Por: Pablo Carrizo Orellana. Administrador Público. MBA en Administración de Empresas
A propósito de la ley N° 21.591, Royalty Minero, que indudablemente ha sido un importante avance para nuestro país considerando que primera vez en la historia de la principal actividad productiva de Chile se graba con impuestos, y que estos recursos se distribuyen a todos los municipios (distinguiendo zonas de sacrificio y equidad territorial) y gobiernos regionales para que sean invertidos descentraliza y desconcentradamente en el desarrollo de los territorios.
Históricamente se ha hablado que el cobre es el sueldo de Chile, pero en la práctica siempre vimos como los ingresos del metal rojo nunca se quedaron en nuestro país (al igual que el salitre), en consecuencia, con la ley del Royalty minero, deja de ser solo un recurso explotado y pasa a convertirse en el verdadero motor del desarrollo de Chile, dado que apunta a asegurar que sus beneficios aporten directamente al progreso económico y social de todo el territorial nacional.
En función de lo señalado, y considerando que en abril de 2024 se realizaron las transferencias de estos esperados recursos, el desafío radica en asegurar que estos fondos, destinados a proyectos de largo plazo como infraestructura, educación y salud, no se conviertan en herramientas de clientelismo político, al respecto cabe la pregunta: ¿Cuántos municipios han invertido en iniciativas que promuevan el crecimiento sostenible, y cuánto se ha destinado a soluciones inmediatas que solo buscaron solo rédito político?
Es crucial recalcar que la participación ciudadana y la transparencia son fundamentales en este proceso. En esta primera remesa, ¿en cuántos municipios la comunidad tuvo voz en la asignación de recursos?, esto considerando que este enfoque muestra el camino hacia una gestión inclusiva y responsable.
Finalmente, a pesar de los avances, el sistema de distribución de recursos requiere ajustes para maximizar su impacto. El Fondo Común Municipal (FCM) es una fuente vital de financiamiento, representando la principal entrada de recursos para más de la mitad de los municipios del país.
El royalty minero tiene el potencial de fortalecer este fondo, pero es imperativo revisar los criterios de distribución con una visión de futuro. Necesitamos un sistema que no solo garantice la equidad en el presente, sino que también impulse un desarrollo sostenible y cohesionado, adaptado a las necesidades de un Chile en constante evolución.
La clave está en diseñar políticas que integren transparencia, eficiencia y participación, asegurando que cada peso invertido contribuya al bienestar colectivo y al progreso de nuestras comunidades; considerando además que en algún momento estos recursos se terminarán.
El contenido expresado en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no representa necesariamente la visión ni línea editorial de Poder y Liderazgo
