Marcelo Drago calificó positivamente los mandatos de administración informados por el presidente electo, haciendo hincapié en que quienes asuman un cargo público, deben cumplir con esta y otras normas de probidad.
A través de cuatro mandatos especiales y dos ciegos, el presidente electo de la República, Sebastián Piñera, anunció el mecanismo bajo el que se administrará su patrimonio, que según lo indicado por el mandatario que asume este domingo, alcanza los U$1.170 millones.
Básicamente se han celebrado cuatro mandatos especiales según la ley 20.880 por un total de u$665 MM, y dos mandatos ciegos voluntarios por un total de u$ 504 MM. Del total de activos entregados en mandatos a terceros, que es de u$ 1.170mm, un 22,5% corresponde a activos que la ley 20.880 obliga a ser administrados mediante mandatos especiales; y el 77,5% restante se ha incorporado en forma voluntaria a los diferentes mandatos.
El monto, correspondiente a su patrimonio personal y administrado por Bancard, será administrado por las corredoras BGT Pactual, Moneda y Altis S.A.
“De esta forma, he cumplido mi compromiso de someterme a un estándar más riguroso que el exigido por la ley, reafirmando que todas mis decisiones, acciones y esfuerzos como Presidente de la República de Chile tendrán siempre como único objetivo el bien común, el interés público y la mejora en la calidad de vida de todos los chilenos”, indicó el presidente electo.
El anuncio de Sebastián Piñera se concretó antes del cambio de mando, lo que fue valorado por el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago. “Se está cumpliendo con la ley y ella obliga a elaborar estos mandatos de administración o fideicomiso ciego a un conjunto de autoridades del Estado que tienen un patrimonio de más de 25 mil UF en activos financieros. Eso, y el hecho de que se haya hecho antes de asumir, es una buena señal, para que este tema se zanje desde el primer minuto”, señaló Drago en entrevista a Tele13 Radio, haciendo hincapié en que “esa es la línea que todas las autoridades deberían abordar” en materia de probidad, declaraciones de patrimonio y transparencia.
El titular del CPLT recalcó que durante las últimas semanas, la institución que dirige ha remitido una cartilla con obligaciones, en materia de transparencia y probidad, a todos quienes asumirán un cargo público a partir del 11 de marzo.
“La idea era que conocieran esas obligaciones antes, pudieran adelantarse y preparar la información. Esto no es fácil pues las declaraciones de intereses y patrimonio son formularios muy complejos y detallados, que deben incluir información histórica y personal. Por eso es importante que las autoridades se adelantaren y cumplan sus obligaciones en torno a la enajenación de activos, la ley del lobby, el acceso a la información y la administración documental”, afirmó Drago.
