Por: Loreto Seguel. Directora ejecutiva Consejo del Salmón
Un reciente estudio lanzado por Fundación Pivotes a inicios de esta semana plantea que la actual Ley Lafkenche que crea los Espacios Marítimos Costeros de Pueblos Originarios (EMCPO) necesita de manera urgente mejoras sustanciales que minimicen la incertidumbre que genera su aplicación. No es bueno para Chile que una normativa que nació con un espíritu tan noble, hace ya mas de 15 años, haya perdido su esencia y se invoque de manera antojadiza con varias malas prácticas documentadas en las últimas solicitudes en Los Lagos y Aysén.
Es un hecho que las comunidades indígenas que justamente hoy 20 de junio celebran su existencia, su cultura y sus raíces, tienen el legítimo derecho de reivindicar los lugares en los que sus ancestros celebraban sus costumbres territoriales y medicinales, su trabajo y actividades religiosas.
Preservar esas tradiciones es un derecho inalienable, parte de nuestra identidad nacional y desde el Consejo del Salmón sentimos el mayor de los respetos por estos procesos patrimoniales identitarios.
Sin embargo, la aplicación de la ley 20.249 adolece de una serie de problemas de diseño e implementación que ha significado malas prácticas “por parte de ciertos grupos que no necesariamente pertenecen a los pueblos originarios”, sostiene el reporte de Pivotes. Es más. En las últimas solicitudes EMCPO se han visto discusiones entre personas que pertenecen a la misma etnia, pero que están en veredas opuestas.
¿Habrá una forma más armónica de respetar a nuestros pueblos originarios sin ocasionar menoscabo a las perspectivas de desarrollo del resto de los chilenos, ni poner en jaque el desarrollo y prosperidad de diversas actividades económicas de la zona austral y con ello afectar fuertemente a toda una ciudadania ? Yo creo que sí.
Un camino, que ya se está recorriendo en el senado, es mejorar con sentido de urgencia esta ley en todos aquellos ámbitos donde genera incertidumbre e inmovilismo; otra línea de acción es dotar a Conadi de mayores recursos y personal altamente capacitado para que haga las pesquisas del “uso consuetudinario” de manera rigurosa, transparente y con sentido de razonabilidad; un tercer eje sería aclarar todos aquellos aspectos donde la ley es ambigua y objeto de interpretaciones diversas.
De muestra un botón: esta ley, así como está planteada, no exige que haya una relación entre el número de personas o asociación de comunidades y el espacio costero solicitado. De este modo, un individuo que diga pertenecer a un pueblo originario podría reclamar 600 mil hectáreas de maritorio sin problemas.
No suena sensato ni justo ni responsable. Suena desproporcionado, absurdo y lejano al objetivo primigenio de la Ley Lafkenche. ¿Cómo cautelas a los pueblos originarios si entre ellos mismos se asoman diferencias y conflictos territoriales? La invitación es activar todas las instancias que sean necesarias para implementar las mejoras a esta ley. Debe primar la participación oportuna y el bien común por sobre los intereses individuales de unos pocos.
Hay que actuar y urgente. ¡Chile y sus pueblos originarios lo necesitan!
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