Por: Manuel Baquedano M. Presidente del Instituto de Ecología Política
Durante tres años consecutivos visité la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, para participar en el Foro Social Mundial, un evento paralelo al Foro de Davos, en Suiza, donde se reúnen los principales gobernantes y empresarios del mundo.
Cada vez que terminaban mis visitas, me quedaba por un tiempo más en Porto Alegre conociendo experiencias y observando cómo se expandía la agricultura ecológica.
En uno de estos viajes conocí las “certificaciones ciudadanas” como una forma de fomentar la agricultura ecológica en el mercado interno, ya que las certificaciones internacionales son necesarias sólo cuando los productos se destinan a la exportación.
La certificación ciudadana es una iniciativa que proviene de la ciudadanía organizada y que busca dar garantías técnicas para que ciertas experiencias sean posibles de desarrollar y satisfacer por los mismos ciudadanos.
Es una forma de participación ciudadana, aunque no como la conocemos en Chile, donde históricamente la participación ha sido meramente consultiva.[i].
Un buen ejemplo de certificación ciudadana es la que estamos impulsando y desarrollando en relación a los baños secos en la cuenca del Lago Villarrica. Los baños secos podrían extenderse a otros lugares si existieran garantías técnicas dado que han demostrado ser formas exitosas de utilizar excrementos humanos como abono para cultivos. Las experiencias que existen actualmente tienen entre seis y ocho años de antigüedad y hasta el momento no han producido ni siquiera una molestia de olor.
Los baños secos son una solución técnica válida que jamás será promovida por el Estado o el mercado debido a los intereses económicos que están en juego. Es necesario que los ciudadanos se atrevan a implementarla, sin permiso alguno, pero que estén validados técnicamente por otros, es decir, por los mismos ciudadanos.
La certificación ciudadana podría aplicarse a este tipo de iniciativas con el objetivo de promover formas distintas de vida y satisfacer necesidades concretas.
Como primer paso en este sentido, hace unos meses decidí visitar las iniciativas que están funcionando en los alrededores de la cuenca del Lago Villarrica. Hice las visitas acompañado por un arquitecto que me ayudó a sistematizar las experiencias según su complejidad en la elaboración.
En la actualidad, estoy reuniendo todas estas experiencias para sacar conclusiones y definir los lugares en los que se podrían generar modelos replicables. Entonces los ciudadanos interesados podrían visitarlos y tener la información necesaria para construir (planos y materiales, entre otros).
No debemos olvidar que la crisis climática ya está fuera de control. La urgencia climática no puede esperar que el Estado y el mercado encuentren una solución que se ajuste a los intereses de la inversión privada. La ciudadanía enfrenta necesidades específicas que debe satisfacer con urgencia.
Es por esto que las certificaciones ciudadanas son una herramienta indispensable en el camino de la adaptación profunda.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo.
[i] En febrero de 2011, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, entró en vigencia la Ley 2.500 que regula la participación ciudadana a nivel local. Bajo la administración del presidente Gabriel Boric, se han registrado avances positivos en esta materia; sin embargo, estos avances han tenido un efecto contraproducente. Esto se debe a que, a través de esta herramienta, se escucha a la ciudadanía, pero acto seguido el gobierno crea una comisión que nunca logra dar una respuesta o solución, lo que termina desmovilizando a los participantes.
