Región del Maule: Consejo de la Sociedad Civil pide soluciones habitacionales con carácter regional

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Representantes de Talca, Cauquenes, Linares y Curicó enviaron una carta al ministro Felipe Ward expresando su preocupación por los resultados del subsidio DS49


Los representantes de los Consejos de la Sociedad Civil (Cosoc) del Minvu-Serviu de las cuatro provincias del Maule enviaron una carta a dirigida al ministro Felipe Ward expresando su preocupación por los resultados del subsidio DS49 en la región, ya que el beneficio sólo fue asignado a 172 familias de las 16 mil 800 que postularon en la zona.

En la misiva, con copia al seremi de la cartera, Gonzalo Montero, y al director del Serviu Maule, Claudio Daneck, plantearon la necesidad de generar una política pública de carácter regional.

“Entendemos que los recursos son escasos, pero las numerosas familias que viven hacinamiento y graves problemas de habitabilidad esperan que tanto las autoridades como las organizaciones tengan una sensibilidad mayor al problema de vivienda”, expresaron.

En términos concretos, recalcaron que “el Ministerio debe avanzar hacia propuestas de políticas en materia de vivienda de carácter regional, con mayores recursos de acuerdo a la realidad de cada región y, como propuesta, generar acuerdos marcos con otras instituciones del Estado, por ejemplo, Gobierno Regional, Core, Subdere, entre otros, e incorporando puntaje regional para una mejor canalización de los beneficios”.

“Es necesario también considerar la ruralidad que hace más compleja la situación de tantas familias vulnerables; y enfrentar problemas de hacinamiento con mejor acceso al programa del Decreto 27”, agregaron.

El subsidio DS49, también conocido como Fondo Solidario de Elección de Vivienda, es un beneficio otorgado por el Minvu que está dirigido a las familias vulnerables y que les permite poder acceder a una solución habitacional sin crédito hipotecario.


Deudores habitacionales

Además, los dirigentes sociales aprovecharon la oportunidad para mencionar la situación que viven los deudores habitacionales. “Muchas familias están cayendo en esta condición llegando inevitablemente a remates que nadie quiere o teniendo que repactar a 30 años o más, generándose cadenas perpetuas y un castigo a los sectores medios sobre deudas que inicialmente fueron tomadas a 20 años”, describieron.

Finalmente, afirmaron que los seguros “no cumplen a nuestro juicio la ayuda que muchas familias necesitan, dado que el Decreto N°2 paga deudas morosas, pero no aplica si las familias están sin ingresos o han perdido su fuente laboral”.


“Una falta de respeto”

Sobre la carta, el presidente del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Minvu-Serviu del Maule, Salvador Hermosilla, explicó que “nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades a la autoridad nacional y local crear una instancia distinta para que la gente pueda postular a la vivienda digna y lamentablemente nunca fuimos escuchados, por esto nos reunimos los dirigentes de las distintas provincias y acordamos sacar esta carta al ministro y a la opinión pública, porque creemos que es de todo derecho que las personas protesten, pero también hay que plantear una solución al problema”.

Ante el hecho de que sólo se hayan asignado 172 subsidios DS49 en el Maule, Hermosilla comentó que “eso no guarda ninguna relación con lo que las personas merecen y la dignidad de las familias, yo diría más bien que es una falta de respeto con la gente más vulnerable de la región del Maule”.

El dirigente también se refirió la importancia de abordar la situación de los deudores habitacionales. “Creemos que cuando pase la pandemia va a haber una debacle en las familias vulnerables y el Gobierno que esté no va a ser capaz de reaccionar ante eso, porque la ley es la ley. Entonces, nos estamos anticipando a lo que va a pasar”, advirtió.

Por último, Hermosilla sostuvo que “el seguro de remate va a favor del banco y no de la persona a la que le están rematando la casa”.

Los Cosoc son un mecanismo de participación ciudadana, de carácter consultivo y autónomo, cuyos integrantes representan a organizaciones de la sociedad civil relacionados al quehacer de la institución; en este caso, en materia de vivienda y urbanismo.


 

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