es un deber con nuestra democracia”.
La experiencia del Consejo muestra que las herramientas de transparencia –en términos de acceso a la información pública y otros cuerpos legales como la Ley del Lobby- permiten “ejercer control social del Estado. Si el 86% de los ciudadanos considera que la transparencia es necesaria según nuestros estudios, yo estoy en condiciones de asegurarle que siendo la corrupción uno de los problemas, la transparencia resulta fundamental al actuar como un antídoto porque otorga credibilidad y legitimidad al sistema democrático, fomenta el interés y la participación, y juega un rol de moderación y contención del poder del Estado”.
Laboratorio de Integridad y Transparencia
Consultado respecto de las medidas que implementa el CPLT en este marco, Jaraquemada detalló que hay iniciativas en materia de asignaciones, nuevas normas de transparencia para que consideren mecanismos de control de contratación de asesorías externas en el caso del Parlamento y viáticos a nivel general que podrían ser incorporadas en el proyecto que moderniza la ley de Transparencia o Transparencia 2.0.
Sin embargo, para Jaraquemada es “fundamental” enviar “a la brevedad y tramitación con urgencia del proyecto de ley que fortalezca la protección de denunciantes de conductas deshonestas y corrupción”.
Finalmente, indicó que el Consejo trabaja en la implementación de un Laboratorio de Integridad y Transparencia que servirá para colaborar con todas las instituciones del Estado que deseen mejorar en este ámbito.
