Por: Paulina Núñez U. Diputada por la región de Antofagasta
Han pasado 11 años de la entrada en vigencia de la ley de responsabilidad penal adolescente y transcurrido ese tiempo podemos darnos cuenta que el estatuto que tenemos hoy en día no es suficiente, por lo que amerita ser modificado.
Los diversos delitos de alta connotación donde se han visto envuelto menores de edad como el homicidio del carabinero Óscar Galindo, ocurrido sólo hace algunas semanas, nos imponen la tarea de generar una estructura legislativa que contenga líneas claras en la penalidad de los infractores de ley, la que debe ser más rígida para quienes incurran por segunda vez en un delito.
El ver a través de los medios de comunicación casos, donde jóvenes presentan largos prontuarios policiales, ha concitado la voluntad del gobierno a pronunciarse sobre la actual justicia juvenil y ha dejar las reglas claras ante el aprovechamiento de un proceso garantista que incluso lleva a bandas delictuales a ocupar menores de edad, dado el bajo lapso condenatorio que les implica la participación en delitos a este segmento de la población (14 – 18 años).
Si bien cifras de la Fiscalía Nacional (2016) dieron cuenta que cerca de 41 mil menores se vieron involucrados en distintos actos delictuales, lo que claramente es una baja respecto a mediciones anteriores, no puede dejar al estado indiferente, más cuando hoy vemos una mayor presencia de armas en manos de estos y en el caso de los reincidentes una presencia, aún mayor, en su decisión delictual.
El endurecer las penas no significa cambiar las prioridades. Éstas deben seguir focalizadas en el apoyo y rehabilitación de los menores. La reestructuración a implementar debe considerar mejoras en las falencias de programas de reinserción, mayor gestión e infraestructura, junto a una fiscalización acuciosa y presente sobre quienes deben impartir o implementar el proceso que aporte mayor seguridad para la población y mejoras sustanciales para sacar de un ambiente viciado a los menores de edad. Pero con esa misma decisión se debe exponer ante la justicia a los que no se acojan a los procesos de ayuda y reincidan en delitos. Chile debe ser un país de oportunidades, pero quien no las quiera tomar debe asumir sus responsabilidades.
Basta de ver día a día portonazos que involucran bandas de menores de edad, con reincidencia y que actúan en total impunidad, llegó el momento de dejar las reglas claras y comenzar a privilegiar a la población que quiere progresar, vivir en armonía y recuperar ese Chile donde espera se desarrollen sus hijos.
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