Concejales Janet Araya, Eduardo González y Ricardo Castillo presentaron una acción judicial en base a las conclusiones de un informe de Contraloría, donde se da cuenta de una serie de irregularidades al interior del edificio consistorial. Denis Cortés Vargas, sería el principal responsable de los hechos como máxima autoridad de la comuna
Una denuncia criminal por Fraude al Fisco y por Desviación de Fondos Públicos contra quienes resulten responsables, interpusieron los concejales de Illapel, Janet Araya, Eduardo González y Ricardo Castillo, ante el Ministerio Público, esto luego que semanas atrás se conocieran las conclusiones de la investigación que realizó Contraloría General de la República, entidad que constató irregularidades en la entrega de beneficios y ayuda en las emergencias del terremoto de septiembre 2015 y las lluvias de mayo de 2017. Las miradas apuntan al alcalde Denis Cortés Vargas como primer responsable de la administración municipal.
El abogado redactor de la denuncia, Gonzalo Sánchez Muñoz, explicó que el informe de contraloría es un elemento contundente para el Ministerio Público “no puede haber mejor prueba que esa. Frente a los descargos la Contraloría se mantuvo en el punto. Son conclusiones a las que arribó la contraloría habiendo escuchado a la municipalidad”. Revisa el Informe completo
También explicó que lo más probable que este proceso se transforme en el corto plazo en una querella criminal pudiéndose así solicitar acciones específicas donde seguramente, por estar involucrados recursos públicos, se hará parte el Consejo de Defensa del Estado.
Por su parte uno de los concejales denunciantes, Eduardo González Dabed, comentó que “es particularmente grave el hecho de que se estén mal utilizando estos recursos porque era una situación bastante compleja la que estaba viviendo la comuna y no se puede estar jugando con la gente que realmente lo necesita”.
González Dabed además explicó por qué la denuncia criminal se hizo contra quienes resulten responsables y no de manera específica “no tenemos claridad de cuántas son las personas que están involucradas, podrían ser autoridades y también funcionarios. La ley es clara, aunque a ellos les correspondía hacer las denuncias, no lo hicieron, razón por la que tenemos suspicacias respecto a que pueden haber más personas involucradas en estos posibles delitos”.
La otra concejala denunciante, Janet Araya Rocco, calificó los hechos que gatillaron esta acción judicial como negativos para la comunidad “es un burla hacia nuestra gente que realmente fue afectada, tanto por el terremoto como por el sistema frontal y que aquellos recursos, y lo señala el informe 345 de Contraloría, fueron utilizados para la campaña de su hijo Denis Cortés Aguilera, quien renunció a consejero regional en ese tiempo para ser candidato a diputado”.
Finalmente, el concejal Ricardo Castillo, recordó que “la gente empezó a reclamar y yo le creí. Las ayudas llegaron a personas que no debían llegarles, no pasó por la ficha Fibe y la gente que estaba realmente afectada no tocó nada, por eso que nosotros seguimos reclamando para que todo se aclare y las ayudas lleguen a quienes deben llegar, a la gente que realmente está sufriendo y necesita. Nosotros estamos con documentos en manos y testimonios de las personas y es lo que se ve reflejado en la denuncia” concluyó.
Fraude al Fisco
El Fraude al Fisco apunta directamente a las demoliciones y retiros de escombros que la Municipalidad de Illapel informó como realizadas y pagadas, pero que según señaló Contraloría, tras una detallada investigación, no fueron realmente ejecutadas, así como también que obras de este tipo fueron ejecutadas a personas que no fueron beneficiarias de estos recursos públicos.
Lo que la Municipalidad de Illapel no pudo acreditar ante Contraloría son alrededor de 6 millones de pesos, los cuales fueron detectados en una muestra de tan solo un 3% de un monto que que alcanza los 1.600 millones de pesos.
Por este hecho y en caso que el Ministerio Público llegue a las mismas conclusiones que la Contraloría, el jefe comunal illapelino y quienes resulten responsables, arriesgan hasta 5 años de presidio, además de una multa que alcanzaría el 50% del perjuicio fiscal.
Desviación de Fondos Públicos
El jueves 17 de noviembre de 2016, el hijo del alcalde de Illapel, Denis Cortés Aguilera fue una de las autoridades en ejercicio que renunció a su cargo, en este caso como Consejero Regional, para poder participar como candidato a diputado en las elecciones que se llevaron a cabo al año siguiente, en 2017, tal como lo exigía la ley. Finalmente el militante demócrata cristiano fracasó en su arribo al congreso.
Sus declaraciones ante los medios de comunicación y expresiones en redes sociales dieron por iniciada su campaña, situación que así comprendió Contraloría y que justamente utilizó para desestimar las excusas señaladas por Denis Cortés padre, en su rol de alcalde de Illapel, para justificar la participación de Cortés hijo en entregas de ayuda que envió el Gobierno para que la Municipalidad de Illapel distribuyera a los hogares más afectados por las lluvias de mayo de 2017.
Contraloría calificó dichas participaciones como faltas a la probidad, lo que finalmente gatilló la denuncia por Desviación de Fondos Públicos, dado que dichas acciones habrían significado la utilización de recursos públicos en una campaña política.
Las alertas sobre estas irregularidades fueron levantadas por los propios vecinos, quienes además, a través de un medio de comunicación local, señalaron que las ayudas no se entregaban conforme a informes profesionales, incluso sin la Ficha Básica de Emergencia, Fibe.
Según la normativa, el jefe comunal arriesgaría penas como la suspensión del cargo hasta por 2 años. Cabe señalar que los hechos denunciados en como fraude al fisco y desviación de fondos públicos ocurrieron en fechas distintas, por lo que las posibles sanciones son sumatorias.
