María Cristina Hernández, analista cualitativa del Observatorio Laboral de la Universidad de O’Higgins explica los desafíos actuales de este sector a más de 45 años de la dictación de las leyes sobre Reforma Agraria y Sindicalización Campesina
Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se dictaron las leyes N° 16.640 de Reforma Agraria y la N° 16.625 sobre Sindicalización Campesina, las que junto a otras normativas, implicó un cambio radical en las formas de tenencia de la tierra, promovió la organización sindical y cambió las relaciones laborales, mejorando la calidad de vida de este importante sector productivo del país.
Desde la dictación de las leyes, que dieron origen al establecimiento del 28 de julio como el Día del Campesino, la situación de ellas y ellos ha variado. Por ejemplo, antes de la Reforma Agraria, un 7% de las explotaciones (10 mil latifundios) concentraban el 81% de la superficie total y un 78% de la superficie agrícola. El nivel de sindicalización de los campesinos era muy bajo: 32 sindicatos con 2.118 afiliados en 1965. Con la Reforma Agraria -impulsada por los presidentes Eduardo Frei y Salvador Allende- se expropiaron 9,8 millones de hectáreas y 5.809 predios. La Ley de Sindicalización Campesina creó 488 sindicatos con 127.688 afiliados en 1970, según los datos del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap).
Y a 45 años de la dictación de estas leyes, ¿Ha cambiado el concepto que define si una persona es campesino/a? María Cristina Hernández, analista cualitativa del Observatorio Laboral de la Universidad de O’Higgins, señala que “cuando hablamos de campesinos, estamos hablando de ruralidad y de agricultura, teniendo presente que lo rural y lo agrícola excede al mundo campesino, y a su vez, la vida campesina reviste una complejidad que va más allá de la producción agropecuaria y el hecho de habitar en zonas rurales”.
La investigadora resalta que “Los campesinos y campesinas, viven en zonas rurales y trabajan unidades productivas de pequeño tamaño, organizando las labores, principalmente, con el trabajo propio y el de sus familias, del mismo modo que se apoyan entre trabajadores para tareas específicas más intensivas en mano de obra”.
Por lo anterior, específica, la experta en el mundo campesino, el campesino/a como categoría, no incluye a todos los productores agrícolas ni a todos quienes trabajan en el agro, sino a quienes lo hacen a una escala específica e integrados en los territorios y en sus tradiciones.
La realidad en O’Higgins
Pese a no existir una cuantificación exacta del campesinado en la Región de O’Higgins, explica María Cristina Hernández, de acuerdo con el Censo 2017, los habitantes rurales de la región son un cuarto de la población total. Asimismo, el último Censo agropecuario, indica que de las 9.130 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), el 67% no supera las 20 hectáreas y alrededor de un tercio las UPA (3.073), corresponden a Unidades Productivas de Autoconsumo. Además, según información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), quienes se emplean en el agro, representan alrededor del 15% de la población regional, porcentaje dentro del cual se encuentra la población campesina.
En la zona –al igual que en el resto del país- la organización de la agricultura campesina, desde su componente familiar y local, así como su diversificación productiva (ganadería, silvicultura, elaboración de alimentos caseros, entre otros), ha sufrido importantes transformaciones.
“Al comparar al campesinado chileno de la Reforma Agraria con los actuales campesinos, se observan diferencias, donde es posible identificar algunos aspectos que amenazan su conservación, como por ejemplo, el éxodo de jóvenes rurales a las ciudades, el avance de los monocultivos y las parcelas de agrado, la crisis hídrica, el endeudamiento asociado al aumento de los precios de los insumos y la baja rentabilidad y una menor asociatividad al interior de la agricultura campesina, entre los principales temas”, señala María Cristina Hernández.
Los desafíos actuales
Sobre los desafíos que enfrentan los campesinos/as y la necesidad de políticas públicas que apoyen a este sector productivo, la analista cualitativa del Observatorio Laboral de la UOH, menciona que se requiere “proteger las formas de vida campesina y con ellos a los pequeños/as propietarios/as de predios agrícolas y a los trabajadores/as; generar formas de producción más eficientes y limpias en el uso de recursos naturales; incorporar innovaciones que faciliten las labores; agregar valor a los productos y disminuir los costos de producción, generando una mayor rentabilidad y dando acceso a mercados diversificados”.
A ello suma promover la asociatividad para la producción y comercialización, optimizando y encadenando procesos y generando “condiciones atractivas para retener a las generaciones jóvenes, que son quienes pueden preservar y dar valor a la agricultura campesina, convirtiéndose en actores claves para la seguridad alimentaria y generación de empleo local. Todo ello, sin dejar de visibilizar el papel de los mayores en el traspaso de conocimientos y tradiciones y resaltar el aporte de la mujer campesina a la economía familiar -quien, además de llevar toda la carga de las tareas domésticas al interior y exterior de la vivienda- genera ingresos mediante diversos emprendimientos”, puntualiza Hernández.
